El caso Plus Ultra se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos de la gestión de fondos públicos durante la pandemia. Lo que comenzó en 2021 como un rescate económico a una aerolínea en dificultades ha derivado, cuatro años después, en una investigación judicial de gran alcance que apunta a presuntos delitos de blanqueo de capitales, desvío de fondos y conexiones internacionales con tramas de corrupción vinculadas a Venezuela. La instrucción, todavía bajo secreto de sumario, ha reabierto un debate político y judicial que parecía cerrado.
El rescate que lo desencadenó todo
El origen del caso Plus Ultra se sitúa en marzo de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó un rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. El Gobierno justificó la ayuda alegando el carácter estratégico de la compañía para la conectividad entre España y América Latina.
Desde el primer momento, el rescate generó dudas. Plus Ultra era una aerolínea de tamaño reducido, con una cuota de mercado mínima y una flota muy limitada. Esto llevó a cuestionar si realmente cumplía los criterios exigidos para acceder a fondos públicos de esa magnitud. Aun así, la operación salió adelante y la compañía recibió el dinero en forma de préstamo participativo y crédito ordinario.
En los meses siguientes, el caso Plus Ultra comenzó a judicializarse. Se abrieron diligencias para analizar si el rescate había sido irregular o arbitrario. En concreto, en relación con la situación financiera de la aerolínea antes de la pandemia. Uno de los puntos clave era determinar si la empresa ya se encontraba en causa de disolución antes de la crisis sanitaria. Eso la habría excluido del fondo de rescate.
En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa inicial al no apreciar indicios penales suficientes y por el vencimiento de los plazos de instrucción. Durante un tiempo, el caso Plus Ultra pareció cerrado en el plano judicial. Sin embargo, el debate político y mediático siguió latente.
El giro de la Fiscalía Anticorrupción
El escenario cambió de forma radical en 2024 y, sobre todo, en 2025. La Fiscalía Anticorrupción presentó una nueva denuncia tras recibir solicitudes de cooperación judicial internacional procedentes de Francia y Suiza. Estas investigaciones externas apuntaban a una presunta red de blanqueo de capitales con ramificaciones en varios países europeos y origen en fondos procedentes de Venezuela.
Según la investigación, Plus Ultra habría desempeñado un papel relevante como vehículo financiero dentro de ese entramado. El foco ya no estaba solo en si el rescate fue indebido, sino en qué se hizo con el dinero público una vez recibido. Ese cambio de enfoque marca el actual núcleo del caso.
En diciembre de 2025, la UDEF registró la sede de la aerolínea en Madrid y se produjeron varias detenciones, entre ellas las del presidente y principal accionista de Plus Ultra y su consejero delegado. Todos ellos quedaron posteriormente en libertad con medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante el juez.
La Fiscalía investiga si parte de los 53 millones del rescate se utilizó para canalizar operaciones financieras sospechosas, mediante transferencias internacionales justificadas como devoluciones de préstamos o pagos entre sociedades vinculadas. El objetivo habría sido mezclar fondos públicos con dinero de origen presuntamente ilícito para facilitar su blanqueo en el sistema financiero europeo.
Las conexiones del caso Plus Ultra con Venezuela
Uno de los elementos más sensibles del caso Plus Ultra es su posible conexión con tramas de corrupción venezolanas. Las autoridades investigan si los fondos blanqueados procedían de malversaciones vinculadas a programas públicos, como los sistemas de importación de alimentos o la comercialización de oro, que posteriormente habrían salido del país a través de estructuras empresariales opacas.
Las pesquisas internacionales sitúan parte de esas operaciones en Francia y Suiza, donde se detectaron movimientos financieros sospechosos relacionados con sociedades conectadas con Plus Ultra. Este componente transnacional ha reforzado el peso del caso y explica la implicación directa de la Fiscalía Anticorrupción.
Paralelamente, informes periciales incorporados a la causa señalan que Plus Ultra podría no haber cumplido los requisitos exigidos para acceder al rescate. En concreto, se cuestiona su viabilidad previa a la pandemia y su situación patrimonial en 2019. Este aspecto vuelve a poner en el centro del caso la actuación de los órganos que aprobaron la ayuda.
Aunque la investigación no apunta por ahora a responsabilidades penales directas en la concesión del rescate, sí deja abierta la puerta a un análisis más profundo sobre los criterios utilizados y los controles aplicados en el uso de fondos públicos.
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