Investigación

Santos Cerdán, nexo de unión entre Leire Díez y el expresidente de la SEPI

La UCO prevé más arrestos en la operación contra Díez por contratos públicos amañados. La fontanera del PSOE pasa la noche en los calabozos de Tres Cantos

Santos Cerdán - Política
Santos Cerdán a su llegada al Tribunal Supremo
Kilo y Cuarto

Miércoles complicado para el Partido Socialista en lo judicial. Otro más. En esta ocasión por culpa de la ya famosa fontanera de Ferraz, Leire Díez. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, le ha detenido en el marco de una operación bajo secreto de sumario que tiene que ver con la contratación pública, según informan fuentes policiales. No solo a ella, también han detenido al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y se esperan más detenciones a lo largo de este jueves.

El caso ha recaído en el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Será el juez Antonio Piña quien les tome declaración cuando pase a disposición judicial. Una causa completamente diferente a la instrucción que Leire Díez tiene abierta en los juzgados de Plaza Castilla por cohecho y tráfico de influencias. Paradójicamente, allí se le investiga por buscar trapos sucios en nombre del PSOE de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, los que hoy han ordenado su detención.

En esa causa se atribuye a Leire Díez un “plan delictivo” para intentar “desacreditar a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción” en aras de anular determinadas causas judiciales que “afectan a políticos y empresarios”. Su modus operandi era presentarse en nombre del PSOE, de Santos Cerdán o incluso de Pedro Sánchez para presumir que tenía influencia y prometer trato preferente a sus interlocutores en las causas judiciales que tenían abiertas.

Leire Díez (c), a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla este lunes.
EFE/Mariscal

Vinculación con Santos Cerdán

La nueva causa tendría que ver con la contratación pública, y los dos detenidos habrían tenido vinculación laboral en el pasado en el sector público. Vicente Fernández fue el presidente de la SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, entre junio de 2018 y octubre de 2019. Se trata del holding que aglutina todas las empresas públicas (Correos, Navantia, etc) y donde el Estado tiene participaciones en determinadas compañías por considerarse estratégicas. Casualmente, Leire Díez trabajó en ENUSA entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 una empresa pública que depende de la SEPI que se dedica a la energía nuclear.

Ambos también tendrían alguna vinculación con Santos Cerdán. Leire Díez se presentó ante algunos de sus interlocutores como “la mano derecha de Cerdán” y cuando fue a dejar su carné de militante del PSOE se reunión con el que era todavía Secretario de Organización. Aunque ante el juez desmintió estas acusaciones y dijo que solo se reunió dos veces con Santos Cerdán para trasladarle el resultado de sus indagaciones sobre la UCO que realizaba, según sostiene, como periodista de investigación.

La exmilitante socialista Leire Díez.
Javier Cuadrado

Por su parte, Fernández habría estado contratado por Servinabar entre 2021 y 2023, la sociedad en la que, según la UCO, Cerdán tenía gran capacidad de decisión y que se usó presuntamente, para conseguir contratos amañados de obra pública junto con Acciona. En total, la UCO calcula que Acciona pagó 6,7 millones de euros a Servinabar por estas adjudicaciones públicas aunque no haya quedado acreditado cuál era la función concreta de la empresa propiedad del amigo de Cerdán, Antxón Alonso.

Fernández fue llamado a declarar en la comisión Koldo del Senado, fue preguntado por las funciones que realizó como director comercial de Servinabar y si pagaba un piso en Madrid a Leire Díez. Sin embargo, se negó a declarar por estar imputado en el “caso Aznalcóllar”. Una causa que inició una empresa que perdió el concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. Pedían a Fernández penas de prisión de hasta ocho años por supuestamente, manipular la concesión junto con otros altos cargos. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla archivó el caso hace apenas unas semanas por no encontrar irregularidades en el concurso.

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