Yolanda Díaz y los ministros de Sumar presentaron objeciones en el último Consejo de Ministros, ante la decisión del Gobierno de levantar el embargo de armas a Israel para determinadas operaciones de la empresa Airbus, que el Ejecutivo no ha concretado. La reunión del Gabinete se celebró este mismo martes. Esto es, a 24 horas de Nochebuena, con buena parte de la ciudadanía alejada de las cuestiones de actualidad.
Como adelantó Artículo14, el Gobierno acordó activar la cláusula de escape, que no se había usado desde la entrada en vigor del real decreto ley, exactamente tres meses antes. Y sin hacer ninguna mención a este acuerdo durante la posterior rueda de prensa.
La excepción se sostiene sobre la disposición adicional primera de la norma. Fue muy criticada en su día por los aliados parlamentarios que convalidaron el decreto dos semanas después, pero también por el socio minoritario del Ejecutivo.
Desde Moncloa reconocen que esta “excepción” en el embargo se ha utilizado “para que Airbus pueda seguir fabricando en España, tal y como marca el decreto”. El Ministerio de Economía se mantiene en total silencio. Ninguna fuente gubernamental ha desvelado con detalle el alcance de esta exención, su objeto de aplicación o las cantidades económicas a las que hace referencia.
Fuentes de Sumar en el Ejecutivo se han opuesto a utilizar esta suerte de puerta trasera, al entender que no está argumentado que no actuar suponga un “menoscabo” para los “intereses generales nacionales”: “No existen motivos suficientes que permitan invocar el principio de menoscabo para los intereses generales nacionales, que prevé el citado RDL para poder ser aprobado por el Consejo de Ministros”.
En concreto, sostienen que la justificación se basa “exclusivamente en el impacto económico en la actividad empresarial de una parte de la industria aeroespacial española” y/o eventualmente a otros intangibles como la “credibilidad de la industria nacional”, “como consecuencia de los eventuales retrasos que la sustitución de los sistemas israelíes actualmente empleados por otros proveedores podría ocasionar”.
“Supone una vulneración del objeto que motivó el embargo”
Las mismas fuentes del socio minoritario de la coalición sostienen que la exención se aplica “a distintas licencias de transferencia de material y tecnología de origen israelí, utilizados por cuatro programas industriales en los que participa la empresa Airbus España”.
Y concluyen que este acuerdo “supone una vulneración del objeto que motivó el RDL 10/2023, de 23 de septiembre y de las obligaciones internacionales de España en materia de derecho internacional”. Que Sumar plantee objeciones ante las decisiones del socio mayoritario es relativamente habitual, aunque no tengan ningún efecto jurídico. Es la forma que han encontrado para discrepar oficialmente.
Cabe recordar que la disposición adicional primera del decreto ley, que funciona como cláusula de escape, puede activarse cuando el Gobierno considere que la aplicación del embargo “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)”.
La presidencia de este organismo, la JIMDDU, que debe estudiar e informar antes de que se aplique cualquier excepción, corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Carlos Cuerpo.
Fabricación del A400M
Distintos medios se han hecho eco de la petición de Airbus para activar esta cláusula, recogida en el decreto ley “de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”. Uno de los proyectos afectados sería el ensamblaje del A400M. En las líneas de montaje que el grupo tiene en España se instalan los equipos y sistemas conforme a las peticiones de clientes internacionales.
La posición de España con el veto al material de defensa israelí ha sido minoritaria en la Unión Europea, y según algunas voces del sector podría impactar en el cumplimiento de los pedidos. Preguntado al respecto, fuentes del gigante aeronáutico europeo rechazaron hacer “comentarios” sobre la activación de esta exención, recogida en las referencias del Consejo de Ministros del 23 de diciembre.
El Gobierno, obligado a rendir cuentas en el Congreso
En su día, el Ejecutivo argumentó que este botón del pánico permitiría “una excepción puntual de manera excepcional”. También aseguró que aspiraba a “minimizar, y si es posible evitar” su uso. La ha utilizado cuando se cumplen exactamente tres meses después de estas palabras.
Pese a su actual ausencia de respuestas, el Gobierno está obligado a comparecer en el Congreso para explicar esta actuación. “El Gobierno comparecerá ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, con periodicidad trimestral, con el fin de rendir cuentas de la aplicación de las medidas contempladas en el presente real decreto-ley. Y, en particular, de las autorizaciones que, en su caso, haya podido acordar el Consejo de Ministros en aplicación de lo previsto en la disposición adicional primera”, reza la disposición adicional segunda del real decreto.
Desde Economía no han aclarado si será el ministro Cuerpo quien rinda cuentas, ni cuándo se producirá esta comparecencia. El Gobierno ha optado por estrenar esta cláusula de excepción en mitad de las vacaciones de Navidad. Y el mismo día en el que también aprobó una nueva inyección de más de 2.000 millones de euros en Defensa. No comunicó ninguna de estas decisiones, más allá de su obligatoria inclusión en las referencias.
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