El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid se ha inhibido en el proceso sobre Plus Ultra por el hallazgo de nuevos delitos y la causa ya está en la Audiencia Nacional. La intención de la juez Esperanza Collazos se conocía desde enero pero no ha sido hasta ahora que se ha podido confirmar la inhibición formal de una causa que sigue secreta.
El pasado 11 de diciembre la juez registró la sede de Plus Ultra y detuvo al CEO y el dueño de la aerolínea, Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, respectivamente, además de Julio Martínez Martínez, cliente de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y amigo de éste, que se hizo bróker aéreo tras el rescate de Plus Ultra. Y lo hizo en el marco de una pieza separada que tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía sobre blanqueo de la ayuda pública. Un rescate que José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, Koldo García, Ángel Víctor Torres y mensajes volcados por la UCO han vinculado ya en varias ocasiones a Zapatero, de lo que las diligencias de la juez habrían encontrado indicios.
Esta decisión de inhibirse de la juez, que avanzó ABC, podría acarrearle querellas de las defensas por posible prevaricación, toda vez que entienden que en diciembre se declaró competente. Otras fuentes jurídicas consultadas no creen que de plantearse pudieran prosperar y destacan que estos conflictos de competencias son habituales. Y advierten del retraso que puede suponer y el tiempo que puede otorgar para una potencial destrucción de pruebas.
La Audiencia Nacional ya rechazó llevar la causa en noviembre de 2024. El magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central nº2 lo hizo por motivos personales y su sustituto, José Luis Calama, sostuvo que la Audiencia Nacional no era competente, lo que la Sala de lo Penal refrendó.
La causa vuelve ahora a Calama, que podría inhibirse de nuevo y entonces se producirá un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, ésta está ahora más armada tras las diligencias practicadas por la juez, por lo que no es descartable que este magistrado la admita ahora.
Los argumentos de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional rechazó su competencia en un auto de 15 de noviembre de 2024 confirmado por reforma de otro de 20 de noviembre. El Juzgado Central de Instrucción número 2 no admitió a trámite la denuncia de Anticorrupción por considerar que el blanqueo no entra dentro de los delitos que debe investigar y que aunque los actos investigados tienen su origen en Venezuela, había actos que estaban teniendo lugar en España, con lo que en ningún caso sólo habrían ocurrido en el extranjero, decisión que el Ministerio Público recurrió. Un auto de la Sala de lo Penal de 13 de diciembre de 2024 ratifica al Juzgado 2.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional planteó que la denuncia de la Fiscalía sólo “tangencialmente” menciona la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra, que se habría utilizado para “la devolución de los préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”. E instó al Ministerio Público a que remitiera la nueva información a su alcance al Juzgado de Instrucción 15 para que decidiera si estimaba reabrir la causa por estar determinada su “competencia para mantener esa investigación”.
La pieza separada proviene de una denuncia de Anticorrupción sobre una presunta trama de blanqueo del rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros concedido el 9 de marzo de 2021 por acreedores de la aerolínea, con más investigados -tres peruanos, dos venezolanos, un exacreedor de Plus Ultra nacido en Países Bajos y con nacionalidad suiza- y un exalto cargo de Chávez en el punto de mira.
La trama que investigan Suiza y Francia
En la trama que también investigan las Fiscalías de Suiza y Francia habrían participado personas “extranjeras y nacionalizados españoles” que formarían parte de una “presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España, dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados y siendo los fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos de Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas CLAP y ventas de oro del Banco de Venezuela)”.
En el otoño de 2024 se registraron domicilios en Madrid, Tenerife, Pozuelo y Mallorca autorizados por el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional ante las peticiones de los fiscales internacionales. Algunos de ellos se volvieron a registrar el pasado diciembre.
El Ministerio Público español ha puesto de relieve el “presunto uso indebido de ayudas públicas españolas”, “al figurar la sociedad Plus Ultra como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura a su vez a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal”.
Los contratos de préstamos a Plus Ultra “fueron íntegramente reembolsados”, subraya la denuncia. Como parte de ella, también se alude a una venta de oro por unos 30 millones de euros a una sociedad de Emiratos Árabes por parte de otra sociedad que concedió préstamos como los referidos y a la remisión de cantidades por parte de la primera de ellas a otra empresa a una cuenta de Panamá.
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