El rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021 es el más polémico de los que otorgó el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la SEPI, más que el de Air Europa, porque analistas y expertos creen que la aerolínea no cumplía los requisitos y estaba además integrada por socios venezolanos vinculados con el chavismo. Algunos de ellos, el caso del magnate Camilo Ibrahim Issa, con vínculos con Delcy Rodríguez y José Luis Rodríguez Zapatero, se fueron desvinculando de la compañía; otros, como Roberto Reyes, planeaban hacerlo en los últimos meses.
Esta improcedencia del rescate se puso de manifiesto desde el principio y una juez de instrucción, la del Juzgado 15, investigó a la cúpula de la SEPI que gestionó la ayuda, causa que se acabó archivando en enero de 2023 porque se le pasó un plazo. En el auto de archivo apunta al Gobierno por ser quien decide finalmente otorgar los rescates.
Durante más de año y medio, coincidiendo además con el estallido del caso Koldo, Plus Ultra pasó a un segundo plano, lo que se debió a que José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama hicieron gestiones especialmente para el rescate exprés de Air Europa, pero no de Plus Ultra. Ábalos, como ministro de Transportes, tuvo que avalarlo y mucha de la operativa dependía de su Ministerio, pero no tuvo un papel activo ni relación directa con la cúpula de la aerolínea, a diferencia de los Hidalgo y Globalia.
Zapatero aparece en escena
Y es aquí donde irrumpe una pieza fundamental, José Luis Rodríguez Zapatero. El propio Ábalos y Aldama empezaron a señalar al expresidente, sobre todo desde el verano de 2025, advirtiendo de que esta ayuda fue cosa suya.
Desde febrero de 2025, algunos medios venían informando de unas actuaciones secretas de la Fiscalía Anticorrupción que se iniciaron por petición de sus homologas suiza y francesa, sobre una trama de presunto blanqueo del rescate, en la que se investigaba a peruanos, venezolanos, españoles y un suizo por lavar dinero de fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela). La Audiencia Nacional rechazaba su competencia y apuntaba a que el Juzgado 15 que siguió la causa contra la SEPI debía asumirla.
Finalmente, el pasado 11 de diciembre la juez del 15 ordenó registros y detenciones del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado, Roberto Roselli, y abrió una pieza separada por el presunto blanqueo. Y es entonces cuando aparece en la escena pública Julio Martínez Martínez, empresario y amigo de Zapatero que fue detenido junto a la cúpula de Plus Ultra.
El amigo de Zapatero
Pues bien, con su detención en diciembre, se han empezado a revelar detalles de su relación con Zapatero y de sus actividades respecto a Plus Ultra. El Debate publicó unas fotos de una cita ambos a primera hora de la mañana en una zona apartada de El Pardo en la que pudieron intercambiar directrices y documentos, pocos días antes de los registros y detenciones, de los que habrían sido advertidos por el Ministerio del Interior, según algunas informaciones.
De Martínez había avanzado The Objective hace un año que era cliente de las hijas de Zapatero y administraba 18 sociedades sin casi empleados. Vozpópuli desveló el pasado julio que se hizo bróker de vuelos en pandemia sin empleados y con solo 200.000 euros días después del rescate de Plus Ultra. Este medio también ha revelado que cobraba de la aerolínea a través de varias sociedades, información que han confirmado El Mundo y El Español aportado documentación de pagos por asesorías que además se adjuntaron a la SEPI.
Estas retribuciones habrían empezado en julio de 2020, cuando la compañía quería pedir el rescate, y habrían finalizado en enero de 2025.
Los pagos de Plus Ultra a Martínez son coincidentes con los que éste hizo a Zapatero. El expresidente ha reconocido a El Mundo los cobros, que desvincula del rescate, y asegura que todo está declarado.
Lo que investiga Anticorrupción
El Ministerio Público español ha puesto de relieve el “presunto uso indebido de ayudas públicas españolas”, en referencia al rescate de la aerolínea Plus Ultra, “al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
Los contratos de préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados”, subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá.
Competencia para mantener la investigación
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional planteó que la denuncia de la Fiscalía sólo “tangencialmente” menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para “la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.
La Audiencia Nacional instó al Ministerio Público a que remitiera la nueva información a su alcance al Juzgado de Instrucción 15 para que decidiera si estimaba reabrir la causa por estar determinada su “competencia para mantener esa investigación”.
La apertura de la pieza separada plantea la reactivación de la causa sobre la concesión del rescate por la SEPI en la que estaban imputados dos secretarias de Estado, una subsecretaria, un secretario general, dos cargos de la SEPI, y Plus Ultra y que se ha dado por definitivamente archivada. El auto de la juez Esperanza Collazos de 5 de enero de 2023 decretó el “sobreseimiento provisional y archivo”, lo que supone que se detiene temporalmente un proceso penal, permitiendo que la causa se reabra si surgen nuevos indicios. Algunas fuentes creen sin embargo que el hecho de que el sobreseimiento provisional se debiera a un vencimiento del plazo para investigar impediría que se pueda reabrir.
Todo indica que el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid se va a inhibir en la causa sobre Plus Ultra en favor de la Audiencia Nacional, lo que retrasará el proceso al menos unos meses, y en principio aboca a que se plantee un conflicto de competencias en el que tenga que decidir el Tribunal Supremo.