La causa contra Leire Díez se ampliará en los próximos días

Tras tres noches en un calabozo de la Guardia Civil, Leire Díez “está regular”, según fuentes jurídicas. Quedó en libertad junto con los otros dos detenidos y salió por la rampa del garaje de la Audiencia Nacional con el rostro tapado por la capucha del anorak que llevaba. No se esperaba la detención de este miércoles y tampoco tiene muchos más datos de la segunda causa que se ha abierto contra ella. Por eso, su abogada decidió no contestar a las preguntas del juez Antonio Piña y la fiscal Elisa Lamelas. Según fuentes jurídicas presentes en la vista, su abogada se quejó de que apenas había podido hablar con la imputada cinco minutos y explicó que no iba a declarar sin conocer los hechos que se le imputaban.

El juez Piña siguió con rigor el secreto de las actuaciones. Solo explicó que tienen que ver con contratación pública entre los años 2021 y 2022. Según fuentes presentes, el magistrado fue muy serio con el hermetismo y advirtió a los detenidos que no podían hablar con nadie, ni si quiera entre ellos. Dejó claro que solo hablaran con sus letrados so pena de endurecer las medidas cautelares que interpuso este sábado: retirada de pasaporte y comparecencia cada quince días en sede judicial.

Comisiones ilícitas

La causa indaga en una presuntas comisiones ilícitas que habrían cobrado por contratación pública amañada. El magistrado advirtió a los tres detenidos, según las mismas fuentes de que en los próximos días se practicarán más diligencias y habrá más imputados.

Confirmó el juez Antonio Piña que la entrada y registro de los dos domicilios de Leire Díez los motivó una presunta comisión de 21.000 euros que trataron de tapar con la venta de un coche de segunda mano que la fontanera del PSOE traspasó a otro de los detenidos, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.

Fernández sí declaró a las preguntas del juez y la fiscal. Negó que hubiera cometido delitos en la contratación pública y reconoció que trabajó para Servinabar la empresa del otro detenido, Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán, el ex secretario de Organización socialista imputado por el amaño de obra pública en el Tribunal Supremo. Reconoció haber estado vinculado a la compañía después de su paso por la SEPI, pero negó que hubiera nada irregular. Salió también por la rampa del parking de la Audiencia Nacional sin el acompañamiento de su letrada.

Cabe recordar dos aspectos importantes sobre Fernández. Acaba de dejar de estar imputado en un procedimiento que lo investigó por la presunta adjudicación ilícita de la mina sevillana de Aznalcóllar, en Sevilla. Estaba investigado junto a otros 15 altos cargos de la Junta de Andalucía de Susana Díaz por haber sido el secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo.

De otro lado, coincidió con Leire Díez laboralmente cuando fue presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) porque en ese tiempo Díez era jefa de comunicación de Enusa, dependiente de la SEPI.

Por su parte, Alonso también se acogió a su derecho a no declarar. Salió mucho más tranquilo por la rampa de la Audiencia Nacional. Está también imputado en la causa del Tribunal Supremo que investiga presuntas adjudicaciones pública amañadas asociadas a Santos Cerdán vehiculadas a través de la empresa que gestionaban juntos. Los agentes sospechan que ingresó 6,7 millones de euros de Acciona como posibles mordidas.

La vinculación con Cerdán

La causa mantiene en vilo al PSOE por la vinculación de Leire Díez con Cerdán y por la cantidad de registros y requerimientos realizados por la UCO en la empresa pública. En total se han realizado 19 registros en el marco de esta operación en diferentes provincias. También han requerido expedientes en el ministerio de Transición Ecológica, en Correos donde Leire trabajó y en organismos dependientes del ministerio de Hacienda, liderado por la vicepresidenta del Gobierno, Maria Jesús Montero a quien se le asocia con Fernández por su etapa en la política andaluza.