Desde que la Fiscalía Anticorrupción denunció una trama de presunto blanqueo del rescate de Plus Ultra ante la Audiencia Nacional ha pasado un año y tres meses. La investigación ha estado más de un año parada por el conflicto de competencias que planteó la Audiencia Nacional, que rechazó la causa en noviembre de 2024, lo que confirmó en diciembre de ese año. En un momento indeterminado del otoño de 2025, la juez Esperanza Collazos del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid asumió este proceso secreto, lo que saltó a la luz el 11 de diciembre cuando registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez, cliente de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y amigo de éste, que se hizo bróker aéreo tras el rescate de Plus Ultra.
Y lo hizo en el marco de una pieza separada que tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía sobre blanqueo de la ayuda pública. Un rescate que José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García, Ángel Víctor Torres y mensajes volcados por la UCO han vinculado ya en varias ocasiones a Zapatero, sobre todo a partir del verano de 2025, de lo que las diligencias de la juez habrían encontrado indicios.
La causa vuelve a Calama
Unas diligencias que no se han extendido mucho. Ya el pasado enero se conoció la intención de Collazos de inhibirse, lo que habría culminado estos días, en que la causa ha vuelto a la Audiencia Nacional, según ha informado El Mundo, que ya rechazó llevar la causa en noviembre de 2024. El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 lo hizo por motivos personales, y su sustituto, José Luis Calama, del Juzgado nº4, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
La causa vuelve ahora a Calama, que podría inhibirse de nuevo y entonces se producirá un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Supremo. Lo que retrasaría más la causa y otorgaría aún más tiempo para una potencial destrucción de pruebas.
Sin embargo, la investigación está ahora más armada tras las diligencias practicadas por la juez, por lo que no es descartable que este magistrado la admita ahora.
Peruanos, venezolanos y un suizo
La denuncia de Anticorrupción sobre una presunta trama de blanqueo del rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros concedido el 9 de marzo de 2021 por acreedores de la aerolínea, se dirigía originariamente contra tres peruanos, dos venezolanos y un exacreedor de Plus Ultra nacido en Países Bajos y con nacionalidad suiza y apuntaba a un exalto cargo de Chávez como cliente.
En la trama que también investigan las Fiscalías de Suiza y Francia habrían participado personas “extranjeras y nacionalizados españoles” que formarían parte de una “presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela)”.
En el otoño de 2024 se registraron domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales. Algunos de ellos se volvieron a registrar el pasado diciembre.
Algunos de los investigados en el otoño de 2024 se encontraban fuera de España en el momento de las detenciones y registros del pasado diciembre.
Investigados fuera de España disuelven sociedades
Enrique Martín Baca Arbulu se encontraba en Dubái en el momento en que se produjeron las detenciones relacionadas con la causa. Las Navidades las pasó en Punta Hermosa, un balneario al sur de Lima, y en Piura, en Perú, según desveló Vozpópuli.
El empresario liquidó el pasado 19 de diciembre la sociedad limitada Kaimana Capital, origen de su actividad de intermediación empresarial nacional e internacional en España, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. La disolución, voluntaria, se produjo el mismo día en que ese periódico desveló la existencia de una estructura financiera en Luxemburgo vinculada a Enrique Martín Baca bajo el nombre de Kaimana, que habría canalizado desde finales de 2021 cerca de siete millones de euros en activos financieros, posteriormente elevados a 10,28 millones, sin que conste una actividad comercial relevante. Kaimana Capital, la mercantil española, tenía como accionistas a Baca y al francés Romain Jean Oscar Bruere, accionista y administrador también de la luxemburguesa.
Kaimana Capital fue la primera sociedad que los hermanos Baca, de origen peruano, afloraron en España, entre finales de 2019 y 2020, dedicada a “la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría e intermediación empresarial, así como en su caso en los mercados relativos con inversiones extranjeras en España”. En el mismo domicilio impulsaron luego, a finales de 2020, las sociedades Trowbridge y Lagundri, con fines inmobiliarios. Ya en mayo de 2021, los hermanos crearon otra sociedad con el mismo objeto que la original Kaimana, Atitlan Capital, también disuelta recientemente.
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