La hermana de la juez de la DANA fue despedida por Carlos Mazón cuando llegó a la Presidencia del PP de la Comunidad Valenciana, según ha podido confirmar Artículo14. Pilar Ruiz Tobarra trabajaba en la sede del PP regional desde hacía al menos diez años. Su salida no sorprendió en el seno de la formación pero no se produjo hasta que Mazón se hizo con los mandos del partido en 2021, unas circunstancias que podrían haber aconsejado que Nuria Ruiz Tobarra se inhibiera.
Aunque Mazón no está imputado, la polémica instrucción de la juez de Catarroja se ha focalizado en exclusiva en la gestión de su Gobierno y en él mismo. De hecho, ha elevado el pasado 24 de febrero una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en la que pide que se le impute, para lo que se apoya en un controvertido “nexo causal” entre la actuación de Mazón el día de autos y la muerte de 230 personas.
La imputación de Mazón
La competencia para investigar a Mazón, que no formaba parte del operativo de emergencias del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), corresponde al TSJCV dado que dejó el cargo de president de la Generalitat pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.
Con todo, la juez pide al TSJ investigarle por “inactividad negligente” durante las riadas y sostiene que “desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”. Una “presunta grosera negligencia con un grave resultado mortal”, sostiene en un auto de 109 páginas, que recalca que “no tiene su fundamento en el análisis desde un punto de vista moral o político de la conducta del aforado”.
Este movimiento por parte de la juez ha sorprendido y se ha ligado a la querella que ha presentado el abogado Rubén Gisbert, que representa a la familia de siete víctimas mortales, contra Ruiz Tobarra y su marido, el también juez Jorge Martínez, por haber tomado éste declaración a varios testigos. La querella pide “apartar a los magistrados de la carrera judicial” de manera cautelar, además de la nulidad total de la causa.
Las quejas al CGPJ
A lo que se suman dos quejas de los investigados, la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos, Emilio Argüeso, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteadas en mayo que ya recogen la presencia irregular del marido en interrogatorios, de la que hay grabaciones, sin que el órgano de gobierno de los jueces se haya pronunciado hasta ahora.
Estos hechos vulnerarían el principio del juez, el de juez natural o predeterminado por la ley, que garantiza que toda persona sea juzgada por un órgano jurisdiccional independiente, imparcial y establecido previamente por la ley, y el derecho a la tutela judicial efectiva, y supone el acceso de una persona ajena a la causa a información reservada.
En la documentación que ha cotejado este periódico se muestra que en las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, Pilar Ruiz Tobarra concurrió como quinta suplente de seis tras los 40 candidatos que se presentaban en Valencia por el PP, en una lista que encabezaban Francisco Camps y Rita Barberá. Camps ganó por mayoría absoluta pero, salpicado por el caso Gürtel, dimitió en julio de ese año y fue sustituido por Alberto Fabra.
Causas de inhibición
El cese de la hermana de la juez con un cargo orgánico en el PP valenciano por Mazón se suma a otros condicionantes previos, como el que su marido, que además de ser cuestionado por haber intervenido de forma irregular en la causa, ha acudido a actos del PSOE.
Entre las causas de inhibición de un juez de un caso por comprometer su imparcialidad, se encuentran el parentesco, la amistad y la enemistad con los afectados, el interés económico, o haber intervenido previamente.
Dirección unívoca e inamovible
Sobre la instrucción, además del intento de imputación de Mazón, ha llamado la atención de juristas su dirección unívoca e inamovible hacia la culpabilidad de la Generalitat, lo que le ha llevado a desestimar líneas de investigación sobre la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de Aemet y del Gobierno central por falta de prevención, de información y por inacción.
En este sentido, la juez no ha tenido en cuenta el informe de la Guardia Civil que señalaba la falta de vigilancia del barranco del Poyo por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar como una causa clara de falta de prevención, ni la pasividad de algunos alcaldes de la zona afectada que no convocaron sus órganos de emergencia locales pese a conocer que estaban en alerta hidrológica.
También se ha afeado a la juez el trato despectivo a algunos letrados y su reacción a declaraciones de políticos como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a titulares en medios, que incluye y a los que responde en sus autos de manera literal.
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