Caso Leire Díez: la UCO aún no ha desentrañados sus dispositivos

Leire Díez fue detenida en diciembre junto al ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario y amigo de Santos Cerdán, Antxon Alonso, en diciembre de este año. Pasaron tres noches en un calabozo mientras la UCO de la Guardia Civil registró todas sus propiedades y se incautó de todos sus dispositivos.

Tres meses después, la UCO aún no se ha puesto a desentrañar todo ese material. Según fuentes autorizadas del caso, los agentes están atascados “con todo lo que tienen” sobre la mesa, en referencia a las distintas investigaciones en curso, desde el denominado caso Koldo al rescate de Plus Ultra. Y de ahí que el juez Santiago Pedraz vaya a mantener bajo secreto las actuaciones “al menos hasta el 9 de abril”, según ha podido saber este periódico.

En un auto al que ha tenido acceso este periódico, Pedraz ha delimitado a la UCO aquello que debe analizar. Ordena a la Guardia Civil “que presente en este Juzgado todos los efectos originales intervenidos en dicho registro, así como copia de trabajo de los mismos absteniéndose dicha Unidad de utilizar el contenido de tales dispositivos en tanto no se haya realizado un expurgo de su contenido”.

Lo hace a petición de la abogada de Leire Díez, que a través de un escrito solicitó “el expurgo de todas las actuaciones procesales, documentación e información que haya podido obtenerse fuera del periodo temporal 2021-2023, habida cuenta de que los hechos objeto de investigación datan única y exclusivamente de dichos años”.

La letrada defiende que, de no delimitar el periodo de la investigación, se estaría incurriendo en una investigación prospectiva y, por tanto, ilegal en nuestro sistema de derecho que impide investigar a un individuo de manera genérica con el objetivo de encontrar algo ilícito.

Para Leire Díez, este movimiento es “una victoria” porque el juez deja fuera toda aquella información relativa la Policía patriótica y las denominadas cloacas del PP. “Es lo que de verdad interesaba a la UCO tener”, asegura a Artículo14. Según su versión, el contenido de ese periodo alberga el grueso de lo que quiere publicar en su libro. “Lo incautaron con la intención de reventar la información”, dice.

De hecho, el escrito de la abogada reclama dejar fuera especificamente la información relativa a estas fechas: “Se incautaron incluso las agendas de 2025 de la Sra. Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con dichos hechos”.

En el auto de apertura de la investigación, los tres imputados fueron informados que se les investigaba por una trama de supuesto amaño de contratación pública entre los años 2021 y 2023.

Todo parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores sospechan que los tres imputados acordaban a través de un chat llamado Hirurok -Nosotros tres en euskera– la intermediación en adjudicación de contratos en organismos públicos dependientes de la SEPI a cambio de contraprestaciones.

En total, hay cinco contratos bajo la lupa valorados en 133 millones de euros y los investigadores sospechan que se pudieron llevar hasta 750.000 euros en mordidas. Por ello, se les imputan delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos, pertenencia a organización criminal y prevaricación administrativa.

Pese a estas sospechas, Díez sostiene que el grupo Hirurok es un grupo de amigos y que no se hablaba de mordidas porque no las hay. En declaraciones a este medio, asegura que la UCO “no va a encontrar nada que la incrimine”. “Tengo lo mismo que ver con eso que con la física cuántica”, zanja.

Asimismo, su abogada en el escrito pedía que se desbloquearan las cuentas bancarias que ha bloqueado el juez de sus familiares. Díez cree que “todo ha sido de traca”. “Solo hay movimientos propios de una joven, como pedidos en Glovo, bizums por cafés, comidas o ropa, o el ingreso de una nómina de apenas 400 euros por trabajos esporádicos y temporales propios de una estudiante universitaria”, denuncia el escrito.