Todos los años, entre septiembre y noviembre, los directivos de las más importantes empresas españolas presentan ante los principales accionistas (al consejo de administración), el plan de negocio y los presupuestos para el año siguiente. Ahí van las inversiones, las previsiones de ingresos y gastos, los riesgos y todos los detalles financieros que deben ser cumplidos para que la empresa siga creciendo.
Si una de esas empresas privadas pasara cuatro años sin presentar al consejo un presupuesto nuevo y un plan de negocio para el ejercicio siguiente, sus directivos demostrarían que están improvisando y que toman el pelo a los propietarios y accionistas. Al primer retraso les suprimirían los aumentos salariales y los bonus. Al segundo, les echarían a la calle.
En España no existe una regla mercantil general que diga, para toda empresa, “si no presentas al consejo el presupuesto del año siguiente te cae una multa de X”. Lo que sí existe es un entramado mucho más duro: los administradores deben actuar con diligencia y responder por los daños causados por actos u omisiones contrarios a la ley, a los estatutos o a los deberes del cargo.
Todas las grandes empresas se ajustan a una cosa llamada gobernanza, es decir, el código de buenas prácticas. En unas u otras puede cambiar de nombre pero en general es un código que se presenta como “transparencia de la información financiera como no financiera” y “supervisión por el Consejo de directrices estratégicas”.
Es decir, la sanción a los directivos no suele venir por “no haber llevado un Excel al consejo”, sino por gestionar sin planificación, ocultar información, impedir la supervisión del órgano de administración o causar un perjuicio a la sociedad. Es como si el consejo de administración pidiera cada año un nuevo plan de negocio y la dirección respondiera: “Seguimos con el de hace cuatro ejercicios”. La empresa no quebraría ese mismo día, pero todos entenderían que ha dejado de pensar estratégicamente.
No hay directivos de ninguna de las grandes empresas del Ibex que se le haya ocurrido desafiar al consejo, a los accionistas y a los inversores, prorrogando cuatro años los planes de negocio. Se juegan la cabeza.
Ahora veamos lo que pasa en la política
En España, el gobierno de Pedro Sánchez lleva cuatro años sin presentar los presupuestos generales del Estado. Si los miembros del gobierno fueran los directivos de una empresa, acabarían en la calle. ¿Es que no existe un reglamento de sanciones? No. No existe. El Gobierno puede sobrevivir jurídicamente sin nuevos Presupuestos gracias a la prórroga automática.
La Constitución obliga al Gobierno a presentar los Presupuestos al Congreso al menos tres meses antes de que expiren los anteriores, y la Ley General Presupuestaria concreta que el proyecto debe remitirse a las Cortes antes del 1 de octubre del año anterior. Pero si no se aprueban a tiempo, la propia Constitución prevé que queden prorrogados los del ejercicio anterior. Esa válvula de seguridad evita el apagón institucional, aunque no elimina el reproche político o constitucional.
El gobierno de Pedro Sánchez ha batido un récord al no presentar sus presupuestos. Las excusas han sido: 2023 (no tenía mayoría), 2024 (no tenía mayoría), 2025 (no tenía mayoría), 2026 (la guerra de Irán).
En periodos de mayorías absolutas (como los primeros años de Aznar o Rajoy con mayoría), los PGE se presentaron y aprobaron en plazo. Sin embargo, desde la irrupción de nuevos partidos y la fragmentación del Congreso (post-2015), los incumplimientos se han multiplicado.
Por ejemplo, el PP tampoco lo presentó a tiempo en 2017 porque no tenía mayoría. Sánchez dijo entonces algo que le han recordado los medios. “Aprobar los Presupuestos es la primera y principal obligación de un Gobierno”, dijo a su Comité Federal. Acusó al Gobierno de Rajoy de “eludir sus responsabilidades al frente de las instituciones”. Sánchez usó una metáfora muy eficiente: “Un Gobierno sin Presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina”. Dijo que si el gobierno de Rajoy y sus socios no eran capaces de llegar a un acuerdo debían permitir a los españoles “acudir a las urnas para que otra mayoría resuelva los problemas de la ciudadanía”.
Y ahora que es el gobierno del PSOE quien no lo ha presentado, es el PP quien pide elecciones anticipadas. Desde hace tiempo Feijóo pide elecciones. En noviembre, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, dijo a Sánchez: “Cumplan la Constitución y traiga el Presupuesto. Si no, es que no la tiene (mayoría). Y si lo que tiene es mayoría en la calle, demuéstrenlo, convoque elecciones y votemos”.
Se podría decir que el PP hizo lo mismo, pero no fue así: en 2017 el PP se demoró solo unos meses en presentar los presupuestos. El gobierno de Sánchez lleva cuatro años.
¿Por qué estas exigencias bloquean todo? El Ejecutivo de Sánchez y la ministra María Jesús Montero han reconocido en privado y en público que presentar PGE sin los apoyos de Junts, ERC, Podemos, Bildu y el PNV “sería perder el tiempo del Congreso”. En resumen: los pequeños partidos imponen la agenda al Gobierno. Piden más dinero, más autonomía, más autogestión, más instituciones propias.
Si se pudiera emplear una analogía empresarial para explicar qué significado tiene no presentar los Presupuestos Generales del Estado durante cuatro años seguidos, sería como si Volkswagen, en lugar de renovar su modelo Golf, siguiera vendiendo el de años anteriores. El coche seguiría andando, sí, pero con un diseño viejo, una tecnología desfasada, consumos pensados para otra época y sin respuesta a las nuevas necesidades del mercado.
No sería un automóvil preparado para el presente, sino una máquina que sobrevive gracias a inercias del pasado. Eso mismo ocurre con un Estado que gobierna con presupuestos prorrogados: la administración no se detiene, pero avanza con un mapa envejecido, con prioridades de otro tiempo y con partidas concebidas para problemas que quizá ya no son los de hoy.
En resumen, los gestores de las grandes empresas sí cumplen con las reglas internas porque en caso contrario, ponen en riesgo su puesto de trabajo. Pero los gestores públicos no las cumplen y la única forma de sancionarles es esperar a las elecciones. En el caso de Pedro Sánchez, incumple las buenas prácticas porque quiere mantenerse en el gobierno cueste lo que cueste.