A las mujeres que sufren violencia sexual se les exige atravesar una puerta concreta para que su palabra exista. Es una puerta estrecha. Si no la cruzan, su relato queda en suspenso, se pone en duda o directamente se invalida. Entonces aparece la respuesta automática, casi reflejo: “pues que vaya a comisaría”.
El problema es que la mayoría no cruza esa puerta. Y no lo hace por razones estructurales, no por falta de violencia ni de conciencia. Los datos lo confirman. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de hace apenas unos meses, muestra que solo en torno al 10 por ciento de las mujeres que sufren agresiones sexuales denuncia. No porque no la reconozcan, sino porque el propio sistema actúa como un disuasor. Un 37,6% afirma sentir vergüenza por lo ocurrido; un 32,7% no denuncia porque considera que lo sucedido no fue “lo suficientemente grave”; un 21,4% teme no ser creída y un 20,6% tiene miedo al agresor. A ello se suma un dato especialmente revelador: un 19,2% de las mujeres reconoce que no denunció porque “eran otros tiempos”.
Hemos convertido la denuncia penal en una obligación social
Para la jurista e investigadora, María Naredo, el error de partida está en haber convertido la denuncia penal en una obligación social. Denunciar, explica, “no es un deber de las víctimas, sino un derecho”, y como todo derecho puede ejercerse o no. Exigirlo como condición previa para creer a una mujer implica trasladarle la carga de un sistema que, en muchos casos, no responde.
El marco internacional, recuerda, es claro. Tanto el Convenio de Estambul como distintas resoluciones de Naciones Unidas reconocen que una persona puede ser considerada víctima de violencia sexual “aunque no haya iniciado un proceso penal”. El acceso a la justicia no se limita al castigo del agresor, sino que incluye “el derecho a la verdad, a la reparación y a la protección”, incluso cuando no existe condena.
Naredo insiste en una distinción que el debate público suele borrar: “la sociedad no es un tribunal”. No juzga penalmente ni impone condenas, pero sí tiene la responsabilidad de “escuchar, acompañar y reconocer el daño” relatado por las víctimas. Precisamente porque no somos jueces, advierte, “no puede exigirse el estándar probatorio del derecho penal” para conceder credibilidad social a un testimonio de violencia sexual.
Desde esta perspectiva, la jurista recuerda que una absolución o un archivo judicial no invalidan la experiencia vivida. Que una violencia no pueda probarse conforme a las exigencias del proceso penal no significa que no haya ocurrido ni que el relato sea falso. Una sentencia solo responde a una pregunta muy concreta —si un delito ha podido acreditarse penalmente—, pero no responde a otras igualmente relevantes: si hubo daño, si existió una vulneración de derechos o si hay una necesidad de reparación. Confundir esos planos convierte la presunción de inocencia en un mecanismo de descrédito automático hacia quienes relatan violencia.
Si la denuncia no prospera se vuelve en contra de la víctima
El problema se agrava cuando se ignora el coste que sigue teniendo denunciar. No solo por el elevado número de causas archivadas o prescritas, sino porque una denuncia que no prospera “suele volverse contra la propia denunciante”. El mensaje social que reciben muchas mujeres es conocido: “si no hay condena, el relato será cuestionado”. Por eso, señala Naredo, “obligar a denunciar para poder hablar no garantiza justicia”, sino que funciona como un elemento disuasorio más.
Desde ese marco, el debate central no debería ser por qué una mujer no acudió a los tribunales, sino “qué hace la sociedad cuando una mujer decide hablar fuera de ellos”. Si la respuesta es la sospecha, la exigencia de pruebas imposibles o la deslegitimación del testimonio, el efecto no es neutral: es “el refuerzo del silencio y de la impunidad”.
La verdad y la reparación no emanan únicamente de los tribunales
La investigadora y experta en violencia sexual, Bárbara Tardón, sitúa el foco en una cuestión similar. Exigir denuncia o sentencia como condición de credibilidad forma parte de una cultura que solo reconoce la violencia sexual cuando ha pasado por el sistema judicial, y que incluso entonces sigue poniendo en duda a las mujeres. La verdad y la reparación, recuerda, no emanan únicamente de los tribunales. Existen otros espacios ya reconocidos —sanitarios, psicológicos y sociales— que permiten identificar el daño profundo y la vulneración de derechos que implica la violencia sexual.
Tardón explica que los testimonios no emergen de manera aislada. Las revelaciones se sostienen porque existe una red detrás: el movimiento feminista, las profesionales especializadas y los entornos de confianza que hacen posible que una mujer pueda hablar sin quedar completamente expuesta. Convertir la denuncia penal en un requisito previo rompe esa lógica de apoyo y deja de nuevo a la víctima sola frente al sistema. Para Tardón, no se puede exigir a las víctimas que rompan el silencio si antes no existe un sistema sólido de garantías. Hacerlo, sostiene, expone a las mujeres a una nueva forma de revictimización institucional.
“El reproche penal y el reproche social no son lo mismo”
En esa discusión, el médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, insiste en la misma idea: el reproche penal y el reproche social no son lo mismo. Una sentencia solo determina si un delito puede probarse conforme a las exigencias del derecho penal; no define la realidad completa de la violencia ni agota la verdad de lo ocurrido.
Lorente recuerda los límites evidentes del derecho penal en materia de violencia sexual: agresiones que ocurren en contextos íntimos, sin testigos y sin pruebas concluyentes. Trasladar el estándar probatorio judicial al espacio público deja fuera a la mayoría de las víctimas. Por eso insiste en que la acreditación del daño no depende solo de los juzgados. La atención psicológica, médica y social permite reconocer la violencia y sus efectos con independencia del resultado judicial, y la Ley del solo sí es sí parte precisamente de esa premisa.
En España, esa ley reconoce a las víctimas de violencia sexual como titulares de derechos con independencia de que exista una denuncia penal o una sentencia. La acreditación administrativa permite acceder a protección, atención y reparación sin obligar a las mujeres a pasar por el sistema judicial.
Los casos de abusos en la Iglesia y por qué no se cuestiona a los hombres
Lorente añade además un elemento revelador para entender esa desconfianza estructural hacia las mujeres. En los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, recuerda, la palabra de las víctimas no fue puesta sistemáticamente en duda. Nadie partió de la sospecha de que mintieran, ni se instaló el discurso de las denuncias falsas. En gran medida, apunta, porque quienes denunciaban eran hombres. “Cuando la víctima es un hombre, su relato se considera creíble; cuando es una mujer, la duda aparece de forma casi automática”. Esa diferencia, sostiene, no es jurídica, sino cultural, y explica por qué la violencia sexual contra las mujeres sigue enfrentándose a un escrutinio que no se aplica a otros delitos.
Este debate ya no es abstracto. Se ha materializado en casos recientes. Son distintos, pero comparables en su lógica. El músico Ajax ha denunciado a Cristina Fallarás por publicar en su página de Instagram un testimonio anónimo que desencadenó que más de 80 mujeres le acusaran de violencia sexual en otro canal. El cineasta Carlos Vermut ha llevado a los tribunales a El País tras la publicación de una exhaustiva investigación periodística basada en múltiples relatos tanto de víctimas como de testigos. En ambos casos, los testimonios tuvieron consecuencias públicas —denuncias formales, suspensión de conciertos o revisión de proyectos— sin que mediara una sentencia penal.
Habrá que esperar a lo que digan los tribunales en ambos casos. Pero, decidan lo que decidan, el debate no desaparece. Si sabemos que muchas mujeres no pueden o no quieren acudir a la justicia porque el sistema sigue siendo percibido como revictimizante, la pregunta es inevitable: ¿su relato deja de tener valor si no pasa por un juzgado? Plantearlo así equivale a imponer una elección brutal: o denuncias, o te callas. Y según los datos oficiales, eso condena al silencio al 90% de las mujeres que sufren violencia sexual.
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