Pedro Sánchez se presentó a sí mismo y a su Gobierno el pasado 9 de julio como el gran adalid en la lucha contra la corrupción, con la presentación de un Plan Estatal de Lucha contra este problema. Un conjunto de medidas que corre el riesgo de quedar en papel mojado si no logra el apoyo parlamentario de sus socios, y entre cuyas iniciativas más ambiciosas se encuentra la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública.
Esta nueva Agencia, con la que el PSOE da respuesta a una de las exigencias de Sumar, sería la encargada de investigar y supervisar el cumplimiento de la ley en contratación pública, lobbies, conflictos de interés y rendición de cuentas. Entre otras, asumiría las competencias que ahora desarrolla la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI).
Este organismo tiene como misión vigilar las puertas giratorias, es decir, el paso de altos cargos del Gobierno al sector privado una vez que cesan. Desde su creación en 2006, una única persona ha estado al frente: Flor María López Laguna. En una primera etapa, con el rango de subdirectora general y, desde septiembre de 2018, con categoría de directora general de un organismo adscrito al Ministerio de Función Pública.
Incumpliendo su propia recomendación
De esta forma, López Laguna lleva más de 18 años en el cargo. El próximo 28 de septiembre cumplirá siete desde su nombramiento por el Gobierno de Pedro Sánchez como directora general. Esta duración en el cargo colisiona con la propuesta normativa del propio Ejecutivo.
En el proyecto de ley de lobbies registrado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, el Gobierno defiende que la persona titular de la dirección de la Oficina de Conflictos de Intereses tenga un mandato de seis años improrrogable. Así figura en la Disposición final primera para modificar la ley 3/2015 de los altos cargos de la Administración General del Estado: “La persona titular de la dirección de la Oficina de Conflictos de Intereses, que tendrá rango de Dirección General, será nombrada por el Consejo de Ministros, […] por un período improrrogable de seis años”.
¿Quién es Flor María López Laguna?
Flor María López Laguna, licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1981, ingresó con 24 años por oposición en el entonces cuerpo técnico de la Administración Civil del Estado, actualmente cuerpo superior de administradores civiles del Estado. Con más 41 años de trayectoria en cargos de responsabilidad en la Administración Pública, prácticamente toda su carrera ha estado vinculada con las incompatibilidades de los altos cargos. Ha ejercido estas funciones tanto con bajo gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista.
Desde 1995 hasta el año 2007, fue subdirectora general de Gestión del Régimen de Incompatibilidades en el entonces Ministerio de Administraciones Públicas. A partir de entonces, estuvo al frente de la Oficina de Conflictos de Intereses. “La experiencia acumulada en estos años me ha permitido conocer el régimen de incompatibilidades desde su gestación normativa hasta su aplicación práctica diaria”, señaló en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados en 2018.
Su visión de la Oficina de Conflicto de Intereses
“La oficina no es, en modo alguno, una unidad que persigue la corrupción, pues esta misión corresponde a otras instancias”.
En la actualidad, la OCI es un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, actualmente integrada en el Ministerio de Óscar López. Sus funciones incluyen la comprobación de las declaraciones de bienes de los altos cargos, el análisis de posibles incompatibilidades en el ejercicio privado tras el cese, y la emisión de informes y resoluciones conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo.
Durante su intervención parlamentaria, López Laguna expuso de forma explícita el papel que desempeña la institución que dirige: “La oficina no es, en modo alguno, una unidad que persigue la corrupción, pues esta misión corresponde a otras instancias; aplica mecanismos ‘cortafuegos’ para detectar, evitar, corregir y sancionar los conflictos…”.
Actuaciones de oficio
A su vez, aclaró que “sí, hacemos actuaciones de oficio cuando, por ejemplo, encontramos en el Registro Mercantil unas declaraciones de bienes o actuaciones que puedan dar lugar a un procedimiento sancionador”. En este sentido, destacó que “conforme a la Ley de 2006 se han incoado 21 procedimientos sancionadores, algunos de los cuales se han publicado en el Boletín Oficial del Estado”.
Cuestionada en sede parlamentaria por el bajo porcentaje de incompatibilidades resueltas con resultado desfavorable -en torno al 2 %-, defendió que “puede parecer bajo, pero refleja en realidad una cultura de cumplimiento, más que de sanción”. En este sentido, destacó que el papel de la Oficina es “preventivo, orientador, no coercitivo. Lo que hacemos es ayudar a evitar situaciones de conflicto de intereses, más que perseguirlas una vez se han producido”. En su opinión, la política de consultas previas de los altos cargos evita que haya que incoar procedimientos porque “hay ajustes voluntarios o desestimaciones por parte del interesado”.
En el punto de mira
El nombre de Flor María López Laguna ha vuelto a la actualidad después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya obligado a la OCI a investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras admitir a trámite la denuncia del Partido Popular por el rescate de Air Europa. El tribunal consideró el argumento del PP de que “los hechos que se denuncian requieren una actividad mínima de investigación”.
El PP presentó una denuncia en la Oficina al entender que Sánchez debía haberse abstenido en las deliberaciones del Consejo de Ministros sobre el rescate de la aerolínea por la vinculación de su esposa, Begoña Gómez, con el sector. La Oficina archivó inicialmente la denuncia apoyándose en un informe de la Secretaría General de la Presidencia que aseguraba que Gómez “no había tenido ni tiene relación laboral o profesional” con Air Europa o Globalia.
Pronunciamiento
Sin embargo, los magistrados han ordenado reabrir el expediente, al considerar que la Oficina no valoró las pruebas solicitadas y que debe pronunciarse “de forma motivada”. La resolución subraya la “necesaria transparencia que debe presidir la actuación del órgano de vigilancia”.
Con el nuevo Plan de Lucha contra la Corrupción, las competencias de la Oficina de Conflictos de Intereses podrían pasar en el futuro a manos de la Agencia Independiente de Integridad Pública. Dado que su constitución está pendiente de todo el trámite parlamentario, el Ejecutivo deberá decidir si mantiene hasta entonces en el cargo a Flor María López Laguna, pese a estar incumpliendo su propia propuesta normativa.