Calles estrechas, balcones que casi se tocan y una memoria obrera que sigue viva en sus plazas. Lavapiés, ese barrio madrileño donde cada esquina mezcla voces árabes y latinas con españolas, huele a especias y donde el trabajo se respira en cada local, convive hoy con una cotidianidad cada vez más frágil. Bajo esa vida ajetreada, la presión especulativa se cierne sobre un número creciente de bloques de viviendas. Y en la calle Tribulete número 7, ese pulso se ha convertido en una batalla judicial sin precedentes.
Los vecinos del edificio han interpuesto la primera querella colectiva por ‘acoso inmobiliario’ presentada en España, que ha sido admitida ya a trámite por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid. En este sentido, el juez del caso ha citado a declarar próximamente a cargos directivos del fondo propietario. Así como a personal vinculado a la gestión y ejecución de las obras que se suceden en el inmueble y que, según denuncian los arrendatarios, el nuevo dueño –Elix Rental Housing Socimi II– utiliza para forzar la salida de los inquilinos. La querella, presentada junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, denuncia una estrategia sistemática para expulsar a los residentes.
“Querían que nos fuésemos, tuviéramos contrato o no”
Cristina Gómez, vecina del bloque y una de las caras visibles de la lucha, describe meses de presión creciente desde la llegada del nuevo propietario: una socimi -forma societaria que no paga impuesto de sociedades y que disfruta de grandes bonificaciones en el pago de transmisiones patrimoniales- que posé ya más de 40 edificios repartidos entre Madrid y Barcelona, y que es filial de AltamarCAM Partners, presidida por Claudio Aguirre, primo de Esperanza Aguirre.
“Presentamos la querella en mayo y ha sido admitida a trámite. Queremos sentar precedente y hacer justicia, porque esto es un atajo que muchas empresas utilizan y no puede volver a ocurrir”, explica. Según relata, el fondo inició las obras en noviembre del pasado año. Desde entonces, la vida se ha hecho “insoportable”. Para Gómez y sus vecinos, el objetivo era evidente: “Nos querían fuera del edificio, independientemente de si teníamos contrato en vigor o no”.
La adquisición por parte de Elix se formalizó en marzo de 2024, aunque la historia arranca meses antes. A finales de enero, Cristina relata que se enteraron del traspaso a través de la prensa: “No recibimos nada, ni una circular, ni ningún aviso que nos notificara la operación. Recuerdo saberlo por un reportaje sobre el Sindicato de Inquilinas”. Los antiguos propietarios, cuatro hermanos que heredaron el inmueble tras el fallecimiento de su padre, cerraron finalmente el acuerdo con la socimi tres meses después.
La estrategia del fondo
Pese a la negativa de renovar los contratos por parte del fondo, Ruth Galán, portavoz del Sindicato de Inquilinas, subraya que “las vecinas siguen pagando sus cuotas religiosamente“. Desde el comienzo de las remodelaciones en la infraestructura, la que fuera diputada en la Asamblea de Madrid por Unidas Podemos y hoy abogada de la agrupación personada en la causa, Alejandra Jacinto, reporta que la estrategia del fondo sigue un patrón: “Pretende expulsar a los vecinos, ahorrándose los procedimientos legales. Se trata de hacerles la vida imposible para que abandonen sus casas”. Y reconoce que no se trata de un conflicto vinculado a desokupaciones, sino de “presiones directas ejercidas por un fondo buitre para sustituir a vecinos que llevan años pagando su renta por otros más rentables“.
Antes de la transferencia de la propiedad, el edificio contaba con unos 50 residentes. Hoy, según los datos aportados, la mayoría ya no está. “Las coacciones han conseguido expulsar a gran parte del vecindario“, explica Jacinto. La querella interpuesta señala a los responsables de la socimi y al equipo técnico de las obras, que deberán declarar el próximo 19 de febrero. La pena, en caso de condena, podría implicar de 6 meses a 2 años de prisión para los responsables, sanciones económicas y la disolución de Elix, la propietaria.
Pese a la magnitud del conflicto, los vecinos insisten en que sus peticiones siempre han sido razonables. “Queremos una renovación de los contratos, y estamos dispuestos a aceptar una subida si fuese necesario. Pero ellos quieren el edificio vacío“, afirma Cristina Gómez.
Un barrio que no se resigna
El caso de Tribulete 7 se ha convertido en un símbolo. Lavapiés ha sobrevivido a reconversiones urbanísticas, fenómenos migratorios y movimientos vecinales. Pero la amenaza de la especulación inmobiliaria con fines turísticos -dicen sus residentes- es ahora el desafío “más agresivo”.
A día de hoy 17 vecinos siguen resistiendo entre tabiques abiertos y ruidos de obra. La querella colectiva, inédita en España, podría marcar un antes y un después. “Abrimos una puerta de esperanza para quienes estén viviendo lo mismo en otros bloques. Queremos que el acoso cese y que estas prácticas no queden impunes”, concluye Gómez.