La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha comparecido este lunes por primera vez en el Senado en la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión del organismo que preside. Y lo ha hecho justo cuando la pieza separada que investiga la Audiencia Nacional sobre blanqueo y otros delitos en el rescate de Plus Ultra plantea la reactivación de la causa contra la SEPI sobre la concesión de la polémica ayuda que fue archivada por vencer un plazo y se había dado por definitivamente cerrada.
El auto de la jueza del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid, Esperanza Collazos, de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios. Cuando se conoció el pasado diciembre que la jueza estaba investigando a la aerolínea en secreto, se plantearon dudas sobre si el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento de plazo impedía que se pueda reabrir la causa. Fuentes jurídicas consultadas trasladan que la gestión de la SEPI y, en concreto, del Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas, órgano que resolvía las solicitudes de ayuda, está de nuevo bajo escrutinio de la Justicia.
El Consejo Gestor
Este Consejo estaba formado en principio por el vicepresidente del hólding público, Bartolomé Lora; la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente.
Puede discutirse el rol de la Sociedad Estatal Participada por Hacienda en la concesión del rescate, como hizo la jueza en el auto de archivo de la causa principal, ya que consideró que los miembros el Consejo Gestor “carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra”, y apuntó por lo tanto al Gobierno.
Pero es más difícil esconder la responsabilidad del Consejo Gestor en la gestión de la ayuda, que debe controlar y monitorizar y que puede incluso entrar en el consejo de administración de la empresa. “La SEPI comunicará al Ministerio de Hacienda con carácter mensual las operaciones realizadas a través del fondo, contenido que formará parte del informe anual que presentará al Consejo de Ministros para su posterior comunicación a la Comisión Europea”, establece el reglamento del Fondo de ayudas.
Uso indebido de ayudas públicas
El Ministerio Público español ha puesto de relieve en su denuncia sobre la causa sobre presunto blanqueo del rescate el “presunto uso indebido de ayudas públicas españolas al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la presunta organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
Los contratos de préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados”, subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá, además del presunto blanqueo de fondos públicos de programas CLAP de Venezuela para alimentar a la población
La responsabilidad de Gualda
El presidente de la SEPI no formaba parte entonces del Consejo Gestor de las ayudas. En el caso de Gualda, además, como ha recordado ella misma en el Senado, se da la circunstancia de que no estaba en el organismo cuando se tramitaron los dos rescates más polémicos, ni siquiera cuando los concedió el Gobierno, el 3 de noviembre de 2020 el de Air Europa y el 9 de marzo de 2021 el de Plus Ultra. Gualda fue nombrada presidenta de la SEPI el 30 de marzo de 2021.
En este escenario, ha realizado este lunes una defensa cerrada de la institución y ha sostenido que la aerolínea cumplía la condición de “estratégica” por su importancia como operador de categoría de largo recorrido y por su contribución al turismo y la economía de España, y ha añadido que la Comisión Europea definió que el sector del transporte era de por sí estratégico y que “no importa que fueran empresas pequeñas”.
Gualda ha blandido que la compañía era solvente, porque de no ser así, no dispondría de licencia por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que una empresa puede tener pérdidas y ser solvente.
Funcionarios de Transportes se blindaron por escrito
Precisamente Artículo14 ha desvelado que inspectores y funcionarios que tuvieron que renovar la licencia de explotación y avalar la viabilidad del rescate de Plus Ultra y dejaron por escrito que la aerolínea no cumplía los requisitos para blindar su responsabilidad. Los inspectores, bajo la supervisión de AESA, comprueban que el operador cumpla los requisitos de seguridad y financieros para recibir y revalidar la licencia de explotación, clave para que pudiera mantener cierta actividad. Este organismo, junto con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), ambos dependientes del Ministerio de Transportes, tuvieron además que emitir sendos informes para validar la polémica ayuda a la aerolínea.
Estos documentos consignados les proporcionan una cobertura en el caso de que se vean envueltos en una causa judicial. Con todo, Gualda ha sido mucho más benévola con la aerolínea que estos informes encargados ad hoc. La Agencia Estatal y la Dirección General tenían que concluir que Plus Ultra cumplía los requisitos para recibir el rescate.
Estos informes no son públicos. Partes de uno de ellos fueron filtradas por el Gobierno. No ofrecen una conclusión clara y no pueden evitar que los datos que manejan de la situación financiera de la compañía antes de la pandemia y de su cuota de mercado -y de si se la puede considerar estratégica- apunten a que la aerolínea no merecía la ayuda, pero aportan otras valoraciones para intentar contrarrestar las evidencias, por ejemplo, subrayando que aunque no tuviera casi pasajeros, la ruta Tenerife-Caracas que hacía podía ser beneficiosa para algunos. O justifican el rescate en que el sector es estratégico, como Gualda.
Dañaría al turismo
Asimismo, Gualda ha recalcado que Plus Ultra es una de las 20 compañías aéreas con licencia de ‘Tipo A’ que hay en España “frente a muchas compañías europeas”, lo que significa que “no importa si son estratégicas”, sino que permite que haya vuelos de gran tamaño. “España hubiera sido menos competitiva en turismo y economía con menos licencias de ‘Tipo A’ en el aeropuerto de Madrid”, ha subrayado.
Además, ha subrayado que esta ayuda fue concedida a la compañía, no a sus accionistas, por lo que se analizó la situación de la empresa y no de las personas individuales que participaban en ella.
Por tanto, ha incidido en que Plus Ultra cumplía con los 13 requisitos de elegibilidad que dicta la ley para beneficiarse de este mecanismo, tal y como se demostró en la auditoría realizada durante “casi dos años” por el Tribunal de Cuentas y que se ha demostrado judicialmente que no existe ningún “ilícito penal” en torno a este expediente.
“Respecto al otorgamiento de la ayuda, estoy absolutamente tranquila porque es correcto”, ha declarado, aclarando que el expediente ha sido “investigado por un juzgado durante dos años sin encontrar ningún ilícito penal y auditado por el Tribunal de Cuentas, que ha respaldado cómo se otorgó”, y ha añadido que la SEPI está colaborando con la Justicia en la investigación del supuesto blanqueo de capitales de Plus Ultra, un asunto sobre el que la SEPI no ha investigado porque no entra dentro de sus funciones “ni tiene la capacidad”.
“SEPI lo que hace es el control de esa financiación para asegurarse de que la empresa tiene capacidad de devolver los fondos públicos y ahí no hemos detectado ninguna irregularidad”, ha incidido.
Ha devuelto 12 millones de intereses
También ha explicado que SEPI ha realizado más de 40 comisiones de seguimiento con Plus Ultra para comprobar que cumple el plan de viabilidad y que tiene capacidad de devolver los fondos públicos.
En esta línea, ha indicado que Plus Ultra ya ha devuelto 12 millones de euros en intereses relativos a esta ayuda. “No es amortización, pero ha devuelto 12 millones. Una compañía quebrada no tiene 12 millones para devolver”, ha subrayado.
“No intervino nadie, ninguna influencia” en Air Europa
Gualda también ha defendido que no existía ninguna irregularidad en el expediente para la concesión de 475 millones de euros a Air Europa, una cantidad que la aerolínea ya ha devuelto. “Este expediente fue otorgado conforme a los 13 criterios de elegibilidad que establece el Real Decreto-ley que aprobó el Fondo de Solvencia amparado en el marco temporal de la Comisión Europea y fue avalado por el Tribunal de Cuentas”, ha señalado.
Así, ha recalcado que no han constatado, en ninguno de los controles que se han hecho por parte de SEPI y el Fondo de Solvencia, que haya habido intervención “de ninguna persona, ninguna influencia, ninguna opinión ajena al cumplimiento del procedimiento administrativo”.
Estas declaraciones se producen cuando en la instrucción y en el juicio del caso mascarillas ha quedado acreditado que Víctor de Aldama, que estaba a sueldo de Air Europa desde septiembre de 2019 de más de 12.000 euros mensuales para que cobrara la deuda de 200 millones de euros de Venezuela, maniobraba en el Ministerio de Transportes desde marzo de 2020 para que la aerolínea fuera rescatada. Los mensajes y evidencias recogidas por la UCO muestran cómo las presiones de la empresa se sucedieron durante el verano de 2020 y culminaron en reuniones del más alto nivel en el Gobierno en las que participó el propio Pedro Sánchez el 16 de julio, día en el que Begoña Gómez se citó con Javier Hidalgo en la sede del grupo. El entonces CEO de Globalia “llamó a Begoña” el 3 de agosto cuando cundían los nervios.
El Tribunal Supremo ha destacado cómo las presiones de Aldama, Koldo García y los Hidalgo consiguieron que el Ministerio redactara una nota de prensa en la que se avalaba el próximo rescate. A cambio de esta nota de prensa, cuyo significado ha destacado Anticorrupción, José Luis Ábalos se hospedó del 12 al 23 de agosto de 2020 en un chalet en Marbella costeado por la familia Hidalgo.
La intervención más directa que consta de Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa antes de su refrendo por el Consejo de Ministros es una conversación con Ábalos por whatsapp el 8 de septiembre de 2020 en la que se interesa por la ayuda y le pide al entonces ministro de Transportes “darle una vuelta”.
Asimismo, Gualda ha defendido que la ayuda fue concedida a Air Europa de forma independiente a su matriz, Globalia, quien tenía abierto un contencioso con la Agencia Tributaria, según sostiene una denuncia que ha presentado Manos Limpias. “Globalia no es beneficiaria de ninguna ayuda del Fondo de Solvencia”, ha remarcado.