Madrid, marzo de 2022. Isabel Díaz Ayuso llevaba apenas un año gobernando con mayoría absoluta. Su liderazgo se convirtió en el elemento más incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez, para los nacionalismos de todo tipo, para la derecha más conservadora que no encontraba la manera de hincarle el diente, e incluso, aunque aún resulte sorprendente, ese liderazgo resultaba muy molesto para la cúpula del PP, dirigida por Pablo Casado y Teodoro García Egea.
De nada valió lo que sucedió unos meses antes, en mayo de 2021. Pablo Iglesias, cofundador de Podemos y vicepresidente del Gobierno, había renunciado a su cargo para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Estaba convencido de que podía derrotar a Ayuso y convertir esa batalla regional en el frente que definiría la política nacional. La apuesta le salió cara. Los madrileños respondieron con contundencia: Ayuso arrasó, e inmediatamente Pablo Iglesias anunció su retirada definitiva de la primera línea política. La presidenta madrileña acababa de librar a España de una de las figuras más polarizadoras de la era reciente, y lo había hecho en las urnas, sin atajos.
La guerra interna en el PP
Aquella demostración de fuerza fue la primera de cuantas siguieron después. Pocos meses después del triunfo electoral, el propio partido de Ayuso estalló por dentro. Pablo Casado, entonces líder del PP, le concedió absoluta credibilidad a una denuncia que tenía como protagonista al hermano de la presidenta, quien habría cobrado comisiones por intermediar en contratos de compraventa de mascarillas con la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Europea, abrieron sendas investigaciones para determinar si el hermano se había beneficiado de su posición familiar. Aquellas investigaciones serían posteriormente archivadas.
La guerra interna fue feroz. Casado fue defenestrado. Ayuso sobrevivió y contraatacó, también en los tribunales. Lo hizo a través de Alfonso Serrano, uno de sus principales escuderos en las filas del PP madrileño, que inició el aleteo de la mariposa que desataría la actual tempestad que tenemos ante nuestros ojos.
Aquel mes de marzo de 2022, Serrano presentó en la Fiscalía Anticorrupción con una carpeta llena de denuncias. Se trataba de una docena de contratos públicos, donde se arrojaban sospechas sobre familiares y allegados de miembros del Gobierno por haberse beneficiado de adjudicaciones, subvenciones y préstamos de manera irregular. Se trataba de noticias publicadas en medios digitales relativas a la vicepresidenta Calviño, al ministro de Sanidad Salvador Illa e incluso al presidente del Gobierno. La mayoría de ellas fueron archivadas por la Fiscalía, puesto que no observó en ellas sustancia o recorrido alguno.
Sin embargo, una de ellas llamó la atención de la Fiscalía Anticorrupción. En la documentación figuraban contratos de licitación pública por valor de 60 millones de euros para la compra de mascarillas. La concesión se hizo a una empresa, sin actividad conocida y sin experiencia en gestión sanitaria hasta que comenzó la pandemia. Se llamaba Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Lo más sospechoso es que todos estos contratos se adjudicaron desde el Ministerio de Transportes, que entonces dirigía José Luis Ábalos.
El caso Koldo estalla
En septiembre de 2023, el fiscal Luis Pastor presentó una querella de 26 páginas ante la Audiencia Nacional dirigida contra, Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en el Ministerio de Transportes, y contra Víctor de Aldama, un empresario entonces desconocido con conexiones difíciles de rastrear. Los indicios eran unos correos electrónicos y unas fotografías tomadas en México durante un viaje oficial de Ábalos, que revelaban que Koldo y De Aldama se conocían.
La instrucción de esta causa la asumió eljuez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Tardó solo cinco meses en ordenar decenas de registros en empresas y domicilios, y la detención de Aldama y de Koldo García, quien por cierto recibió un chivatazo de que lo estaban investigando.
Para el recuerdo quedará la magistral actuación de Ábalos, fingiendo sorpresa y consternación en los pasillos del Congreso por la detención de su asesor de confianza. Apenas unos días después, el Gobierno cometió un error que le saldría muy caro.
En plena efervescencia del caso Koldo, con el PSOE en el banquillo mediático, tuvo lugar lo que a todas luces pareció una operación de contraataque político contra la presidenta madrileña. Alguien filtró a la prensa los resultados de una investigación de la Agencia Tributaria sobre la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se zambulló con entusiasmo en esta maniobra que resultó un disparo en el pie.
García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos, una condena sin precedentes en la historia democrática para quien ocupa la máxima magistratura fiscal del Estado. El Gobierno, que había intentado trasladar el foco a Ayuso, terminó pagando un precio político y judicial que todavía arrastra.
Mientras tanto, la investigación que había nacido de aquella carpeta de denuncias de Serrano no dejaba de crecer.
Aldama abre la caja de Pandora
Aldama fue enviado a prisión preventiva en otro procedimiento -el llamado caso hidrocarburos, donde se le acusaba de defraudar más de 180 millones de euros-. Sin embargo, encontró en la confesión y en la colaboración con la justicia su llave hacia la libertad. Y empezó a aportar pruebas que cuadraban perfectamente con la realidad de los hechos.
Estas revelaciones, a las que el juez del Supremo Leopoldo Puente le dio total veracidad, hicieron saltar la causa por los aires: detrás del caso Koldo no solo había contratos de mascarillas. Había adjudicaciones de obra pública concedidas de forma arbitraria a cambio de cuantiosas comisiones, había enchufes de prostitutas en empresas públicas, se encontraron alquileres de viviendas con cargo a constructoras y cohechos como contraprestación, trasiego de dinero en efectivo en la sede del PSOE, y también una relación de altos cargos del partido y de las más altas instancias de la administración pública. El empresario aportó un pantallazo con un listado con seis obras adjudicadas de antemano a empresas con las que se pactó una contraprestación económica en forma de dinero negro. La letra correspondía a Koldo García. Desde el Gobierno, el ministro de Transportes Óscar Puente calificó este documento de “papelucos”.
Con el paso de los meses, la Guardia Civil, a través de su Unidad Central Operativa, fue tirando del hilo. Y aquí llegó uno de los giros más inesperados de esta historia. En las grabaciones de los discos duros intervenidos a Koldo García apareció un invitado inesperado. En cinco de ellas apareció una voz que resultaba muy familiar, se trataba de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. En esos audios encontrados apareció repartiéndose mordidas que supuestamente cobraban Ábalos y su asesor. Cerdán fue a la cárcel, de nuevo una mano derecha de Pedro Sánchez aparecía implicado en esta trama de corrupción que no dejaba de crecer.
Lo que Alfonso Serrano llevó a la Fiscalía en marzo de 2022, aquella denuncia construida sobre sospechas y recortes de prensa, ha mutado en tres años en una macrotrama, un Kraken judicial con numerosos tentáculos. Un exministro y secretario de Organización del PSOE ha ido a la cárcel acompañado de su asesor personal, su sucesor en el cargo también ha estado entre rejas, el PSOE está, como poco, bajo la firme sospecha de haber incurrido en un delito de financiación ilegal, numerosos altos cargos están salpicados, y existe la percepción de que no estamos ni en la mitad del partido.
Isabel Díaz Ayuso no aparece en ningún sumario de esta causa. Pero esta historia, que ha sacudido al Gobierno de España, lleva en su acta de nacimiento su huella. Por el camino quedan ya varios damnificados: Ábalos, Koldo, el empresario Aldama, Santos Cerdán, numerosos altos cargos, probablemente el PSOE como persona jurídica y, en última instancia, la reputación del sanchismo como movimiento político. Una doctrina que llegó al poder administrando el catecismo de la regeneración democrática, pero que se ha revelado como la mayor maquinaria de lucro personal de nuestra historia reciente.