Tres altos cargos de la SEPI han recibido el aval de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Transformación Digital, para colocarse en la empresa privada. Dos de ellos, en sectores relacionados con su actividad en la Sociedad de Participaciones Industriales, adscrita al Ministerio de Hacienda. Se trata de Concepción Cascajosa, expresidenta de RTVE; de Fabrice Karim El Kouche, que fue director general de Correos Exprés, y de Francisco Blanco, exsecretario general de Industria y expresidente de Sepides EPE.
Estos movimientos se producen cuando la SEPI se ha visto salpicada en casos de corrupción que afectan a su expresidente Vicente Fernández y a otros directivos.
Así lo recoge el último Informe sobre el Cumplimiento de los Altos Cargos del Ministerio de Transformación Digital que será publicado en el BOE. El documento detalla la aplicación de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en lo relativo a los conflictos de interés sobre los cambios de posición de directivos del sector público entre el 1 de julio y el 3 de diciembre de 2025.
Actividades relacionadas
Tras el cese de Elena Sánchez, entre marzo y noviembre de 2024 Concepción Cascajosa, vinculada al PSOE, fue presidenta interina de la Corporación de Radio y Televisión Española, así como miembro del Consejo de Administración de la Corporación del ente. Anteriormente, fue presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, entre 2021 y 2024.
Cascajosa ha recibido el plácet para trabajar en DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), que se define a sí misma como “única entidad española especializada en la gestión colectiva de derechos de obras audiovisuales”.
Fabrice Karim el Kouche fue nombrado director general de Correos Express, la filial de paquetería urgente de Correos, en marzo 2023, cargo que ocupó hasta octubre. Precisamente la empresa que presidió Avelino Castro antes de pasar a ser vocal de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), cargo del que cesó el pasado 23 de enero sin que se haya explicado.
El Kouche ha recibido el aval de la Oficina para fichar por Intelcom, empresa de mensajería y logística con sede en Canadá, especializada en entregas rápidas, que ha tenido vínculos históricos con Correos de Canadá. Este directivo había trabajado hasta el momento en otros sectores como el farmacéutico, alimentación y tabaco.
Por su parte, Francisco Blanco, ex secretario general de Industria que recaló en Sepides EPE, ha dejado la presidencia de ésta para incorporarse a PwC como senior advisor.
La salida de Salazar y su número dos
Dos de las salidas que se incluyen en este informe son las de Francisco Salazar, secretario General de Coordinación Institucional en Presidencia del Gobierno hasta que cesó de todos sus cargos el pasado 4 de julio tras desvelarse acusaciones de acoso de empleadas de Moncloa, y su número dos.
El pasado 26 de agosto, Salazar se registró como administrador único de Servicios e Ideas Estrategias Sociales y Electorales SL, cuya constitución recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 2 de septiembre.
Como alto cargo, Salazar solicitó autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para su nueva actividad. Recibió el visto bueno de la Oficina que dirige Flor María López Laguna el 2 de septiembre.
También aparece su segundo, Antonio Hernández Espinal, que cesó de sus cargos el pasado diciembre, sin que conste destino posterior.
Este informe también recoge la salida de Irene Lozano de la Presidencia de la Casa Árabe y muestra el aval para que trabaje en elDiario.es, La Vanguardia y La escuela de escritores. No se menciona sin embargo a RTVE, en cuyas tertulias viene colaborando desde hace unas semanas.
El caso del expresidente de la SEPI
Algunas de la autorizaciones de la Oficina de Conflictos de Intereses en relación con exdirectivos de SEPI han sido polémicas. Vicente Fernández, hombre de confianza de María Jesús Montero, dejó la Presidencia de la SEPI en octubre de 2019 tras ser imputado en el caso Aznalcóllar en Sevilla.
Fernández habría operado como presidente de la SEPI en la sombra desde su cese y habría cobrado comisiones junto con María Jesús Garrido, entonces subdirectora del Fondo de Reestructuración Empresarial de la SEPI, de la financiación pública y privada obtenida.
La Presidencia de la SEPI estuvo vacante hasta marzo de 2021, cuando se nombró a Belén Gualda, en lo que se interpretó como un intento de Montero de guardarle el puesto a Fernández.
Avalado para trabajar en Servinabar
Tras dejar la SEPI, entre 2021 y 2023, Fernández estuvo contratado por la constructora Servinabar, vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán e investigada por presuntos amaños de contratos de obra pública en el caso Koldo.
El 19 de mayo de 2021, la Oficina de Conflictos de Intereses autorizó la contratación de Fernández por Servinabar 2000 SL, de la que es administrador único Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio de Cerdán. Servinabar 2000 SL declaraba menos de 10 empleados en 2021, último ejercicio que ha depositado, y en los registros de la plataforma Insight View aparece como inactiva. En diciembre de 2023 se le adjudicó el desdoblamiento de los túneles de Belate (Navarra) en una UTE con Acciona y Excavaciones Fermín Osés por 62,8 millones de euros.
Su detención tuvo lugar el pasado 5 de diciembre, cinco días después de que fuera absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla junto a otros 15 imputados en Aznalcóllar. Fernández fue detenido junto a la exmilitante del PSOE y supuesta fontanera del partido, Leire Díez, y a Alonso Egurrola, dueño de Servinabar, por la UCO de la Guardia Civil en Madrid en una investigación secreta que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con la SEPI.