De momento, 162 asociaciones, sindicatos y partidos políticos han enviado un escrito a la Comisión Disciplinaria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de denunciar las manifestaciones realizadas por el magistrado David Maman, instructor del caso en el que se investiga si el ex DAO de Policía Nacional José Ángel González cometió un delito de agresión sexual.
Este miembro del Poder Judicial ha emergido en el debate público debido a unas declaraciones que hizo el pasado mes de febrero durante una charla en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid sobre los procedimientos de custodia y visitas. El titular de la plaza n°8 de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Madrid señaló que debido a la existencia de una denuncia por violencia de género o un recurso pendiente de resolución no se concede la custodia compartida al padre mientras la causa sigue abierta, algo que le llevó a asegurar que “a ese niño, mientras tanto, la madre le va haciendo el correspondiente lavado de coco y ese niño se va separando del padre progresivamente”. Además, aseguró que muchas mujeres van “a la caza de la orden (de protección)” y que tienen muchas “ventajas” a la hora de denunciar.
Es por ello que esas 162 asociaciones, sindicatos y partidos políticos, entre los que se encuentran UGT o el PSOE, consideran que tales manifestaciones “pueden resultar incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto a la ciudadanía y ausencia de estereotipos de género exigibles a quien ejerce funciones jurisdiccionales”. “En un órgano judicial especializado, ese discurso compromete de forma objetiva la confianza de las víctimas en recibir una tutela libre de prejuicios”, añade la denuncia presentada ante el órgano de gobierno de los jueces.
Palabras que “merecen una valoración disciplinaria preliminar”
Desde una perspectiva legal, para los firmantes del escrito las palabras del magistrado chocan con los artículos 14 y 24 de la Constitución, ya que estos prohíben cualquier discriminación por razón de sexo y garantizan la tutela judicial efectiva. Según los denunciantes, también contravienen el precepto 9.2 de la Carta Magna, el cual impone a los poderes públicos el deber de remover obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva, así como el artículo 117.1, que exige a los jueces y magistrados un sometimiento exclusivo a la ley.
En este contexto, las 162 asociaciones, sindicatos y partidos políticos señalan que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé la responsabilidad disciplinaria de los miembros del Poder Judicial. “Entre las faltas graves, el artículo 418.5 contempla el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos. Subsidiariamente, el artículo 419.2 tipifica como falta leve la desconsideración con los ciudadanos”, especifica el escrito presentado ante el CGPJ.
Por todo ello, indican los denunciantes, estas palabras “merecen una valoración disciplinaria preliminar”. Es decir, que se acuerde la apertura de diligencias informativas para determinar si las declaraciones del magistrado pudieran ser constitutivas de una infracción disciplinaria. Posteriormente, “y en caso de apreciarse indicios suficientes”, que se proceda a la incoación de un expediente disciplinario. Algo que podría derivar, según los términos en los que la queja formal ha sido expuesta, en una advertencia o una multa situada entre los 500 y 6.000 euros.