El Gobierno llegó a septiembre con renovado impulso, con las protestas contra Israel como viento de cola y vendiendo que lo peor de los escándalos de presunta corrupción de Santos Cerdán o José Luis Ábalos había pasado.
Y llega a las puertas de las vacaciones navideñas de nuevo exhausto, atrapado desde hace diez días en el bucle del caso Paco Salazar, alimentado por su propia gestión del escándalo. A estas dos denuncias internas se sumó un segundo caso de supuesto acoso sexual, en este caso por parte del líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro.
El martes por la noche se añadió un tercer nombre: el del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. A primera hora del miércoles, Tomé lo negó todo. Había revalidado el liderazgo del PSOE gallego en abril, con el aval de Ferraz, y no estaba dispuesto a dejar sus cargos. Hasta algunas horas después.
Estaría provisionalmente suspendido en el partido y fuera de la Diputación, pero aferrado al bastón de mando en el Ayuntamiento, pasadas las 17.00. No habían transcurrido ni 24 horas desde que Código 10 (Cuatro) informó de las denuncias de seis mujeres por supuesto acoso sexual y laboral.
Fuentes del PSOE confirmaron haber recibido el lunes una denuncia contra él por supuesto acoso en su canal interno, también “diversos testimonios” de este caso. El partido guardó silencio sobre sus intenciones hasta después de la comparecencia de Tomé. El BNG emitió un duro comunicado y comunicó su intención de romper el Gobierno de la Diputación de no dimitir o ser apartado.
La intención de Ferraz es que además entregue su acta en el Ayuntamiento, y el PSdeG ha pedido a la dirección federal que nombre a una gestora en la provincia . Las acusaciones -tocamientos sin consentimiento, ofrecimiento de empleos a cambio de favores sexuales, mensajes y llamadas con contenido sexual explícito- sonrojan en un partido en el que la herida generada por el caso Salazar está lejos de cerrarse. En el que venden su rápida actuación para cortar de raíz en este caso, aunque el propio presidente del Gobierno reconociera un retraso difícil de justificar con Salazar.
En el PSOE creen que las denuncias afloran porque la organización se demuestra “segura”
Hay voces socialistas que apuntan a que estas denuncias se conocen hoy, en parte, como consecuencia de un ajuste de cuentas entre las distintas facciones del PSdeG que se disputaron el poder en los congresos de hace escasos meses.
Fuentes de la dirección federal sostienen, sin embargo, que el hecho de que afloren estas denuncias puede deberse a que las mujeres del partido han entendido que su organización es “segura”, que pueden denunciar sin miedo a represalias. En el caso Salazar, lo que afirman dirigentes y exdirigentes consultados es precisamente lo contrario: que nunca se actuó por miedo a las represalias.
El continuo goteo de casos ha estado presente en la agenda mediática durante días, y ha sido el eje central de la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno en la sesión de control del miércoles, la última prevista hasta febrero. Sánchez reaccionó lanzándole al PP sus propios casos, remontándose al caso Nevenka (2002), y a los más recientes de los alcaldes de Estepona y Algeciras.
El líder de Vox, Santiago Abascal, le acusó de “intentar olvidarse de quién es Paco Salazar”, y de “quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo”. Incluso Gabriel Rufián, portavoz de ERC y socio parlamentario, tildaba a los socialistas de “inútiles” por su gestión de los casos de supuesto acoso. Su homóloga en el PP, Esther Muñoz, también usaba estos casos para arremeter contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
El incendio generado en el PSOE después de que Eldiario.es informase de que Ferraz había intentado dar carpetazo a las dos denuncias contra Salazar es evidente. El “malestar”, la “indignación” o el enfado son indisimulados.
“El ánimo es de indignación y rechazo total hacia ese tipo de comportamientos”, abunda un dirigente territorial. El mismo que pide pensar que el PSOE es “mucho más grande” que los protagonistas de estos escándalos, o incluso que la magnitud de sus actos.
Desde la semana pasada, estos casos han perseguido al Ejecutivo y a los socialistas, hasta el punto de opacar los gestos de acercamiento escenificados por Sánchez ante Junts per Catalunya (martes). O hasta monopolizar el grueso de las conversaciones del presidente con los medios de comunicación durante los actos por el Día de la Constitución en la Cámara Baja (sábado).
El martes, en otro acto público con UGT, fue la reacción de Sánchez a la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que copó, de nuevo, los titulares.
Golpes por el frente judicial
Cuando el PSOE y La Moncloa aún no han digerido esta sentencia, tuvieron que asimilar que el Supremo confirmase que José Luis Ábalos y Koldo García se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso mascarillas.
A primera hora de la tarde, además, trascendió la detención de Leire Díez, exmilitante y fontanera del PSOE, y del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, en el marco de una causa secreta instruida por la Audiencia Nacional y supervisada por la Fiscalía Anticorrupción.
Fernández fue uno de los hombres fuertes de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Díez, por su parte, ya está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, y hace apenas un mes prestó declaración por su supuesta oferta de favores a cambio de información contra integrantes de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.
La nueva causa, según Europa Press, está relacionada con el rol de ambos en supuestas irregularidades en contrataciones públicas. Y apuntalaría la idea de que Díez estaba lejos de ser una mera militante que presumía falsamente de hablar en nombre del PSOE, como hasta ahora han esgrimido en Ferraz. La única explicación de los socialistas, de momento, es una consigna ya esgrimida antes: que ya no tiene carnet del partido. Nunca han querido contemplar el recurso a los tribunales contra ella, para limpiar el nombre de la organización.
Con todo, el presidente se borró este jueves del último pleno del año. El PSOE elevó un escrito a la Mesa de la Cámara, firmado por Sánchez, reclamando el voto telemático, toda vez -dicen en Moncloa- tiene agenda internacional. En concreto, participará en una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, según fuentes del Ejecutivo.
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe en tu correo electrónico, los artículos de la directora Pilar Gómez.