Tulia Ester denunció un viernes a su exmarido por violencia. Dos días después fue acuchillada en el portal de su casa cuando salía para acudir al juicio rápido que se iba a celebrar esa misma mañana en el juzgado de Violencia de Córdoba. Este es el último caso de violencia de género y es igual o más terrible que el resto. Tulia, una mujer colombiana de 64 años, que llevaba 30 en España, llevaba separada 20 años de su presunto asesino, un español de 65 años. Él entró el viernes en su calla con un martillo, machacó todo lo que se encontró a su paso, la agarró por el pecho y la amenazó con matarla. Así lo relata ella en la denuncia policial que interpuso el mismo viernes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Después de la denuncia el exmarido fue detenido y puesto en libertad con una orden de alejamiento. Nadie pidió su ingreso en prisión; ni la justicia, ni la Fiscalía. A ambos se les incluyó con una calificación de “riesgo medio” en sistema VioGén, que concede protección policial para ella. A Tulia se le ofreció que un agente de la Policía Nacional le acompañase al juicio pero la víctima dijo que no, que no hacía falta. Su expareja se saltó la orden de alejamiento. Un día antes cuando todavía no había amanecido, Arelis Jiménez se descolgó por la ventana de un tercer piso en Pamplona con una sábana. Intentaba huir de su expareja, un hombre al que había denunciado y que tenía una orden de alejamiento en vigor. Pero cayó al vacío y murió.
Los expertos en violencia de género saben porque lo han comprobado muchas veces que la mayoría de las víctimas no son capaces de ver el peligro mortal que corren. No se puede dejar tanta responsabilidad en las mujeres maltratadas porque deciden aterrorizadas por el miedo instalado por sus agresores o porque actúan bajo la promesa del que acaba matándolas de que va a cambiar. Y esto lo han comprobado en multitud de ocasiones las autoridades. Por eso es lamentable que la infravaloración del riesgo venga de las autoridades. El asesinato de Turia constata una vez más que ni el riesgo de la situación es medio ni el alejamiento puede quedar en manos del agresor porque siempre se lo va a saltar. El sistema falla en este punto y es inadmisible que una muerte se deba a un fallo del sistema. La mitad de las mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor.
Con Turia ya son 1359 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas desde que en el año 2003 comenzaron a contabilizarse estos casos en España. En lo que llevamos de año, van ya 16 víctimas mortales: esto es el doble que las registradas en 2025 por estas fechas. Es angustioso que con cada nuevo crímen se mire casi de reojo al anterior, o que se pueda prever que en el año 2026 pueden ser asesinadas otro medio centenar de mujeres porque el año pasado fueron asesinadas 46 mujeres y este, la tendencia va en aumento. Lo que resulta inadmisible es constatar, otra vez, que las autoridades tienen un grave problema con la protección de las víctimas que denuncian. El Ministerio del Interior recordaba tras el crimen de Tulia que el riesgo cero no existe. La frase es desafortunada porque vienen de quienes tienen que garantizar la seguridad. Son los Gobiernos, los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los responsables de evitar esas muertes.
Los datos revelan que hay muchos márgenes de mejora. De los 102.112 casos activos en el sistema VioGén solo 4500 tienen pulseras telemáticas. Ninguna mujer protegida por este sistema ha sido asesinada. ¿No es suficiente para los Gobiernos invertir para evitar? Proteger es costoso. Requiere mucho dinero, medios y mucha formación de las autoridades. Pero ante esta situación tan dolorosa y tan insostenible es necesario actuar con todos los medios y con urgencia, que es precisamente la misma valentía de las víctimas cuando denuncian. Esos dispositivos, aún presentando múltiples fallos, han sido hasta ahora la única medida 100% eficaz para impedir los feminicidios. Ninguna de las más de 22.000 mujeres que la han llevado desde que se implantaron en España en 2009 ha sido asesinada mientras lo llevaba. ¿Sería viable que todas las mujeres con medidas de protección la llevaran? No de momento. Ni el sistema técnico está preparado, ni sería posible por el factor humano gestionar y responder ante las incidencias de un volumen casi siete veces mayor. No habría suficiente personal técnico ni agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Seis de las 16 asesinadas este año contaban con una orden de alejamiento. Y esa es la pregunta ¿por qué suben los feminicidios con denuncian previa?. Los expertos urgen a afinar la valoración del riesgo o encarcelar de inmediato a quien se salte las medidas impuestas. Y yo después de hablar con muchos expertos en la materia apoyo la idea. Las órdenes de alejamiento no son un escudo protector imposible de traspasar pero lo que no puede ocurrir es que haya un quebrantamiento y no pase nada. Claro que tiene que pasar: detención inmediata, puesta a disposición judicial y, previsiblemente, el ingreso en prisión.