Tras diez días en libertad provisional, Leire Díez aún “sigue desconcertada” por las tres noches que pasó en los calabozos de Tres Cantos. Cree que fue una “absoluta desproporción” mantenerlos privados de libertad tantas horas cuando los registros de sus domicilios se produjeron a las horas de su detención. Así lo trasladan fuentes de su entorno directo a Artículo14, que habla de una “venganza” por parte de la Guardia Civil.
La causa abierta en la Audiencia Nacional parte de una querella de Fiscalía Anticorrupción, que dio orden de detener a Díez junto a Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Además, en la primera oleada de diligencias, se realizaron diecinueve registros en distintas provincias de España y también requirieron expedientes en el ministerio de Transición Ecológica, en Correos y en organismos dependientes del ministerio de Hacienda.
El juez Santiago Pedraz prorrogó un mes el secreto hasta el 18 de enero, y también mantiene el bloqueo de las cuentas de los tres detenidos. Quedan diligencias por hacer en la operación, que se producirán en los próximos días, según informan fuentes de caso.
Hirurok
En concreto, se persiguen presuntas mordidas por el amaño de diferentes contratos públicos. Los investigadores sospechan que los tres detenidos acordaban a través de un chat llamado Hirurok -Nosotros tres en euskera– la intermediación en adjudicación de contratos en organismos públicos dependientes de la SEPI a cambio de contraprestaciones. En total, hay cinco contratos bajo la lupa valorados en 133 millones de euros y los investigadores sospechan que se pudieron llevar hasta 750.000 euros en mordidas.
Pero Leire Díez niega la mayor, según fuentes de su entorno. Sobre este chat, lo que trasladan a Artículo14 es que usaban esa aplicación de mensajería encriptada (Threema) para hablar “de fútbol principalmente”. “Era un grupo de amigos”, subrayan. Además, desmienten que Díez conociera a Fernández cuando presidía la SEPI y ella era jefa de comunicación de Enusa, empresa dependiente de este organismo.
Díez solo tuvo dos encuentros con Fernández, según su entorno: “En la copa de Navidad de ENUSA y en una visita que éste hizo a la planta de Juzbado”.
Lo más relevante de lo que trasladan fuentes próximas a Díez es que, en su opinión, todo se trata de “una venganza” de la Guardia Civil para involucrar en la presunta trama de corrupción a la vicepresidenta María Jesús Montero, por la cercanía que esta tuvo con Fernández. “Quieren cercar a Montero”, subrayan estas fuentes.
El entorno de Díez admite que actualmente mantiene una relación de “amistad” con el que fuera responsable de la SEPI pero que ha hablado con él desde su detención. Sitúa el inicio de esa relación en la imputación de Vicente Fernández en 2019 por la adjudicación del contrato de explotación de la mina de Aznalcollar.
El caso Aznalcóllar y Antonio Balas
La empresa Emerita Resources denunció irregularidades en el concurso. Fernández estuvo imputado junto con otras quince personas por haber ostentado el cargo de secretario general de la Consejería de Innovación, Industria y Energía. Se sospechaba que habían podido influir en la concesión ilícita de la explotación de la mina. Pero este mismo diciembre, días antes de su detención ,el caso se archivó.
Díez conocía bien esa empresa porque el Gobierno de Cantabria -comunidad en la que desarrolló una breve carrera política- había rechazado una prórroga con la misma compañía. Aseguran las fuentes consultadas que ahí se entabló una relación que se extendió durante años, y que implica también a Alonso.
La investigación de Aznalcóllar fue dirigida por el jefe de la UCO, Antonio Balas, y dice el entorno de Díez que “todo es una venganza” después del archivo de la causa y de que hayan salido sus audios intentando sacar trapos sucios del teniente coronel a imputados en la causa de los hidrocarburos. Audios que se encuentran judicializados en otra causa contra Leire Díez que se instruye en los juzgados de Plaza Castilla.
Así ls cosas, Díez traslada que”no tiene nada que ver con Mediaciones Martínez”, la empresa que según la UCO utilizaron los tres para vehicular las mordidas. También relatan las mismas fuentes que se quedó “estupefacta” cuando leyó que parte de las mordidas las habían invertido en bienes inmobiliarios en Jaca. Sabía que Fernández tenía pisos en Marbella, pero desconocía esta otra pata.
“Ella tiene ganas de dar explicaciones y no lo hizo ante el juez porque ni si quiera su abogada había tenido acceso a la causa”, rematan desde su entorno, en la conversación mantenida con este periódico.
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