Las lecciones incómodas del caso Errejón… y una buena noticia

No somos los mismos que hace año y medio, cuando Íñigo Errejón presentaba su dimisión tras las acusaciones de violencia sexual publicadas en el canal de denuncia anónima de Cristina Fallarás. Dio sus explicaciones en una carta donde hablaba de la contradicción entre el personaje y la persona y de una “subjetividad tóxica” que el patriarcado amplifica en los hombres.

Mientras medio país digería la noticia, la otra mitad aseguraba que era “un secreto a voces” y que, en gran medida, se conocían las actitudes de Errejón desde hacía tiempo. Esa misma tarde, el 25 de octubre de 2024, la actriz Elisa Mouliaá, según ella misma ha contado, al ver que se cuestionaban los testimonios anónimos que habían precipitado su abandono de la política, decidió alzar la voz y decirle al mundo que era verdad, que ella misma lo había sufrido. Y puso un tuit.

Esa noche acudió a comisaría y, cuando narró las situaciones que había vivido con el expolítico madrileño, los agentes  le explicaron que estaba describiendo una agresión sexual. A partir de ese momento —y hasta ahora mismo, mientras usted lee esta pieza— Mouliaá recibió y recibe un odio en redes difícil de manejar. Aquí comenzó el caso Errejón.

La importancia de los relatos anónimos

Antes de que hubiera una denuncia formal, una instrucción judicial o un procedimiento penal, hubo algo más frágil y a la vez decisivo: relatos. Testimonios anónimos, voces sin rostro, historias que no aspiraban a probar nada ante un juez, pero que sí consiguieron algo fundamental, romper el silencio y señalar que no se trataba de un hecho aislado. Sin esos relatos, sin ese primer gesto de decir “esto pasó”, es difícil imaginar que el entonces portavoz parlamentario de Sumar hubiera abandonado la política. Esa es la primera de las lecciones que deja el caso Errejón.

“Era un secreto a voces”

Pero esta denuncia pública no solo dice de quién habló, sino también de quién calló. De ahí se desprende otra de las cuestiones incómodas que puso sobre la mesa, el papel del secreto a voces. La constatación de que determinadas actitudes eran conocidas en determinados círculos y, aun así, no tuvieron consecuencias. Que se comentaban en privado, pero no en público. Como si saberlo sin decirlo eximiera de responsabilidad. Sin embargo, el caso obliga a preguntarse por qué ese saber compartido no se tradujo antes en una reacción política, mediática o institucional, y por qué, una vez más, el peso de romper el silencio recayó en quienes menos poder tenían para hacerlo.

El foco, sobre ella

A partir de ahí, el foco se desplazó rápidamente hacia Elisa Mouliaá. No solo hacia su relato, sino hacia su comportamiento, su tono, su forma de hablar y de exponerse. Las entrevistas se convirtieron en interrogatorios públicos que, en muchos casos, incumplían los mínimos que la ley exige para proteger a una víctima de violencia sexual. Se la interrumpió, se la empujó a repetir detalles, se la sometió a contradicciones constantes y se cuestionó su credibilidad desde el primer momento. Hubo burla, condescendencia y una sospecha permanente sobre sus motivaciones. El proceso no solo fue judicial, fue también mediático.

Odio en redes, violencia digital

Ese cuestionamiento constante encontró su prolongación más brutal en las redes sociales. Insultos, amenazas, campañas de descrédito y una vigilancia permanente sobre cada palabra pronunciada. No se trató solo de poner en cuestión su testimonio, sino de denigrarla como persona. Como ocurre con tantas mujeres que deciden hablar, el mensaje fue inequívoco: no basta con soportar la violencia inicial, también hay que estar dispuesta a asumir el linchamiento posterior. Esa es otra de las enseñanzas que deja este caso, que en el espacio público, a las mujeres que denuncian no solo se las cuestiona, también se las castiga.

La exigencia de la ‘víctima perfecta’

En ese escrutinio apareció con fuerza otra exigencia conocida: la de la víctima perfecta. Una imagen muy concreta y profundamente arraigada. La de la mujer devastada, rota, llorando desvalida. Y la de la agresión violenta, cometida por un depredador al acecho en una noche cerrada. Todo lo que se sale de ese guion genera sospecha. Mouliaá había quedado con Errejón y, además, hablaba a las cámaras, lloraba y reía, se mostraba sin ningún tipo de filtro, contestaba, se enfrentaba. Y eso también le pasó factura.

El caso volvió a mostrar hasta qué punto sigue costando aceptar que muchas agresiones sexuales ocurren en contextos cotidianos, durante una cita, en una relación de confianza, sin violencia explícita y sin un antes y un después fácilmente reconocible. A pesar de que según la Macroencuesta de Igualdad, publicada hace apenas unos meses, el 86 por ciento de las agresiones sexuales que sufren las mujeres en España las cometen familiares, amigos y conocidos.

El interrogatorio de Carretero, el “pan de cada día en los juzgados”

Nada de lo que había ocurrido fuera del juzgado quedó al margen cuando el caso entró en la sala. Los mismos prejuicios que habían atravesado el debate público se colaron en Plaza Castilla y reaparecieron durante el interrogatorio del juez Adolfo Carretero.

Elisa Mouliaá fue interrumpida de forma constante por el juez durante su declaración y no se le permitió desarrollar su relato con continuidad, incluso cuando se encontraba visiblemente emocionada.

El lenguaje tampoco fue neutro. Cuando ella utilizó sus propias palabras —habló de glúteos— el juez las reformuló con términos más crudos —“culo”—, corrigiendo su manera de nombrar lo ocurrido. Un gesto que no es menor. Las palabras construyen el lugar desde el que se escucha a una víctima.

Además, las preguntas insistieron en esquemas que responden a la cultura de la violación: por qué no reaccionó de otra manera, por qué no denunció antes, cómo se comportó después. Cuestiones que la ley y la jurisprudencia desaconsejan por su carácter revictimizante y estereotipado. Letrados especializados en violencia sexual explicaron que este tipo de interrogatorios no son una excepción, sino el “pan de cada día” en los juzgados.

La filtración del vídeo de la declaración colocó a la sociedad frente a un espejo. No solo permitió ver cómo se interroga a una víctima de violencia sexual, sino que ayudó a entender por qué la infradenuncia sigue siendo la norma: solo el diez por ciento de las agresiones sexuales se denuncian. Lo ocurrido en esa sala explica, en parte, todo lo que viene después, o todo lo que nunca llega a ocurrir. De hecho, hay quien piensa que hacer público el vídeo buscaba precisamente eso, desmotivar a las mujeres a denunciar.

Exposición de su vida privada

En las sesiones y declaraciones se abordaron aspectos de la vida personal de la actriz que iban más allá de los hechos denunciados: su salud mental, su tratamiento psiquiátrico, sus relaciones personales y las traiciones de amistades. Todo ello entró en el procedimiento y, con ello, en el relato público. El caso volvió a mostrar que el coste del proceso no se limita a lo judicial, también se paga en términos de privacidad, especialmente cuando a quien denuncias es un personaje público y con poder.

Procesos largos y caros

Los tiempos judiciales no solo son largos, también son caros. Denunciar no significó cerrar una etapa para Mouliaá, sino sostenerla en el tiempo, con la vida personal y profesional en suspenso. El procedimiento ha avanzado con mayor rapidez que en otros casos similares, pero el desgaste no desaparece, porque el proceso obliga a permanecer expuesta durante meses y meses.

Con el inicio del juicio oral, Mouliaá volvería, en gran medida, al punto de partida. Otra vez la exposición pública, el cuestionamiento del relato, la repetición de los hechos y la necesidad de volver a explicarlo todo. No es un cierre, sino una nueva fase en la que se reactivan muchas de las violencias ya vividas.

Ese recorrido tiene también un coste económico. Mouliaá asumió parte de los gastos del procedimiento y otra fue cubierta por Sumar. Denunciar, a pesar del estereotipo de que se hace por dinero, desangra las cuentas corrientes de las víctimas, en caso de optar por un abogado privado. Conviene recordar que las víctimas de violencia sexual en España tienen, gracias a la Ley del solo sí es sí, reconocido el derecho a asistencia jurídica y psicológica gratuita y de que existen centros de crisis en cada provincia.

El Estado te deja sola

Al final de la instrucción, tras toda esa travesía por el desierto, cuando Carretero considera que existen indicios de delito y decide procesar y sentar en el banquillo a Errejón, llega un giro difícil de digerir: el Estado la deja sola. En su escrito, el Ministerio Público reconoce que Mouliaá no deseaba la relación en los términos en que se produjo, pero sostiene que no ha quedado acreditado que Errejón fuera consciente de esa falta de consentimiento.

Fiscalía desplaza así el eje del análisis desde la voluntad de la víctima hacia la percepción del denunciado. En la práctica, este razonamiento acaba situando el consentimiento no en lo que la víctima quería o no quería, sino en lo que el agresor fue capaz de percibir o interpretar, como si el consentimiento dependiera de su lectura de la situación y no de la ausencia de voluntad de ella. Una lógica que convierte el consentimiento en algo posterior y discutible.

Es desolador que cuando se les repite a las mujeres por tierra, mar y aire que denuncien —sabiendo además el coste personal que implica y el problema que existe de infradenuncia—, cuando una de ellas (y en un caso tan mediático) logra llegar hasta el juicio oral, el Estado se retire. Que sea precisamente la Fiscalía, la institución encargada de velar por el interés público y la protección de las víctimas, la que te deja sola. El caso vuelve a mostrar así la distancia entre el mensaje institucional que anima a denunciar y la respuesta real que reciben quienes lo hacen.

Una buena noticia

No somos los mismos ni las mismas que hace un año y medio. Hemos asistido, casi paso a paso y en directo a un proceso de violencia sexual en los medios, en las redes, en los juzgados y en las instituciones. Lo ocurrido dice mucho de la sociedad que somos, de los prejuicios que siguen operando, de los fallos del sistema y del precio que pagan las mujeres que rompen el silencio.

Pero no todo ha sido en vano. Se ha hablado de violencia sexual y de consentimiento. El caso ha abierto un debate público urgente y necesario sobre qué hacemos como sociedad con los relatos de quienes denuncian o narran: si los escuchamos, si los acompañamos o si los sometemos, una vez más, a sospecha permanente.

Y quizá lo más importante de todo, como faro de esperanza, es que una mujer que sufrió una agresión sexual hace años ha podido denunciarla tiempo después y que, pese al paso del tiempo, sin pruebas biológicas ni testigos directos, una investigación ha logrado encontrar indicios suficientes para procesar a un hombre (con poder) y sentarlo, quién sabe, en el banquillo. En medio de tanta oscuridad, lo que ha logrado Elisa Mouliaá abre una rendija por la que, al menos, entra algo de luz.

Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.