El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado que el despido de María Jesús Garrido, subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial y conocida como la comisionista de la SEPI, es nulo. La Sociedad de Participaciones Industriales, que depende de Hacienda, ha decidido no recurrir en casación, con lo que la nulidad es firme y Garrido será indemnizada con cerca de 140.000 euros, según ha podido saber Artículo14.
En mayo de 2024, tres meses después de que saltara el caso Koldo, se produjeron despidos en la SEPI, lo que no se ha conocido hasta el pasado diciembre y se ha atribuido a una revisión de su presidenta, Belén Gualda. Entre ellos, destaca el de María Jesús Garrido, comisionista en la SEPI de Vicente Fernández, el ex presidente que operaba en la sombra, y que fue detenido el pasado 10 de diciembre junto a Leire Díez y Joseba Antxon Alonso Egurrola.
La Sala de lo Social del TSJM confirma la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Madrid que anuló el despido y dio por probado -aunque no tiene efecto porque estima la demanda de Garrido- que ha habido irregularidades merecedoras de despido disciplinario por infracción grave, pero por defecto de forma lo considera nulo.
Un error “garrafal sospechoso”
La nulidad respondería a un “error garrafal” de los Servicios Jurídicos (SJ) de la SEPI, cuyo responsable era el secretario general y del consejo y director del SJ, Javier Morales Abad, que fuentes conocedoras ven “sospechoso”. Se saltaron el trámite fundamental de audiencia al trabajador en el procedimiento disciplinario, un defecto de procedimiento. Se trató de un expediente contradictorio y obvió la posibilidad de alegar en contra.
Un error procesal que si no es intencionado es jurídicamente “muy negligente” e “imperdonable” para las fuentes citadas, cuando los despidos son vulnerables a cualquier defecto, lo que se tiene en cuenta, especialmente un caso de este tipo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales alegó que Garrido, a la que ha asesorado David Aceves López, socio director de Labor 10, recibió cobros indebidos incumpliendo horario. Plantearon que había impartido clases particulares en horario laboral y desde su puesto de trabajo.
Bonus y prima de éxito del 2%
El despido de Garrido de la Sepi se produjo sólo un mes después de que enviara un contrato a un cliente en representación de Allies & Altera, empresa de la que es administrador único Vicente Fernández, como avanzó El Español. Fernández y Garrido pedían unos honorarios de “7.000 euros mensuales más” y una “prima de éxito” de un 2% de la financiación pública y privada obtenida.
Nada más estallar el caso Koldo se produjeron al menos tres despidos más en la SEPI además del de Garrido y de la propia Leire Díez, que salió de Correos el 28 de febrero de 2024. Este proceso es paralelo en el tiempo a la entrada en vigor de la Ley 2/2023, que obliga a habilitar un canal de denuncias, pero no consta que se produjeran al menos hasta la primavera de 2024.
Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero, dejó la Presidencia de la SEPI en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar en Sevilla. En la SEPI se entendió que Montero esperaba que fuera desimputado para devolverle el cargo y por ese motivo la Presidencia estuvo vacante -hasta finales de marzo de 2023, cuando nombró a Belén Gualda-, con Bartolomé Lora, vicepresidente, al mando. Lora ha reconocido en el Senado que consultaba a Fernández con frecuencia en esa etapa.
Irregularidades en la SEPI y la trama navarra
Fernández fue detenido junto a la exmilitante del PSOE y supuesta fontanera del partido, Leire Díez, y a Alonso Egurrola, dueño de Servinabar, por la UCO de la Guardia Civil en Madrid en una investigación secreta que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la SEPI. La detención se produjo días después de que fuera absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 15 imputados en Aznalcóllar.
Ex interventor general de Andalucía, se le investigaba por haber favorecido presuntamente, cuando fue secretario general de Industria de Andalucía en 2015, al grupo cordobés Magtel, adjudicatario de la mina con Grupo México, de lo que habría grabaciones.
Este letrado de la Junta de Andalucía ha estado imputado seis años por la juez Mercedes Alaya a pesar de que la propia Leire Díez habría maniobrado para que se le desimputara y perjudicar a los denunciantes, Emerita Resources, siendo directora de Comunicación de Enusa.
El 19 de mayo de 2021, la Oficina de Conflictos de Intereses autorizó la contratación de Fernández por Servinabar 2000 SL, de la que es administrador único Alonso Egurrola, socio de Santos Cerdán. Esta empresa declaraba menos de 10 empleados en 2021, último ejercicio que ha depositado, y en los registros de la plataforma Insight View aparece como inactiva. En diciembre de 2023 se le adjudicó el desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra) en una UTE con Acciona y Excavaciones Fermín Osés por 62,8 millones de euros.
Alonso Egurrola también se ha interesado por el proyecto de la Mina Muga en Sangüesa que se asignó a Geoalcali Highfield Resources, con capital australiano y socios chinos. En abril de 2024 se adjudicó a Acciona la obra civil de la mina por 56,9 millones.
Montero no podía desconocer el plan de venta de la sede
Montero ha negado este lunes en su comparecencia en la Comisión del Senado que investiga irregularidades en la SEPI conocer las ofertas por los edificios de la SEPI que se vienen desvelando.
Artículo14 ha revelado que fuentes próximas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales apuntan a que la entonces ministra de Hacienda habría participado de un plan de venta de los emblemáticos terrenos. El proyecto no se consumó, pero los trabajadores saben que estuvo muy avanzado, ya que se les transmitió que se iban a trasladar a unos terrenos que se destinaron para EFE en 2009 en el Ensanche de Vallecas en los que hay un edificio de seis plantas y tres de garaje subterráneo, un solar que la SEPI compró al Ayuntamiento de Madrid.