La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo ayer al presidente de la aerolínea Plus Ultra, Julio Martínez, y a su consejero delegado, Roberto Roselli, en una operación en la que también se ha registrado la sede de la compañía por presunto blanqueo. Una empresa que no cuenta con ninguna mujer comandante y solo un 11% de copilotos, como se recoge en sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil. La investigación está en manos de la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, bajo secreto de sumario, según informa Europa Press. La jueza Collazos ya investigó en el pasado a la empresa por presuntas irregularidades en la concesión en marzo de 2021 de 53 millones de euros de ayudas públicas tras la Covid.
Entonces, ya llamó la atención el apoyo a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI a una aerolínea prácticamente invisible en el tráfico aéreo nacional con un 0,03% y un solo avión. Una empresa que año a año desde su constitución en 2011 con un capital social de 4,5 millones ha ido ampliándolo, hasta los 18,89 millones a 31 de enero de 2019. Y que tres meses después del rescate de la SEPI, en julio de 2021, acordó una reducción del mismo en 4,02 millones. Desde entonces, está fijado en 14,86 millones. No obstante, el pasado 8 de abril, para evitar una reducción obligada legalmente por las pérdidas acumuladas, aprobó una ampliación por 8,5 millones.
Unas pérdidas acumuladas de 55,38 millones
“Este acuerdo no solo garantiza la estabilidad financiera y corporativa de la compañía, sino que también responde a la necesidad de financiar nuevos proyectos, mejorar la infraestructura existente y fortalecer la posición competitiva en el mercado”, señala en sus cuentas. En el último ejercicio, Plus Ultra registró unas pérdidas de 10,13 millones, frente a un resultado positivo de 2,66 millones un año antes. De años anteriores, arrastra unos números rojos de 45,24 millones.
En el último ejercicio, el importe neto de la cifra de negocio se situó en 189,66 millones, un 2% más que un año antes. El mercado español supone el grueso de sus operaciones con vuelos entre Madrid y Santa Cruz de Tenerife a Lima, Caracas, Bogotá y Cartagena; al que se une Malabo. La aerolínea cuenta con una plantilla media de 549 empleados, de los que el 59% son mujeres.
“Campaña de ataque y desprestigio […] sufrir expresiones directamente injuriosas o calumniadoras”
En sus últimas cuentas, la empresa la empresa advierte de la “campaña desplegada” durante los últimos años por un determinado sector político y los medios de comunicación por la concesión del apoyo financiero público [en alusión al apoyo de la SEPI].
“Tras su obtención, se desató contra la compañía, sus directivos y determinados socios y accionistas una campaña de ataque y desprestigio, con infundadas acusaciones de sesgo político y/o ideológico, llegándose en algunos casos a sufrir expresiones directamente injuriosas o calumniadoras. La compañía en defensa de sus intereses instó acciones judiciales, actualmente en curso, de orden penal (por injurias y/o calumnias) y civil (en protección del derecho al honor y la propia imagen)”, zanja. En este sentido, recuerda que tanto la empresa como la SEPI contaron con asesoramiento especializado.
Apoyo de la SEPI
El 9 de marzo de 2021, el Gobierno acordó la creación de un fondo de rescate de 10.000 millones para apoyar a las empresas afectadas por el cierre de actividad por la Covid-19. Finalmente, fueron 73 empresas las que solicitaron ayudas por 5.392,7 millones. La mayoría de ellas estaban ligadas al sector turístico, además de aerolíneas, hoteleras o agencias de viaje. En el caso de Plus Ultra, se concedió un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones. Este último vence el próximo año, según el calendario de pagos establecido por la SEPI; mientras que el participativo se prorroga dos años más hasta 2028.
Según informa en sus cuentas, el pasado 5 de marzo, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) autorizó el aplazamiento y fraccionamiento del pago de los intereses devengados por el contrato de financiación mediante su recalendarización y liquidación a lo largo del presente ejercicio. De este modo, al cierre de 2025, la compañía habrá liquidado cerca de ocho millones de intereses. La empresa tiene que suministrar información mensual a la SEPI. En este sentido, fuentes de la patrimonial del Estado aseguraron a Artículo14, que Plus Ultra se encuentra al corriente de sus obligaciones.
Antecedentes
El juzgado que ahora está investigando a la empresa acordó en enero de 2023 el archivo de la causa. Entonces, la jueza Esperanza Collazos señaló en un auto que el rescate de la aerolínea fue aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los imputados “carecían de capacidad de decisión”, después de que la Audiencia de Madrid diese la razón a la aerolínea y estableciese que no cabía acordar la declaración como investigado de su representante legal porque se habían “agotado el plazo de 12 meses previsto” para el desarrollo de las pesquisas.
“Con los datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra“, explicó la magistrada en su resolución.