“Entré en ese juzgado pensando que iba a ser escuchada como madre, pero lo que viví fue sentirme juzgada teniendo un procedimiento abierto de violencia. En sala se me trasladó que no se iba a celebrar la modificación de medidas mientras pesara sobre mí una denuncia por presuntos malos tratos hacia mi hija. Y lo más devastador es que esa denuncia, presentada por el progenitor de mi hija, está archivada. Lo que se me dijo fue: ‘No voy a proceder a hacer esta modificación porque la madre es una maltratadora y no le voy a dar la custodia a una madre que tiene abierto un procedimiento por malos tratos’”.
Todas las madre salían llorando y gritando de la sala
“Antes de entrar, todas las madres salían de ese juzgado gritando: ‘Le van a dar a mi agresor a mi hijo, le va a secuestrar’, llorando y gritando. Todo eso es lo que vivimos en esa sala”.
Su testimonio es uno de los cinco recabados por este medio entre mujeres que pasaron por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, dirigido durante años por David Mamán Benchimol. Sus relatos, referidos a procedimientos distintos y sin relación entre sí, coinciden en varios puntos: sensación de indefensión, dificultades para ser escuchadas y decisiones judiciales cuyas consecuencias —aseguran— todavía arrastran ellas y sus hijos.

Denuncia archivada sin diligencias previas ni declaración de ninguna de las partes
Otra de las entrevistadas sostiene que su denuncia fue archivada nada más llegar al juzgado, sin diligencias previas ni declaración a ninguna de las partes. Recurrió y la Audiencia Provincial ordenó reabrir el asunto. Según relata, tres magistrados apreciaron indicios de maltrato psicológico habitual, amenazas de difusión de contenido íntimo, conductas de control, humillaciones y accesos no consentidos a su teléfono móvil.
Cuando el procedimiento regresó al juzgado, asegura que la sentaron junto al hombre al que denunciaba, en el mismo banco y sin separación alguna. “Mi cuerpo empezó a temblar, mi mano temblaba muchísimo. Me sentía totalmente bloqueada en shock”. Describe un trato “despectivo e intimidatorio”, gritos frecuentes y un “no procede” repetido a voces cuando intervenía su abogada. “No permitía hablar a la víctima en el momento que le correspondía su interrogatorio y no dejaba que contestara a preguntas de su propia letrada”.
Se citó a los testigos de la otra parte, pero no a los propuestos por la víctima
La misma mujer añade otro episodio que considera revelador. Para un juicio posterior, sostiene, se citó a los testigos de la otra parte, pero no a los propuestos por ella. Llamó al juzgado para preguntar qué ocurría. Dice que una funcionaria, sin identificarse, le pidió que entendiera “la situación de esa madre”, en referencia a la madre del hombre denunciado. Su respuesta fue inmediata. “Solo os pido que me dejéis un solo derecho sin vulnerar”.
Una tercera mujer relata obstáculos similares en otro procedimiento. “No citó a mis testigos, no aceptó ninguna prueba, no permitió hablar a mi abogada. Cualquier pregunta que mi abogada iba a hacer, él contestaba a voces: ‘No procede, no procede’”. Añade que esa misma dinámica se reprodujo más tarde en el litigio sobre la custodia de su hijo. Entre los comparecientes estaba la profesora del menor, pero afirma que no pudo intervenir con normalidad.
Hoy vincula aquella resolución con el deterioro que observa en el niño. Habla de enuresis, cambios bruscos de conducta y una agresividad que antes no tenía. Para ella, lo resuelto en sede judicial no terminó en un papel, sino que siguió dentro de casa.

Otra entrevistada asegura que apenas necesitó unos minutos para sacar una conclusión sobre lo vivido. “Me llamó maltratadora en mi cara en sala”. Mantiene todavía procedimientos abiertos y teme volver a coincidir con el magistrado como sustituto en otro órgano judicial. “Esto es una lotería, que como falte un juez y se ponga él, te ha tocado”.
“No nos deja defendernos en sala”
Explica que acudió para revisar una custodia compartida que, según relata, firmó bajo amenazas de su expareja. Esperaba poder replantear aquella situación, pero sostiene que tampoco se permitió desarrollar con normalidad la posición de su defensa. “No nos deja defendernos en sala”, resume.
La quinta mujer relata que una jueza sustituta acordó inicialmente medidas urgentes de protección. Apenas unas semanas después, Mamán archivó provisionalmente la causa y dejó sin efecto esas medidas.
Lo hizo tras valorar mensajes en los que el denunciado llamaba a la mujer “hija de puta”, “puta” o decía a la menor que acabaría “siendo una puta como su madre”. Pese a ese contenido, el auto sostenía que aquellos mensajes “reflejan mucho más amor que voluntad de humillarla”. También afirmaba que el investigado podía ser “una persona atormentada por su comportamiento” y apreciaba en sus disculpas posteriores “una gran dosis de arrepentimiento”. Para la denunciante, aquella resolución resumió su experiencia en una frase. “La orden de protección me la tuve que crear yo”.
Los cinco testimonios dibujan escenas distintas, aunque atravesadas por un patrón común. Mujeres que acudieron a un juzgado especializado en violencia machista esperando amparo y salieron convencidas de que eran ellas quienes quedaban bajo sospecha. Hijos e hijas afectados por procedimientos largos y resoluciones discutidas. Denuncias cruzadas convertidas, según cuentan, en una herramienta de desgaste.
En todos los relatos queda la misma marca. Lo más difícil no siempre empezó antes de denunciar. A veces comienza al cruzar la puerta de la sala de vistas.
