“Nosotros tres”. Es el significado de la palabra euskera Hirurok, el nombre del grupo que tenían Leire Díez, la fontanera del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la SEPI; y Antxon Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán.
Según el auto de apertura de diligencias contra Fernández al que ha tenido acceso Artículo14, la trama podría “haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública” para obtener “el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones”. Lo hacían “adoptando medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones”.
En concreto, la investigación pone el foco en cinco contratos públicos en los que los tres “habrían desplegado sus capacidades, obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos”, reza el auto, apuntando a posibles futuras imputaciones de otros cargos públicos implicados.
Las cinco operaciones puestas bajo la lupa están cuantificadas en 133 millones de euros públicos que consiguieron para sus empresas afines a cambio de comisiones que ascenderían como mínimo a 732.000 euros, según los cálculos de los investigadores.
Mordidas que habrían canalizado a través de una empresa instrumental llamada Mediaciones Martínez entre los años 2021 y 2023. Años, subraya el auto, en los que Fernández estuvo contratado por Servinabar, la empresa de Antxon Alonso sobre la que se sospecha que Santos Cerdán tenía gran poder de decisión.
De hecho, hay una causa abierta en el Tribunal Supremo en la que Cerdán y Alonso están imputados por el amaño de obra pública a través de Servinabar. Se sospecha que canalizaron mordidas de hasta 6,7 millones de euros.
En lo que respecta a Hirurok, el dinero obtenido lo habrían canalizado los tres imputados en inmuebles en Jaca y Marbella como “inversiones comunes” compartidas. Pero también se llevaron cada uno su parte individual cuyo “volumen y forma de ingreso variaron según la persona”.
En el caso de Fernández se sospecha que se benefició con 49.350,00 euros a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo, sin contar con el sueldo que ganó en Servinabar: 128.092,80 euros.
Operaciones amañadas
En primer lugar, la trama “intermedió”, según el lenguaje utilizado por ellos, en el rescate de la compañía Tubos Reunidos, que se benefició con 112,8 millones de euros públicos a cambio de 114.950 euros en mordidas. También Servinabar consiguió un contrato público de Mercasa, entidad pública que vertebra la cadena alimentaria en España.
Los investigadores apuntan a que Hirurok, en contacto con cargos públicos, usaron la excusa de necesitar cambiar la sede de la compañía. Así consiguieron un contrato de 18.119 euros por realizar un informe técnico de las oficinas de la sede central de MERCASA “cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede”. Dossier que el auto tilda de “innecesario” y “mendaz” en su contenido.
Por otro lado, consiguieron que la entidad pública Parque Empresarial
Principado de Asturias concediera una adjudicación de 2,8 millones a ErriBerri, una compañía afín a la trama que les compensó con 400.000 euros “a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales”, señala el auto.
Además, están puestos en el foco pagos de la empresa Enusa, para la que trabajó Leire Díez, a favor del despacho Carrillo y Montes. Acciona estaría interesada en tres adjudicaciones y el grupo de los tres junto a directivos de Enusa “habrían ideado un plan para viabilizar esta operación y, además, obtener un redito económico”, utilizando el asesoramiento jurídico del despacho Carrillo y Montes. Realizando esta gestión introdujeron sobrecostes “cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, habrían sido canalizados hasta sociedades de la órbita de Hirurok”, explica el texto.
Por último, está bajo la lupa de los investigadores una ayuda realizada por SEPIDES, organismo público dependiente de la SEPI, valorada en 17,32 millones para Forestalia a cambio de 200.000 euros de comisión.
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