El PSOE da por finiquitada la investigación contra Francisco Salazar tras el borrado en el canal interno de, al menos, dos denuncias por presunto acoso sexual contra el exasesor de Pedro Sánchez registradas oficialmente en el partido. Según publica elDiario.es, esas denuncias interpuestas hace ya cinco meses han sido eliminadas del canal entre finales de octubre y principios de noviembre sin que nadie haya dado respuesta alguna a las denunciantes. En Ferraz, donde admiten “falta de diligencia”, argumentan que justo el pasado jueves Salazar solicitó su baja como militante. Algo que, a juicio de la dirección federal, ya hace inútil seguir adelante con la indagación.
La documentación a la que ha tenido acceso este diario que, mucho antes de que Salazar supuestamente se diera de baja del partido, dos de las mujeres que decidieron denunciar en el canal interno actitudes de acoso sexual vieron desaparecer, de la noche a la mañana, sus expedientes. Contactadas por este periódico, las dos militantes socialistas cuentan que en ningún momento del procedimiento el PSOE se ha puesto en contacto con ellas para tramitar esas denuncias ni tampoco para preguntarles por las situaciones a las que estuvieron sometidas cuando trabajaron a las órdenes del que fuera uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez.
La comida con Alegría
Semanas atrás, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirmó que dicha comida se “circunscribe al ámbito privado”, y fuentes del Ejecutivo informaron después de que el Gobierno no había abierto ninguna investigación contra Salazar. Es más, se informó de que el Ejecutivo de Sánchez instó a que las mujeres denunciantes utilizaran el canal de denuncias interno del partido para poder tomar cartas sobre el asunto, ya que al ser las denuncias presentadas a través de los medios, no tenían modo de hacer averiguaciones.
Lo cierto es que fue el propio Salazar quien pidió que se abrieran diligencias previas. Y el Ejecutivo de Sánchez anunció el 5 de julio que se activara el protocolo anti acoso de la Administración General del Estado. Este protocolo, publicado en el Boletín Oficial del Estado por Real Decreto 247/2024 del 8 de marzo, establece los mecanismos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos.
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