Las supuestas adjudicaciones amañadas y las mordidas que investiga la Audiencia Nacional en una nueva causa secreta salpican al Ministerio de Transición Ecológica. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil requirieron al departamento documentación relacionada con una de las empresas que aparecen en la trama. Papeles que se rubricaron cuando en la cúspide del Ministerio se sentaba la hoy comisaria europea Teresa Ribera.
En un nuevo giro de los acontecimientos, la UCO detuvo este mes a tres personas: a la exmilitante socialista, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario y amigo de Santos Cerdán, Antxon Alonso. Horas después de los arrestos, los agentes iniciaron registros en varias provincias. Entre ellos, practicaron dos en dos sedes (Madrid y Zaragoza) de la empresa aragonesa Forestalia. La Guardia Civil atribuye a esta compañía el presunto pago de 200.000 euros a la trama para contar con la influencia de los sospechosos. De esa forma, Forestalia habría accedido en 2022 a un préstamo de 17,32 millones de un fondo de la SEPI.
Aquel préstamo se concedió a una filial de Forestalia dedicada a la fabricación de pellets. Por el momento no ha trascendido mucho más, ya que la investigación está bajo secreto de sumario. Sí se han sabido dos cosas. Una: la UCO cifra el amaño en cinco contratos públicos en 133 millones de euros. La otra: los agentes están investigando todas las tramitaciones ambientales que el Ministerio de Transición Ecológica cursó para el despliegue de renovables (parques eólicos y solares) de Forestalia, lo que eleva la presión en el Ministerio bajo la etapa de Ribera.
Expedientes bajo la lupa
Transición Ecológica es competente para tramitar las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos renovables si son superiores a los 50 megavatios. A los pocos días de conocerse que la UCO cotejará esas tramitaciones, El Español y El Mundo publicaron la acusación de un grupo de funcionarios que señalaban al entonces subdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, por supuestamente pedir que se aprobaran los proyectos que llegaran de Forestalia. Domínguez rechazó tal extremo: “En absoluto se favoreció a nadie”, resumía. “Había un tapón muy importante”, y el funcionario, ya jubilado, explica que asumió proyectos para delegarlos en Tragsatec, subcontratada para tal fin.
No se conocen todavía sus conclusiones, pero la investigación de la UCO sobre las DIA del Ministerio ya está sembrando dudas en el sector. Incluso en algunas de sus operaciones más sonadas, como la compra de 2.000 MW en plantas solares de Forestalia por parte de Bruc Energy. Bruc es una firma participada por el ex-CEO de FCC, Juan Béjar. El acuerdo con la compañía aragonesa, sellado en 2021, estipulaba que la compra de plantas se iría ejecutando conforme Forestalia las dejara ready to build, listas para construir. Es decir: con el informe de impacto ambiental positivo por parte de Transición Ecológica. La operación se saldó en más de 1.000 millones de euros.
La sombra de la sospecha también se alarga sobre el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico de España. Fue planteado en esta comarca de Teruel por Forestalia, aunque ahora el propietario es un fondo danés. La iniciativa obtuvo el aval del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuando Javier Lambán presidía Aragón. En 2022, el Ministerio emitió una DIA favorable. Plataformas sociales muy críticas con el proyecto, como Paisajes de Teruel, aseguran que la comunidad no remitió al Ministerio informes técnicos desfavorables. El colectivo presentó una demanda contencioso-administrativa en julio, pero ahora sopesa llevar el caso a lo penal.
Autopistas eléctricas
Antes del giro que tomara el caso Leire Díez, algunas informaciones ya situaban a Cerdán y a Antxon Alonso como intermediarios ante el Ministerio de Transición Ecológica en otras causas. De hecho, la UCO habría cometido un error al señalar a un cargo del Ministerio como contacto en la trama de los hidrocarburos. Según la investigación, los socios (Cerdán volvía a negar esta semana en el Senado su participación en Servinabar) habrían influido para desatascar trámites en el Ministerio, en contacto con el equipo de la entonces ministra Ribera. De ser así, no siempre tuvieron éxito.
Forestalia también ha vivido diversos reveses. A veces, con el Ministerio de Transición Ecológica a su lado. A veces, con el Ministerio en contra. Un ejemplo de lo primero es la autopista de alta tensión entre Aragón y el País Vasco, que puso en pie de guerra a las comunidades autónomas, que acusaban al Ministerio de “nocturnidad y alevosía” avalando el proyecto con su DIA. Finalmente Forestalia desistió en marzo de este año de construir este aliviadero. La sucesora de Ribera, Sara Aagesen, ha sido la encargada de dar carpetazo a esta y a algunas infraestructuras similares que concitaron el mismo rechazo.
No sucedió lo mismo en el diseño de otras líneas de muy alta tensión (MAT), el nombre técnico que reciben estas autopistas. En una intervención en el Congreso de 2021, Ribera, todavía como ministra, reconocía que algunos proyectos, como el que se propuso entre Valmuel (Teruel) y Begues (Barcelona), le llamaban “la atención”. Para Ribera tenía “mucho más sentido” que las renovables evacúen en nudos próximos, y no a cientos de kilómetros. Finalmente, Cataluña vetó varias autopistas de Forestalia porque ERC le arrancó ese compromiso a Salvador Illa en su investidura.
El riesgo en Bruselas
La UCO parte del préstamo de 17,32 millones que recibió la filial de Forestalia, Arapellet, con cargo al Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) de Sepides, empresa del grupo SEPI. Pero los hallazgos que los agentes realicen podrían comprometer la continuidad de Teresa Ribera en la Comisión Von der Leyen. Por el momento estas noticias no han llamado la atención en Bruselas, que sigue llamando la atención por la falta de actividad en materia de competencia por parte de la comisaria española. Ribera es la comisaria de Transición Limpia, Justa y Competitiva, pero asume también la cartera con las políticas de competencia.
Tampoco existen muchos precedentes de comisarios europeos forzados a dimitir por escándalos de corrupción. Estos años han dimitido comisarios como el francés Thierry Breton (2019), por desavenencias con Ursula von der Leyen; o Jonathan Hill (2016), el británico insatisfecho con el resultado del referéndum del Brexit.
Hay que remontarse a 2012 para recoger el caso del maltés John Dalli, quien fuera comisario de Salud. Una tabaquera denunció que un empresario también de Malta se estaba beneficiando de sus contactos con Dalli durante la reforma de la regulación del tabaco. La oficina antifraude comunitaria no encontró pruebas sólidas contra Dalli, pero sí concluyó que era consciente de lo que había sucedido, lo que le llevó a dimitir. España es un país clave en la composición de la actual Comisión: Ribera es una de las vicepresidentas. Pero en función de lo que acaben descubriendo los agentes de la UCO, el caso de Dalli puede reverberar en el presente.