El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ultima la sentencia sobre la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid de 2025 y el fallo se espera para este mes de marzo. Así lo ha anunciado Bernardo Bande, presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que ha planteado que creen que se inclina por anularla, una información que coincide con la que ha podido cotejar Artículo14.
En una rueda de prensa este miércoles para presentar el trabajo Propuestas para mejorar la fiscalidad de la empresa familiar en el ámbito de la normativa estatal, Bande ha abordado la problemática de la tasa en la capital, sobre la que denuncian que el Ayuntamiento está torpedeando los recursos de los ciudadanos en un asunto en el que el Consistorio se juega cerca de 300 millones de euros.
“Dos años frente a dos meses”, ha resaltado como la diferencia de los tiempos de actuación del Tribunal Económico-Administrativo que depende de la Hacienda del Ayuntamiento de Madrid en la mayoría de recursos, los dos años, frente a los dos meses que está tardando con las impugnaciones de ciudadanos particulares sobre la tasa de basuras. Bande no cree casual esta diferencia y ha recordado que la asociación publicó un comunicado de condena sobre esta práctica.
Una vez que el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) rechaza los recursos, sólo queda acudir a los tribunales de Justicia, con el coste que suponen, lo que lleva a abandonar a muchas personas físicas.
Esta rapidez del TEAMM impide que los recursos que han presentado desde enero de 2025 grupos políticos como Más Madrid o Aedaf contra la Ordenanza Fiscal que ha creado la tasa sean resueltos en primer lugar y arrastren a los más de 50.000 de ciudadanos que han impugnado su tasa este otoño e invierno, varios meses más tarde. Estos se beneficiarían de una eventual anulación de la tasa en los tribunales, que expertos y fiscalistas dan por muy probable, sin tener que acudir ellos mismos a la Justicia con abogado y procurador.
Nueva tasa en 2026
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado cambios en su tasa en 2026. La de 2025 tiene una parte fija del 81% de la cuota según el valor catastral de la vivienda, lo que hace que sea atacable en los tribunales, ya que la única directriz que da la Ley 7/2022 que exige la creación de la tasa a los consistorios es el “pago por generación”, si realmente calcula lo que contamina cada contribuyente. En la tasa de la capital esto último supone sólo el 19% de la cuota y está además vinculado al porcentaje de separación en los 131 barrios de la ciudad, teniendo en cuenta también el número de habitantes.
El recurso de Aedaf se encontraba ya ante el TSJM a principios de noviembre y los tiempos procesales apuntaban a que podría haber sentencia a principios de año, incluso en enero. Sin embargo, el TSJM decidió agrupar recursos y la sentencia es ahora inminente.
El Ayuntamiento: El Tribunal Municipal decide
Desde el Ayuntamiento de Madrid trasladan que el TEAMM es quien decide los tiempos y las causas por las que se admiten o rechazan los recursos y que es un tribunal autónomo.
En ningún caso el TEEAM ha resuelto miles de recursos. De las reclamaciones de la tasa de basuras recibidas, hasta finales de enero se han resuelto 264, todas ellas por el único motivo de considerar ilegal la Ordenanza reguladora de la tasa. Toda vez que el TEAMM carece de competencia para conocer o pronunciarse sobre la legalidad de las ordenanzas fiscales, estas reclamaciones han sido desestimadas, añaden desde el Consistorio.
Asimismo, recuerdan que ya avisaron de que es una tasa impuesta por el Gobierno de Sánchez que no querían y que no era necesaria. Y que advirtieron de que la ley no está bien elaborada e iba a generar una gran litigiosidad.
Obliga el Gobierno de Pedro Sánchez
La tasa de basuras, obligatoria para municipios de más de 5.000 habitantes, es una imposición del Gobierno central, no de la Comisión Europea, como el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende, y supone una subida en los impuestos locales de hasta el 40%, según ha denunciado la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL).
Los inspectores han recordado que las nuevas obligaciones comunitarias en gestión de residuos en la Directiva de 2018 no exigen la creación de una tasa y de hecho han señalado que la mayoría en la UE no la ha impuesto. La deficiente técnica legislativa y la falta de directrices de la Ley 7/2022 que impone la creación de la tasa abocan a una gran “inseguridad jurídica”, por la que se está denominando esta tasa “plusvalía número dos”.
De hecho, de los 12.000 millones que viene recaudando al año el IBI, la tasa de basuras se estima que reúna unos 3.500 millones. Se convierte así en el segundo ingreso local, por delante de la plusvalía municipal, que ha bajado bastante después de la sentencia del Tribunal Constitucional que la anuló y la nueva ley. La tasa de basuras no tiene límite, sólo el coste del servicio, por lo que “claro que puede subir para mantenerse como tasa no deficitaria”, han destacado.
Problemas presupuestarios
Con todo, los inspectores alertan de un déficit de casi 2.000 millones de euros en los ayuntamientos y diputaciones de toda España. En concreto, los presupuestos aprobados para 2025 indican un gasto total en materia de residuos de 5.325 millones de euros y unos ingresos por tasas de residuos de 3.488 millones, lo que reflejaría un grado de cobertura del 65,5%, todavía lejos del 100%.
Se trata de un estudio del Observatorio para el Laboratorio de Residuos que implicaría que no se cumple el principio de que la tasa sea no deficitaria. No hay estudios públicos del Ministerio de Hacienda ni del de Transición Ecológica.
Un déficit que no es ni mucho menos el único problema en torno a esta tasa: los inspectores de las Haciendas Locales han augurado “severos problemas presupuestarios en las corporaciones locales si prospera la cascada de denuncias de los contribuyentes”.