La semana horribilis para el Gobierno tiene múltiples derivadas, entre ellas las que afectan directamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Desde su puesto como número dos del Ejecutivo, sabe que medidas como la oferta de condonación de deuda a las comunidades autónomas le ayudan a pavimentar su camino como candidata a las elecciones andaluzas.
El problema es que los escándalos de estos días, bien por su rol como número dos del PSOE, bien por los galones de ministra que ostenta desde 2018, minan esta senda. Y serán utilizados por la oposición para intentar desgastarla.
Entre estos fuegos, destaca la inacción ya asumida por su partido ante las denuncias por el supuesto acoso sexual perpetrado por Paco Salazar, exalto cargo de Moncloa y exdirigente socialista. En algunos medios se han recogido supuestos comentarios de la vicepresidenta abroncando a figuras de su formación por exponer los comportamientos de Salazar. En su entorno niegan la mayor: “Es falso”.
Montero ha reconocido públicamente los errores de su partido con estos casos. Y entre los suyos han señalado que difícilmente habría podido producirse un retraso de cinco meses en investigar las denuncias, y una amenaza de carpetazo, sin el aval de Sánchez, la propia Montero o la secretaria de Organización, Rebeca Torró.
El propio Pedro Sánchez ha negado que hubiera “connivencia” con el denunciado, y en Ferraz intentan zanjar este crisis de una vez por todas. De hecho, este viernes comparecerá la propia Torró para trasladar las conclusiones de la comisión antiacoso del partido sobre las dos denuncias registradas. Horas después se celebrará una reunión en la sede socialista con las responsables del área de Igualdad (en el Parlamento y en los territorios), para intentar calmar las aguas.
Además, como secretaria general del PSOE andaluz, Montero se ha visto salpicada por la denuncia por supuesto acoso contra el concejal y líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, ya suspendido provisionalmente de militancia y con un expediente abierto.
Como informó este medio, la denuncia pasó inicialmente por la dirección provincial y después por la dirección regional de Montero. Después escaló al comité antiacoso a nivel federal, sin que nadie actuara. Permaneció en el limbo desde junio. Cuando la denunciante, también concejal, llevó el caso a la Fiscalía, ésta abrió diligencias, y sólo entonces hubo respuesta por parte del partido.
Fernández trabajó en la empresa del caso Cerdán
El último golpe se produjo el miércoles, con la detención del que fuera uno de sus hombres fuertes, Vicente Fernández. A su llegada al Gobierno, Montero lo colocó como presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2018. Le destituyó en 2019, año y medio después, tras conocer su imputación en la causa judicial por la concesión de la mina de Aznalcóllar, por la que fue absuelto esta misma semana.
Antes había ocupado cargos en la Junta de Andalucía, entre ellos el de Interventor General, dentro de un ente adscrito a Hacienda, entonces en manos de la actual vicepresidenta primera. Después de dejar la SEPI, trabajó para la navarra Servinabar, la empresa de Antxon Alonso -detenido este jueves- y supuestamente también de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE hoy investigado por supuesta corrupción.
Es la empresa que habría recibido comisiones “del 2% neto” de lo facturado por Acciona, según la UCO, por adjudicaciones que hoy están bajo sospecha de amaño. Servinabar está en el corazón de la investigación del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre las supuestas mordidas de Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
Fernández fue detenido el mismo día que Leire Díez, exmilitante socialista y supuesta fontanera de Ferraz, en el marco de una causa secreta que impulsa la Audiencia Nacional, ambos por posibles delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Díez, a su vez, está siendo investigada por su presunta búsqueda de informaciones contra figuras de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
El Gobierno pide no dar “por hecho” que la detención tenga que ver con su papel en la SEPI
El jueves, en el Congreso de los Diputados, Montero se mostró “sorprendida” y “dolida” por esta detención. Y afirmó que no ha tenido “ningún contacto con este señor” desde que lo destituyó. “Él estuvo escasamente año y pico en SEPI”; “no tengo ni idea de lo que estaba haciendo este señor [a posteriori]”, explicó.
Después de que la vicepresidenta marcara distancias con Fernández, fuentes del Gobierno pidieron no dar “por hecho” que la causa contra él “tenga que ver” con posibles delitos cometidos durante su paso por la SEPI. “No se sabe si la investigación tiene que ver con la SEPI”, ; estuvo “muy poco tiempo”, apostillaron.
La Presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la que dependen todas las empresas con participación del Estado, se trata de una posición particularmente sensible. Durante toda la jornada se produjeron registros en varias empresas controladas por la SEPI. En el Ejecutivo dicen no tener constancia de la información requerida a estas empresas.
Esta investigación ha contribuido, de nuevo, a opacar los esfuerzos de Moncloa por poner el foco en su propia agenda, por mantener la iniciativa política. La tercera caída de una senda de déficit de Montero en lo que va de legislatura, en el Congreso de los Diputados, casi pasaba desapercibida. El Ejecutivo estaba en todas las portadas por los escándalos que le persiguen.
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