El Gobierno ha apuntado que va a aprobar un Real Decreto-ley este viernes con las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Irán en el que se inclina por excluir medidas sobre vivienda para que no peligre el voto de Junts. Pero la procesión va por dentro. En el seno de la coalición se vive un enfrentamiento con el que pueden simpatizar otros socios sobre el precio de los alquileres que amenaza la viabilidad del Decreto.
Ante la presión de Sumar, el ala socialista del Gobierno se abre a topar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el 26 de mayo de 2023.
Los contratos de arrendamiento anteriores a esta normativa se actualizan con el IPC interanual, que en febrero se situó en el 2,3%, mientras que los posteriores se actualizan con el índice para alquileres que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en febrero subió al 2,16%.
Son 630.000 los contratos de alquiler que finalizarán en 2026 y otros 600.000, un año después, afectando en total a casi tres millones de personas, un dato difundido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a partir de la última Encuesta de Condiciones de Vida.
El tope extraordinario del 2% que proponen los socialistas y que ha avanzado Efe ya se aprobó en 2022 -vinculado a la guerra de Ucrania– y estuvo vigente, mediante prórrogas, durante 21 meses, hasta finales de 2023.
En Sumar, se mantienen en la misma posición que ya manifestaron cuando el Gobierno anunció penalizaciones en el IRPF para los caseros que incrementen las rentas: sólo aceptarán una congelación generalizada de los alquileres, además de la prohibición de desahucios a personas vulnerables
El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, también ha declarado que van a presionar para que el decreto incluya “medidas de vivienda para poder proteger a las familias trabajadoras en España, para impedir que la crisis de vivienda que vive la gente trabajadora se vea agravada en este contexto de alzas de precios”.
El plan del ala socialista
A la espera de cómo se sustancie esta pugna, el Gobierno se ha inclinado por excluir medidas sobre vivienda para que no peligre el voto de Junts. Es lo que se trasluce de los planes del Ejecutivo tras el Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes, en el que se ha aprobado la autorización para liberar hasta 11,5 millones de barriles de petróleo para moderar el impacto del conflicto.
Se perfila entonces un primer paquete de rebajas fiscales a carburantes y electricidad, como ha avanzado Artículo14, en el que la ausencia de iniciativas relativas a la vivienda y los desahucios no sólo atraería a los de Carles Puigdemont, sino que incluso podría lograr que el PP dé su aprobación.
El Ejecutivo quiere convalidar el Real Decreto-ley el jueves 26 de marzo, a pesar de que dispone de un mes, porque ya dispondría de apoyos que no querría perder. Fuentes de Economía señalan que creen el momento idóneo para validar este paquete, y destacan que es importante acertar con los tiempos de las medidas, además de en el contenido e intensidad de éstas.
Las medidas serán presentadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien comparecerá este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario para informar del plan integral de respuesta a las consecuencias de la guerra en Irán.
“Será proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad”, ha sostenido la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Según la portavoz del Ejecutivo, este plan también contará con flexibilidad suficiente para ir “adaptando y adoptando” las medidas a la evolución de la situación.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha dado a entender que el plan no incluirá medidas de vivienda, pese a las peticiones de Sumar y otros socios parlamentarios, aunque no lo ha descartado claramente y ha remarcado que se trata de un área prioritaria y una preocupación compartida con sus socios de Gobierno.
“Irá tanto a proteger a ciudadanos y a empresas en el corto plazo ante el impacto de esta guerra como también a prepararnos para poder protegerlos ante futuros shocks”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pese a que su socio de Gobierno, Sumar, ha pedido incluir en el decreto la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027.
“Con respecto a vivienda o con respecto al IVA de los alimentos, estamos en unas circunstancias donde el perímetro de las medidas del Real Decreto-ley del viernes tiene que adaptarse al impacto que estamos observando”, ha señalado en la rueda de prensa el ministro de Economía.
En cualquier caso, Cuerpo ha enfatizado que la vivienda se trata de una preocupación compartida con sus socios de Gobierno y que es un área prioritaria en “para casi todos los ministerios” que se ven afectados por el impacto en este caso de la crisis de vivienda o por la necesidad de reforzar el acceso en condiciones asequibles a una vivienda para los ciudadanos.
El borrador: las medidas de carburantes
atenderá la exigencia empresarial de que las iniciativas para contener el alza de los costes energéticos se estructuren a través de rebajas fiscales a los carburantes y la electricidad junto con ayudas directas a los sectores más afectados, como transportistas o agricultores en las que el Ejecutivo ha puesto este jueves el foco en la antesala de las elecciones de Castilla y León.
De esta forma, queda descartada la subvención de 20 céntimos sobre el litro de combustible articulada en 2022. Ésta ha sido una batalla liderada por los gasolineros y apoyada por la CEOE y el resto de sectores empresariales.
el borrador del paquete de medidas para rebajar la fiscalidad energética incluye para los carburantes una rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) de 10 céntimos al diésel y de 5 céntimos para la gasolina.
El diésel es el combustible que utilizan tres de cada cuatro vehículos en España y ya ha superado la barrera de los 1,8 euros por litro.
Esta rebaja era una petición empresarial y de fiscalistas ya desde la guerra de Ucrania, pero el Gobierno prefirió ofrecer la subvención de 20 céntimos por cada litro de gasolina, que arrancó en abril de 2022 generalizada y se restringió a profesionales en 2023. El conductor recibía un ticket que le recordaba que era una ayuda estatal.
Más ayuda al gasóleo profesional y de los agricultores
El paquete de ayudas directas alcanza a los sectores más impactados por la subida del gasóleo: transportistas y taxis y agricultores. Así se estudia elevar la devolución parcial del IEH del gasóleo profesional de los cinco céntimos actuales (0,049 euros) a 20 céntimos. Esta ayuda exclusiva para quienes usan gasóleo de uso profesional permite a los profesionales la devolución hasta un máximo de 50.000 litros por vehículo al año (camiones) y 5.000 litros (taxis). Para poder beneficiarse, los profesionales deben estar inscritos en un censo.
En el caso de los agricultores, se devuelve 0,06371 euros por litro sin limitación de consumo. En su caso, también se elevaría hasta 20 céntimos por litro.
A su vez, desde el Ministerio de Industria se articularán medidas para las empresas del gas.
Junto a estas, se incluirán medidas para proteger a los trabajadores “y que no haya que despedir a nadie”, en palabras textuales de Yolanda Díaz, que activará la prohibición del despido objetivo por la crisis y los ERTE RED.
Reducción de impuestos a la energía
El Gobierno prepara una batería de rebajas fiscales a la electricidad en el plan anticrisis por la guerra de Irán, entre las que destaca la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%. El borrador del Plan Anticrisis al que ha accedido Artículo14 así lo recoge, lo que se acompaña de una reducción del IVA del gas y de la leña.
El Ejecutivo prepara un Real Decreto-ley, que podría aprobar el martes 17 de marzo, con medidas para contener los efectos de la subida del petróleo en la economía española. Tras la fuerte subida del diésel, que ya supera de media los 1,836 euros, la primera batería incluirá un mayor descuento al gasóleo de transportistas y agricultores.
El Gobierno monitoriza la situación y también estudia la bajada del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5,5% al 2,5%. En este sentido, hay que tener en cuenta que al rebajarse la base del impuesto por la reducción del IEE -y del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que también está sobre la mesa- a su vez se reduce la cuota del IVA, que se calcula en un porcentaje sobre el precio.
Estas reducciones en el IVA y en el IEE permitirían implementar más bajadas si fuera necesario, por ejemplo, del 10% al 5% en el caso del primero, y al 0,5% del segundo.
A todo esto se añade la suspensión del Impuesto a la Generación Eléctrica del 7%. Un impuesto que no afecta de forma directa al consumidor, sino a las centrales que generan electricidad. No obstante, las empresas repercuten esta tasa de forma indirecta en el precio que los consumidores pagan por la energía consumida.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.