El Gobierno estrena el botón del pánico para esquivar el embargo de armas a Israel un día antes de Nochebuena, en pleno parón navideño. El Consejo de Ministros del 23 de diciembre, el último del año, ha acordado recurrir por primera vez a la cláusula de escape que introdujeron en el real decreto-ley de embargo, aprobado en septiembre.
En la misma jornada, el Ejecutivo también ha acordado destinar algo más de 2.000 millones de euros a partidas relacionadas con la Defensa, con el objetivo de cumplir con los compromisos asumidos con la OTAN.
Fuentes de Moncloa reconocen a Artículo14 que esta “excepción” en el embargo se ha utilizado “para que Airbus pueda seguir fabricando en España, tal y como marca el decreto”. Este mecanismo para soslayar los controles fue duramente criticado por los aliados parlamentarios de izquierdas de la coalición, así como por el socio minoritario del Gobierno, Sumar.
Temían que sirviera para seguir comprando y vendiendo armas al régimen de Benjamín Netanyahu, a sus empresas o a las que operan en los territorios ocupados por Israel. Desde el Gobierno confirman que esta “excepción”, que se activa por acuerdo del Consejo de Ministros, se utiliza ahora por primera ocasión: “Está pensada para cuestiones así”. Y rechazan que vaya a servir para comprar o vender armas a Israel.
Salvar las piezas del A400M
En este sentido, distintos medios se han hecho eco este martes de la petición del gigante aeronáutico europeo al Gobierno para que activase esta cláusula, recogida en la disposición adicional primera del decreto ley “de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina”.
Airbus trasladó las dificultades que venía arrastrando con el desarrollo del avión de transporte A400M, según informa El Español. En concreto, con los impedimentos para importar la tecnología israelí que puedan requerir los clientes que adquieran estas aeronaves, y no con los componentes específicos que incorpora.
El texto del acuerdo aprobado por el Ejecutivo no detalla los componentes concretos a adquirir, ni ningún dato específico; tampoco alude a ningún importe o impacto económico.
Airbus, junto a Indra y Escribano Mechanical & Engineering, es uno de los grandes ganadores de los Programas Especiales de Modernización (PEMs), dispuestos por el Gobierno para lograr cumplir con el compromiso de gasto del 2,1% del PIB en Defensa.
Es, además, un jugador relevante en el ámbito industrial español. Con ocho centros en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, la compañía genera más de 14.000 puestos de trabajo y aporta cerca de 2.800 millones de euros al Producto Interior Bruto.
Sin detalles
La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no aludió a esta cuestión en su primera rueda de prensa para explicar los acuerdos alcanzados por el Ejecutivo. A menudo, además, la referencia del Consejo de Ministros es parca en detalles.
En este caso, el acuerdo básicamente alude en genérico a “la transferencia de determinado material de defensa y doble uso, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre”.
La disposición adicional a la que se refiere el acuerdo puede activarse cuando el Gobierno considere que la aplicación del embargo “suponga un menoscabo para los intereses generales nacionales, previo informe de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU)”.
La presidencia de este organismo, la JIMDDU, que debe estudiar e informar antes de que se aplique una excepción al embargo, corresponde a la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Economía. Fuentes del departamento que lidera Carlos Cuerpo aseguraron no tener más información sobre este acuerdo.
Una cláusula que planeaban “evitar”
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha situado la denuncia del “genocidio” en Palestina en el centro de su política internacional -y doméstica-, ha mantenido estos dos años que España dejó de comprar y vender armas a Israel en octubre de 2023. Sin embargo, el ejemplo de contratos como el conocido en Semana Santa para adquirir 17 millones de balas a una empresa de este país, que no se rescindió oficialmente hasta septiembre de 2025, evidencian que estas relaciones comerciales seguían existiendo.
Teóricamente, el decreto de embargo debía servir para “blindar” legalmente la prohibición de mantener relaciones comerciales con el Estado hebreo. El Gobierno logró su convalidación en el Congreso de los Diputados en octubre, con el apoyo de Podemos, que durante semanas advirtió de que se trataba de un “decreto fake“.
El 8 de septiembre, Sánchez compareció sin previo aviso en Moncloa para anunciar este real decreto. Se aprobó en Consejo de Ministros dos semanas después, tras las multitudinarias protestas en Madrid contra la participación de un equipo israelí en la Vuelta Ciclista a España (14 de septiembre). La cláusula de escape no trascendió hasta la rueda de prensa de Cuerpo después del Consejo de Ministros.
En su día, el Ejecutivo argumentó que este botón del pánico permitiría “una excepción puntual de manera excepcional”. También aseguró que aspiraba a “minimizar, y si es posible evitar” su uso. La ha utilizado exactamente tres meses después de estas palabras.
Inversión en Defensa
La última cita del año sirvió también para dar el último empujón presupuestario a la inversión en Defensa, con el objetivo de cumplir con las exigencias de la Alianza Atlántica. En total, se dio luz verde a un gasto de más de 2.001,22 millones de euros. Casi la mitad del importe corresponde a la adquisición de camiones tácticos para las Fuerzas Armadas. Otro 21,5% del gasto (430 millones de euros) se destinará a la construcción de cuatro submarinos S-80, y un 17,66% a infraestructura global y ciberseguridad.
Así, el Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Defensa a suscribir un acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados de transporte táctico de las unidades, con una duración de cuatro años desde su formalización, con posibilidad de dos años de prórroga.
El Ejército de Tierra ha definido cuatro tipos de camión, desde modelos medios todoterreno 4×4 hasta uno pesado 8×8, con capacidad de carga de, al menos, 15.000 kilogramos. Su finalidad es “completar y mejorar la cobertura” de estos vehículos, así como “afrontar la renovación de la flota en aquellos casos en los que hayan finalizado o estén próximos al final de su ciclo de vida”.
Submarinos
El segundo acuerdo, por valor de 432,04 millones, autoriza la modificación de la Orden de Ejecución Complementaria para la construcción de cuatro submarinos de la serie S-80. Estos buques son el proyecto insignia de la defensa naval, liderado por Navantia, la constructora naval pública.
Con esta nueva ampliación, el coste total del programa rozará los 4.500 millones de euros. “Esta modificación es necesaria para poder alcanzar una configuración adecuada de los submarinos, adquirir repuestos y atender la gestión de las obsolescencias detectadas en los diferentes sistemas e instalaciones de los buques”, ha argumentado Defensa.
Por otra parte, el Ejecutivo invertirá 353,54 millones en el equipamiento y los servicios para la protección global de la Infraestructura Integral de Información para la Defensa, junto con herramientas de ciberseguridad de uso transversal del Ministerio de Defensa. El acuerdo tendrá una duración de tres años, desde el 1 de junio de 2026 o desde la fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de mayo de 2029, con posibilidad de una prórroga adicional de un año.
Asimismo, el Consejo ha autorizado otra partidas de menor importe. Entre ellas, la contribución voluntaria de España a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para la participación en el sistema de la Lista Priorizada de Requerimientos de Ucrania en 2025, por importe de 100 millones.
En total, una inyección extraordinaria de 2.000 millones de euros. Más la activación de la cláusula de escape. Todo, en mitad de las vacaciones de Navidad, cuando buena parte de los ciudadanos acostumbran a desconectar de la actualidad.
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