El Consejo de Estado ha propiciado cambios en el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes. Ahora, los solicitantes no podrán acreditar la ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.
Técnica “inadecuada”
El supremo órgano consultivo del Gobierno ha emitido un dictamen en el que considera que recurrir a la declaración es una técnica “inadecuada” para un proceso “masivo”, ya que “permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería”.
El texto obligará ahora a que los extranjeros certifiquen que no tienen antecedentes penales para legalizarse. Desde ahora, los interesados en acogerse a la medida disponen de un mes para solicitar un certificado de antecedentes. Si no lo consiguen, el ministerio de la Presidencia podrá solicitarlo por la vía diplomática en un plazo de tres meses.
Los trámites, desde el jueves
Los trámites para la regularización de personas migrantes en situación irregular se iniciarán este mismo jueves 16 de abril de forma telemática y el 20 de forma presencial, según ha adelantado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Las citas para acudir presencialmente a las oficinas para realizar los trámites podrán solicitarse también a partir de este jueves.
Exclusión de las personas apátridas
Entre las novedades también se explicita la exclusión de las personas apátridas del proceso de regularización, según ha confirmado Saiz. La titular de Migraciones ha explicado que será la Unidad de Tramitación de Extranjería dependiente del Ministerio la que resolverá todos los procedimientos. “Tenemos un procedimiento que está absolutamente dimensionado con equipos reforzados”, ha garantizado la ministra: “A lo largo de todo el territorio, a través de las oficinas de Correos, de la Seguridad Social, con unos cauces específicos y reforzando plantillas para que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma”, ha indicado la ministra quien ha insistido en que será un proceso “eficaz”.
Manual en la web del Ministerio
Saiz ha asegurado, asimismo, que en la página web del ministerio se colgará un manual con preguntas y respuestas y se informará de horarios de oficinas. Además, las personas interesadas podrán obtener información a través de las más de 200 entidades colaboradoras en materia de extranjería y “tendrán capilaridad para llegar a dar toda la información oficial”. Ha advertido, asimismo, de los bulos y ha pedido que se recurra siempre a información contrastada.
El proceso que ahora se inicia está dirigido a personas en situación irregular que estuviesen ya en España antes del 1 de enero de 2026 y lleven ininterrumpidamente cinco meses en el país. Asimismo, podrán optar a él todos aquellos solicitantes de asilo que hayan presentado su solicitud hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sánchez: “Es un acto de normalización”
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este martes una carta dirigida a la ciudadanía para defender esta medida: “Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”. “Esta regularización es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Es también un acto de justicia con nuestra propia historia. Con aquellos que emigraron en busca de una vida mejor. También es una necesidad. España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena”, ha añadido.
Y continúa: “El verdadero sentido de esta regularización es reconocer derechos, pero también exigir obligaciones. Somos conscientes de que las migraciones plantean desafíos. Sería irresponsable negarlo. Pero también sabemos que la regularización es la mejor respuesta para afrontar muchos de ellos”.
Los sindicatos de Policía alertan del “posible colapso”
Asimismo, sindicatos de la Policía Nacional han reiterado este martes sus críticas a la regularización extraordinaria de inmigrantes al alertar de un posible “colapso” en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como de lo que denominan “efecto llamada“. También han alertado de un riesgo para la seguridad si no se garantiza una “verificación real de antecedentes penales”.
Jupol ha censurado la medida impulsada por el Gobierno ya que, según apunta en un comunicado, “se ha adoptado de espaldas a los profesionales de la seguridad y sin planificación operativa”: “Nos encontramos ante una medida de enorme trascendencia para la seguridad, el control fronterizo y la gestión migratoria de nuestro país, adoptada sin el necesario consenso político”. “La regularización masiva anunciada supondrá un incremento exponencial de trámites administrativos, verificaciones documentales, comprobaciones de antecedentes y gestión de expedientes, todo ello sin que el Gobierno haya anunciado refuerzo alguno de efectivos”, asevera.
Relajación de controles
Además, el SUP ha cuestionado la falta de refuerzos policiales en un modelo en el que “se acelera la tramitación, pero se relaja el control“, a pesar de que “distintas advertencias institucionales ya han señalado el riesgo de una relajación en el control de antecedentes, lo que podría debilitar el filtro de seguridad”. Desde el SUP han alertado de que, “sin verificación real de antecedentes“, especialmente en casos donde existen limitaciones de acceso a información internacional, el sistema pierde capacidad para detectar perfiles de riesgo. “Sin control efectivo de antecedentes, sin coordinación europea y sin refuerzo de medios, se corre el riesgo de debilitar el sistema y trasladar la presión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al mantenimiento del orden público”, han indicado. Por su parte, el CEP alerta: “La norma está hecha para colar todo, porque no se pueden comprobar los antecedentes penales en origen de forma efectiva”.
Álvarez de Toledo contra los obispos
Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha manifestado su alegría por este real decreto porque es “un asunto mayor”, mientras la la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado que esta regularización “despacha frívolamente” el problema y “beatifica” a todos, promoviendo que los países de origen sean “fábricas de inmigrantes”.
Mientras, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido: “Todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación”, al tiempo que ha hecho un llamamiento a “solventar problemas administrativos” que puedan retrasar el proceso. “Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema”, ha avisado. Por su lado, Vox ha anunciado este martes que actuará “en todos los frentes” ante esta regularización para “exigir prioridad para los españoles”. “Vox va a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo y vamos a actuar en el frente político, en el parlamentario, en las calles con campañas de concienciación y, por supuesto, en los tribunales”, ha argumentado el diputado Carlos Fernández Quero. Con esta iniciativa, la formación de Santiago Abascal pretende reivindicar que “el español en España tiene que ir primero, segundo, tercero, cuarto y quinto”.
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