La tasa de basuras ha llegado a los hogares de millones de españoles envuelta en polémica. Lo que nació como una medida para cumplir con la directiva europea sobre residuos se ha convertido en una fuente de confusión, malestar ciudadano y advertencias de posibles litigios masivos. Expertos en fiscalidad local y asociaciones de consumidores alertan de que el nuevo tributo, obligatorio desde abril en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, adolece de una inseguridad jurídica preocupante que podría desembocar en una avalancha de reclamaciones judiciales en los próximos años.
Un tributo obligatorio pero sin criterios claros
El origen de la actual tasa de basuras se encuentra en la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone la directiva europea 2008/98/CE. La norma establece el principio de que “quien contamina, paga”, obligando a que los costes de la gestión de residuos recaigan sobre los productores. En teoría, el objetivo es fomentar el reciclaje y la reducción de desechos. En la práctica, sin embargo, la falta de un criterio uniforme para aplicarla ha generado un mosaico fiscal desigual entre municipios.
Mientras en Palencia el pago medio por vivienda ronda los 57 euros anuales, en Valencia asciende a 287 euros, pasando por 104 en Madrid y 144 en Barcelona. La diferencia no responde a una lógica ambiental sino a la libertad con la que cada ayuntamiento interpreta la ley. Algunos calculan la tasa según el consumo de agua. Otros, por el valor catastral del inmueble o el número de residentes. También hay consistorios que aplican sistemas mixtos con una cuota fija y otra variable.
Este escenario, según ha advertido la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) en La Vanguardia, ha generado una “inseguridad jurídica enorme” que podría llevar a los tribunales multitud de reclamaciones.
Los inspectores alertan de una “plusvalía 2”
El problema no es solo técnico, sino potencialmente judicial. Los inspectores de Hacienda local temen que el desorden en la aplicación de la tasa de basuras acabe como ocurrió con la plusvalía municipal, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. “En pocos años podríamos encontrarnos con una cascada de sentencias que anulen las ordenanzas municipales por no respetar el principio del pago por generación”, advierten desde la Anihpl.
España decidió imponer esta tasa de manera obligatoria a todos los municipios, sin prever un mecanismo común de control. La consecuencia es una tormenta perfecta: ayuntamientos confundidos, ciudadanos descontentos y tribunales saturados. Como apunta en The Objective el inspector de Hacienda Local Juan Ignacio Gomar, “muchos ayuntamientos no saben cómo justificar este nuevo impuesto ante sus vecinos, sobre todo cuando no se traduce en un mejor servicio”.
Si los tribunales determinan que la tasa de basuras no cumple los requisitos legales, los consistorios podrían verse obligados a devolver millones de euros recaudados. Un golpe que pondría en jaque sus cuentas.
Un agujero económico de 2.000 millones
El otro gran problema de la tasa de basuras es económico. Según cálculos de la propia Anihpl, los ayuntamientos gastarán 5.325 millones de euros en gestión de residuos este año. Sin embargo, solo ingresarán 3.488 millones por este concepto. El desfase de casi 2.000 millones deja la cobertura del servicio en un 65%, muy lejos del 100% exigido por la ley.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, ha sido acusado por los inspectores de “desinterés e inacción”, al no haber definido un marco común para aplicar el tributo. Esto, sumado a la falta de diálogo con las entidades locales, ha provocado que la ejecución práctica de la tasa recaiga enteramente sobre los municipios. Muchos de ellos sin los recursos ni la capacidad técnica necesarios.
Además, algunas corporaciones locales, como el Ayuntamiento de Leganés, han decidido no aplicar el nuevo tributo a sus contribuyentes ante la confusión legal y el temor a posteriores devoluciones. Otros, en cambio, se han visto obligados a improvisar ordenanzas apresuradas para cumplir con la obligación estatal.
La externalización de la inspección agrava el conflicto
El debate sobre la tasa de basuras también ha puesto el foco en otro problema latente: la externalización de los servicios de inspección tributaria. La Anihpl ha denunciado ante los tribunales la participación de empresas privadas en funciones reservadas al personal público. Lo considera una intromisión ilegal en la Administración Tributaria.
Esta práctica, extendida en centenares de municipios, según la asociación, amenaza los derechos de los contribuyentes y la transparencia del sistema. De hecho, el Juzgado de Lérida ha admitido a trámite una denuncia relacionada con este tipo de externalización en la inspección provincial.
Durante el XXV Congreso de la Anihpl, que se celebra estos días en Alicante, la organización presentará el Libro Blanco para la Reforma de la Tributación Local, con cien propuestas para mejorar la gestión fiscal municipal y evitar que episodios como el de la tasa de basuras vuelvan a repetirse.