El Gobierno afronta en silencio una preocupación creciente. Cientos de miles de contratos de alquiler firmados tras la pandemia están a punto de expirar. Y sus efectos podrían reconfigurar el mercado del alquiler en apenas unos meses. La ofensiva de Sumar para imponer una prórroga obligatoria choca con la estrategia del Ministerio de Vivienda, que apuesta por las zonas tensionadas y por el futuro Plan Estatal 2026-2030. En el fondo, tanto en el Ejecutivo como entre los expertos existe consenso en que el vencimiento simultáneo de tantos contratos es un desafío social de dimensiones inéditas.
300.000 contratos de alquiler en cuenta atrás
Los contratos de alquiler que se firmaron en 2020, en pleno desplome de precios por la pandemia, empiezan a agotarse ahora. Según cálculos de Consumo, son 300.000 familias las que afrontarán en los próximos meses la renovación de sus contratos de alquiler, con rentas muy inferiores a las que hoy marca el mercado.
En los últimos cinco años, el precio del alquiler ha subido cerca de un 30%. Un incremento que podría aplicarse de golpe en los contratos firmados tras la COVID-19. El motivo es que aproximadamente el 85% del mercado está en manos de pequeños propietarios. Y la Ley de Arrendamientos Urbanos fija cinco años de duración para la mayoría de contratos de alquiler.
Ante este escenario, Sumar insiste en que solo una prórroga generalizada puede frenar la posible crisis social. En el congreso de Asufin, el secretario general de Consumo adelantó que su cartera ha propuesto una extensión obligatoria de todos estos contratos de alquiler. Bustinduy volvió a defenderlo días después, presionando al PSOE para actuar “de inmediato”. Para Sumar, los vencimientos masivos de contratos constituyen un riesgo real para miles de hogares. En especial, en comunidades que no aplican los topes de la Ley de Vivienda.
Vivienda apuesta por zonas tensionadas y acuerdos parlamentarios
El Ministerio de Vivienda mantiene otra estrategia. Sostiene que el control llegará mediante la declaración de zonas tensionadas y el despliegue de los fondos del Plan Estatal 2026-2030. Para la ministra Isabel Rodríguez, la herramienta más eficaz para contener los efectos de los contratos de alquiler vencidos es aplicar la Ley de Vivienda allí donde se den las condiciones. En estas zonas, ningún propietario puede subir la renta más allá del índice público anual, lo que suaviza parte del impacto que Sumar atribuye a los contratos de alquiler de la pandemia.
El choque político se agrava porque las comunidades donde los alquileres están más disparados —Comunidad de Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana— no tienen intención de declarar zonas tensionadas. Esto significa que miles de contratos de alquiler podrán subir sin límites adicionales. En contraste, ciudades como Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Gerona, Pamplona, Vitoria o La Coruña ya aplican topes, lo que impide incrementos del 30% en los contratos que vencen ahora. Otras ciudades, como Zaragoza o Valladolid, podrían cumplir los requisitos. Pero aún no han solicitado la declaración.
Mientras Sumar pide una solución inmediata, Vivienda mira al medio plazo. Su estrategia pasa por aprovechar los fondos del próximo Plan Estatal para incentivar que alcaldes y comunidades adopten la Ley de Vivienda. Las zonas tensionadas que apuesten por la industrialización de vivienda recibirán hasta 8.500 euros por casa, más del doble del apoyo habitual. El Ministerio confía en que esta inyección empuje a promotores y ayuntamientos a aplicar los límites, afectando de manera directa a los contratos de alquiler que se renueven en los próximos años.