El bloqueo político en Extremadura persiste a pocas semanas de la sesión de investidura prevista para el 3 de marzo. La tensión entre el Partido Popular y Vox se ha intensificado en los últimos días, en un clima marcado por acusaciones cruzadas, “filtraciones a medios” y desmentidos públicos que han dificultado cualquier avance en las negociaciones.
En este contexto, la presidenta en funciones, María Guardiola, no dudó en descolgar el teléfono -como ya ha hecho en otras ocasiones- y llamar a última hora del miércoles al equipo negociador de Vox. Un intento de destensar aunque, de momento, sigue sin haber avances relevantes. “Ninguna novedad”, reconocieron fuentes conocedoras de los contactos.
En paralelo, Guardiola suavizó el discurso público. “Hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan”, declaró a los medios antes de un pleno en la Asamblea de Extremadura. La dirigente popular reiteró que su “única intención es poder llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes” y defendió que la voluntad del PP es sentarse a trabajar para cerrar un pacto que aporte estabilidad a la región.
Mismo mensaje de entendimiento se lanzó dede la dirección nacional. Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, se mostró “convencida” de que habrá acuerdos en Extremadura y Aragón, y advirtió de que quienes utilicen estas negociaciones con fines partidistas “se equivocarán”, en un claro mensaje a Vox.
El problema, arguyen las fuentes consultadas en el PP, es que Vox está “en el relato” y hoy por hoy no tiene intención de avanzar hacia el acuerdo, al menos con Guardiola.
Cruce de reproches
La última polémica llegó por el número de consejerías que Vox habría reclamado a Guardiola. “Ojalá las negociaciones fueran con luz y taquígrafos, la gente iba a alucinar”, se exasperaban desde el entorno de la líder popular, tal y como publicó este periódico.
En concreto, diversas informaciones apuntaran a que Vox habría exigido una vicepresidencia y varias consejerías —Industria, Economía, Agricultura e Interior— como condición para cerrar un pacto de coalición. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, negó tajantemente esas versiones y aseguró que “los sillones no son una prioridad” para su formación. “No estamos pidiendo lo que han dicho determinados medios, que no sabemos muy bien quién habrá filtrado semejante mentira, porque no es cierto que nosotros hayamos pedido ninguna consejería en concreto”, afirmó en una entrevista.
En un cruce en las redes sociales, Guardiola negó las acusaciones de Vox sobre las filtraciones. “No es verdad. Rotundamente no”. “Para filtrar eso, que no se corresponde con la realidad, publicaríamos los documentos completos”, se reafirmó. También descartó Guardiola la opción de sondear a PSOE para una abstención, enfatizando que la única vía posible es el entendimiento con el partido de Santiago Abascal.
No es verdad. Rotundamente no.
Para filtrar eso, que no se corresponde con la realidad, publicaríamos los documentos completos, teniendo en cuenta que la semana pasada autorizaste públicamente que los enseñáramos. Aún así no lo hemos hecho, porque entendemos que no aporta al… https://t.co/gcGSGb3Ffo
— María Guardiola (@MGuardiolaM) February 11, 2026
Las fechas clave
Así, la sesión de investidura que se celebrará el próximo mes, si no prospera, se abriría un periodo adicional antes de una eventual repetición electoral. En concreto, el presidente de la Asamblea regional, Manuel Naharro, ya propuso el pasado 10 de febrero a María Guardiola como candidata a la Presidencia de la Junta, al tratarse del partido más votado en las elecciones del 21 de diciembre.
Los plazos están ya definidos. La primera sesión de investidura debe celebrarse, como tarde, el 3 de marzo. Pero, al cierre de esta edición, las fuentes populares consultadas seguían siendo muy pesimistas, no descartando en ningún caso una repetición electoral.
Si la dirigente popular no lograra ser investida en las dos votaciones previstas, se activaría el llamado reloj electoral. En ese caso, PP y Vox dispondrían de un plazo adicional de dos meses para alcanzar un acuerdo antes de una eventual repetición electoral. El 3 de mayo figura como fecha límite para desbloquear la situación; de no lograrse un pacto, las Cortes quedarían disueltas y se convocarían nuevas elecciones previsiblemente para finales de junio.
