En 2020, en cuestión de unos meses, Sara Aagesen, Beatriz Corredor y Cani Fernández tomaron posiciones en el Gobierno, en Red Eléctrica de España (REE) y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Aagesen, como secretaria de Estado de Energía, cargo que ejercería hasta 2024, cuando ascendió a ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno.
Corredor y Fernández, como presidentas de REE (desde 2022, lo es de Redeia, su matriz) y de la CNMC, respectivamente.
Seis años después, y tras un blackout eléctrico que dejó a España sin luz el 28 de abril de 2025, una triple carambola podría provocar que dirimir la responsabilidad de Redeia, el operador del sistema que lidera Corredor, le toque a otros.
Ni a Cani Fernández, responsable de supervisar un sector regulado como lo es el energético. Ni a Sara Aagesen, encargada de definir el modelo de futuro para un país que en los últimos años se ha transformado por la irrupción de las renovables.
Investigación en la CNMC
Un año después del apagón, no hay explicación sólida de lo sucedido y nadie ha asumido la responsabilidad de dejar España a oscuras. Pero todas las miradas están en la CNMC.
El 17 de abril, el supervisor incoó una veintena de expedientes sancionadores por el apagón eléctrico a Endesa, Naturgy, Iberdrola, Repsol y REE, entre otras.
No señaló a nadie en concreto por el apagón de 2025, pero sí hizo distinciones en la gravedad de las faltas.
“El incidente tuvo un origen multifactorial debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”, afirmó el regulador. Sin embargo, “se han detectado indicios de infracciones de la normativa sectorial, en periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico”.
Por eso, la CNMC investigará a estas empresas. Quiere validar si cometieron faltas graves. Con una excepción: REE. En su caso, lo hará por “infracciones muy graves” relacionadas con la programación del mix energético y con la obligación de impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico.
Relevo inminente en el regulador
Una vez que reciban la notificación del expediente, las empresas, que se enfrentan a sanciones de entre 6 y 60 millones de euros, tienen 10 días hábiles para presentar alegaciones.
Y, si lo consideran oportuno, proponer que se practique una prueba. Si esta se admite, el proceso continúa con esa prueba y la Dirección de Energía de la CNMC presenta una propuesta de resolución, a la que también se puede formular alegaciones.
Posteriormente, toda la información se eleva al Consejo de la CNMC, el órgano que adopta la decisión final.
En función de la gravedad de la infracción, el supervisor tiene un plazo máximo de 9 a 18 meses para resolver el expediente. En el caso de REE, al ser una presunta infracción muy grave, serán 18 meses.
Considerando la complejidad del proceso y que los plazos de las alegaciones pueden ampliarse en ciertos supuestos, el dictamen de la CNMC llegará casi con toda seguridad bajo una nueva presidencia.
El mandato de Cani Fernández termina el 16 de junio y no es renovable. Recientemente, en su última comparecencia en el Congreso, pidió que se mantenga “la independencia” del organismo, en el ojo del huracán en el pasado por su excesiva politización.
Además de su mandato, vence el de otros cuatro consejeros. El Ministerio de Economía, con Carlos Cuerpo al frente, propondrá candidatos al Consejo de Ministros. Su nombramiento requiere la aprobación del Congreso.
¿Resolverá otro ministro y otro partido?
Cuando la CNMC resuelva el expediente de REE, se producirá un efecto dominó. Automáticamente, la pelota llegará al tejado del Gobierno, puesto que es el ministro del ramo (Aagesen) quien debe validar la propuesta del regulador en el caso de las infracciones muy graves.
Como primer accionista de Redeia, la matriz de REE —tiene un 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi)—, el Gobierno podría tomar otras medidas e impulsar un cambio en la presidencia.
Por el momento, Aagesen ha señalado que estos expedientes se realizarán “de forma garantista y con el máximo rigor”. Y, en relación con el de REE, que “cuando culmine ese expediente es cuando se llevará a cabo el sancionador si realmente así lo estima la CNMC”.
En el PSOE, empiezan a marcar distancias con Corredor, exministra de Vivienda y nombrada presidenta no ejecutiva de Redeia por Pedro Sánchez.
“Existe espacio para una crítica sobre la cultura de margen operativo o sobre la suficiencia de herramientas y supervisión interna de Redeia”, revela el informe de conclusiones del grupo socialista en el Senado en la Comisión de Investigación del apagón, al que ha tenido acceso El Mundo.
Pese a las críticas recibidas tras el apagón, Corredor se mantiene en un cargo ocupado por perfiles políticos y en un modelo al que los inversores se han acostumbrado, lo que minimiza el impacto para la compañía de un cambio en la cúpula.
Si REE es sancionada, la situación podría cambiar, aunque no a corto plazo. Si la CNMC agota todo el plazo del que dispone, la resolución llegará después de las elecciones generales de 2027 (toca celebrarlas entonces si no se adelantan).
Así que es posible que sea otro ministro, incluso otro partido, el que herede la patata caliente de Corredor, Redeia y su responsabilidad en el cero eléctrico.