Las denuncias contra el juez del llamado “caso ex DAO”, David Maman, fuerzan a cuestionarnos la preparación del sistema judicial español para abordar la violencia de género. Más de un centenar de asociaciones y varios testimonios de víctimas y abogados han descrito un patrón preocupante en su juzgado: interrupciones constantes, desestimación de pruebas y comentarios impropios en sala.
Una de las frases del magistrado -“usted se calla, ninguna de las pruebas procede”- resume la percepción de parcialidad que denuncian quienes han litigado ante él. Otras prácticas, como pedir a una mujer que se quitara el pintalabios porque “no le gusta”, no merecen más interpretación de un trato desigual y falta de sensibilidad.
Este caso no es aislado
Otros episodios, algunos muy recientes, han dejado al descubierto el contraste entre el marco legal, uno de los más avanzados de Europa, y su aplicación práctica en los tribunales. Uno de los ejemplos más mediáticos fue el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a la actriz Elisa Mouliaá en el procedimiento contra Íñigo Errejón. Durante su declaración, el juez planteó preguntas como: “¿No le pidió que parara?” o “¿Estaba muy ebria?”. Estas cuestiones fueron duramente criticadas por asociaciones feministas y por el Ministerio de Igualdad, que las calificó como potencialmente revictimizantes. La crítica técnica es que el interrogatorio se centró en la conducta de la víctima más que en la del investigado, un sesgo que la doctrina internacional considera incompatible con la llamada perspectiva de género.
Los abogados presentes en la causa denunciaron además un trato desigual. “Con las preguntas a Errejón es más suave”, afirmaron. Esta asimetría, con más presión sobre la víctima que sobre el acusado, es uno de los indicadores clásicos de falta de adaptación del sistema a este tipo de delitos.
204.342 denuncias y 60.942 sentencias
Los datos muestran que la maquinaria judicial tiene una enorme actividad. En 2025, los juzgados españoles recibieron 204.342 denuncias por violencia de género; el 71,61 % fueron presentadas por las propias víctimas. Ese mismo año se dictaron 60.942 sentencias, de las cuales un 82,36 % fueron condenatorias. Además, se solicitaron 47.944 órdenes de protección y se concedieron el 68,4 %. Las medidas más frecuentes incluyeron prohibiciones de comunicación y alejamiento, junto con decisiones civiles como pensiones de alimentos o suspensión de visitas.
Estas cifras reflejan capacidad de respuesta, pero no resuelven la cuestión que nos ocupa, la calidad del proceso judicial. De hecho, el sistema está sometido a cambios importantes que evidencian sus propias limitaciones. Desde octubre de 2025, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer han ampliado sus competencias para incluir delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o expareja, así como trata con fines de explotación sexual o violencia digital. Solo en los tres últimos meses de ese año, estos órganos recibieron más de 3.200 denuncias adicionales por estos delitos. Este cambio supone un reto considerable, ya que obliga a jueces formados en violencia en el ámbito de pareja a enfrentarse a fenómenos más complejos y diversos.
La respuesta institucional ha sido reforzar la formación. Tradicionalmente, los jueces debían realizar cursos de perspectiva de género de unas 50 horas. Sin embargo, se ha introducido una nueva regulación que eleva la exigencia. Las especializaciones pueden alcanzar al menos 100 horas de formación, con evaluación obligatoria. Además, el sistema se apoya en la formación continua durante toda la carrera judicial, con cursos específicos sobre violencia sexual, violencia vicaria, impacto psicológico o nuevas formas de violencia digital.
Nueve meses teóricos y cuatro de prácticas
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial ha planteado una reforma más profunda del modelo formativo. El nuevo esquema prevé un periodo inicial más intensivo. Al menos nueve meses teóricos y cuatro de prácticas tuteladas, con el objetivo de reforzar la preparación práctica antes de acceder a los juzgados. También se ha propuesto que la experiencia previa en violencia de género sea un criterio preferente para ocupar plazas en juzgados especializados, una respuesta directa a las críticas sobre la falta de preparación real en algunos casos.
Estas reformas significan que el propio sistema reconoce que la formación anterior no era suficiente o no se aplicaba de manera homogénea. Las carencias no son solo formativas. La renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género ha deenunciado sobrecarga de los juzgados, falta de espacios adecuados para evitar la confrontación entre víctima y agresor, insuficiencia de medios audiovisuales para declaraciones protegidas y dispersión de procedimientos que obliga a las víctimas a repetir su testimonio en distintas instancias.
En la práctica, estas deficiencias provocan que algunas mujeres se vean sometidas a interrogatorios que sienten hostiles, necesidad de declarar varias veces o falta de coordinación entre jurisdicciones. El caso del juez Maman añade la posible influencia de sesgos personales que se reflejan tanto en su actuación en sala como en declaraciones públicas cuestionadas por las asociaciones y algunos expertos.
España cuenta con una estructura judicial especializada consolidada y una tasa elevada de condenas en este ámbito. Sin embargo, los casos analizados muestran fisuras difíciles de entender en la aplicación práctica de la perspectiva de género. Los jueces están cada vez más formados y el sistema evoluciona para adaptarse a nuevas realidades, pero esa formación no siempre se traduce en cambios efectivos en la práctica judicial. El desafío, por tanto, es también cultural. La verdadera prueba está en ver si el sistema judicial es capaz de aplicar sus herramientas en cada interrogatorio. Ahí es donde se decide finalmente la calidad de la justicia.