La reacción política del Gobierno tras la exclusiva publicada este martes por Artículo14, en la que se informó de una comida entre la ministra portavoz Pilar Alegría, y quien fuera uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno, Paco Salazar, tuvo lugar durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Los periodistas preguntaron a la ministra de Educación por este encuentro, que se produce cuatro meses después de que las denuncias por casos de acoso -a través de eldiario.es- presentadas por mujeres que trabajaron para él terminaran con la dimisión de quien iba a ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización.
Por su parte, la ministra afirmó que dicha comida se “circunscribe al ámbito privado”, y fuentes del Ejecutivo informaron después de que el Gobierno no había abierto ninguna investigación contra Salazar. Es más, se informó de que el Ejecutivo de Sánchez instó a que las mujeres denunciantes utilizaran el canal de denuncias interno del partido para poder tomar cartas sobre el asunto, ya que al ser las denuncias presentadas a través de los medios, no tenían modo de hacer averiguaciones.
Lo cierto es que fue el propio Salazar quien pidió que se abrieran diligencias previas. Y el Ejecutivo de Sánchez anunció el 5 de julio que se activara el protocolo anti acoso de la Administración General del Estado. Este protocolo, publicado en el Boletín Oficial del Estado por Real Decreto 247/2024 del 8 de marzo, establece los mecanismos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, en el ámbito de la Administración General del Estado y de los organismos públicos.
Lo cierto es que han pasado cuatro meses y nada se sabe del caso. El partido también informó de la posibilidad de abrir un expediente informativo a Salazar, de lo que ni el partido ni el Gobierno han informado.
Fuentes de Ferraz en conversación con este medio aseguran que el procedimiento del partido “es muy garantista”, y que “No hay conclusiones del mismo hasta que no finalice”.
Lo que dijo el Gobierno tras publicarse las denuncias
“La Secretaria General de Presidencia ha puesto en marcha los mecanismos establecidos para esclarecer los hechos conocidos esta mañana y determinar si procede la activación del protocolo de actuación frente al acoso sexual”, aseguraron fuentes de Moncloa el pasado mes de julio, y matizaron que, hasta la fecha, “ningún empleado o empleada ha solicitado la activación de dicho protocolo”.
Las mujeres dudan de que se respete su anonimato en los canales internos
Tras el caso Salazar, el Ejecutivo de Sánchez informó de que Presidencia impartiría unos cursos, a los que los trabajadores podrían asistir de manera voluntaria pese a que el Real Decreto 247/2024 establece que deben ser obligatorios, para motivar a las mujeres a presentar sus denuncias a través del protocolo de acoso. Este medio contactó con algunas de las mujeres que asistieron a dichos cursos ofrecidos en septiembre, y aseguraron que seguían desconfiando de los mismos.
Lo que dice el protocolo
Según detalla el protocolo, el ámbito de aplicación incluye todo el personal de la AGE -Administración General del Estado-, por lo que es de obligatorio proceder dejar constancia por escrito de la activación del protocolo por parte de la víctima, el deber del personal público de poner en conocimiento los casos de acoso que conozca, la garantía de un “mecanismo sencillo” que garantice la confidencialidad, el trámite de las notificaciones de acoso que deberá hacer la Administración sin “generar desprotección a la víctima” y la conclusión del caso, “a la mayor celeridad posible”.
cursos protocoloUna vez concluida la investigación por la asesoría confidencial, el informe se remitirá a las partes y a Recursos Humanos. La persona titular de la Subdirección General de Recursos Humanos o la persona titular de la Abogacía General del Estado “resolverá lo que proceda”. Y es aquí donde se abre la duda de que se pueda guardar la imparcialidad de criterio, ya que si se está en desacuerdo con el informe, habrá un plazo de 10 días para presentar alegaciones, y el comité de asesoramiento lo integrarán miembros de Presidencia y de la Abogacía General del Estado. Es por este motivo que las víctimas desconfían de que se mantenga su confidencialidad. Así, el Ejecutivo asegura que las investigaciones aún no están terminadas.
La relación de Alegría con Salazar
La ministra portavoz del Ejecutivo defendió a Salazar en un primer momento al salir a la palestra los casos denunciados. Le definió como una persona “íntegra”, y después matizó su mensaje al conocerse su cese, que tachó de “paso necesario”. Este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo, afirmó que el encuentro “se circunscribe en el ámbito personal” con una persona que conoce “desde hace muchos años”, al que no veía desde hace tiempo. Fuentes del Ejecutivo añadieron que “escuchar” a una persona no implica “avalar su comportamiento”.