El embargo real al armamento israelí continúa sin resolverse. La mayor dificultad radica en buscar una alternativa viable a los proyectos que el Ministerio de Defensa adjudicó directamente a empresas israelíes y/o a terceros, con acuerdos para el uso de su tecnología. En juego está salvar dos megacontratos valorados en el momento de su adjudicación en casi mil millones de euros. Tal y como avanzó este medio el 9 de septiembre, Defensa canceló ‘in extremis’ la adjudicación del lanzacohetes SILAM y de los misiles contra carro Spike-LR2, en los que participaban empresas israelíes.
No son los únicos, pero sí dos de los más importantes. Y las implicaciones de esta decisión son un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Por una parte, eliminar esta tecnología supone restar capacidades críticas a la capacidad de defensa de las Fuerzas Armadas. La mejor prueba de que su sustitución es muy compleja es que la decisión se ha dilatado casi dos años. Estos contratos se adjudicaron a finales de 2023, una vez que el Gobierno ya había anunciado su decisión de no comprar material militar a Israel.
Otro factor es la asunción del riesgo de demandas por parte de las empresas afectadas por la cancelación de un contrato ya adjudicado. Si eventualmente hubiera un fallo a su favor, las indemnizaciones podrían elevar sustancialmente el coste de unos proyectos en sí mismos ya millonarios.
‘Españolizar la tecnología israelí’
En esta tesitura, según las fuentes consultadas por Artículo14, una de las opciones que el Gobierno sopesa es utilizar a Indra para ‘españolizar’ la participación israelí en los megaproyectos del Ministerio de Defensa. A través de la Sociedad Estatal de Particiones Industriales (SEPI), el Estado con un 28% del capital, es el primer accionista de la compañía presidida por Ángel Escribano. Esta vía implicaría que Indra adquiriera las filiales españolas de las empresas israelíes, que desarrollan los programas del Ministerio de Defensa. Fuentes de Indra rechazaron cualquier comentario al respecto.
Los contratos recién anulados afectan a Pap Tecnos Innovación (Spike-LR2) y Elbit Systems (SILAM). La primera es la filial española del Grupo Rafael Advanced Defense, adjudicataria del contrato de 168 misiles contra carro Spike-LR2 valorado en 237,5 millones.
A su vez, el SILAM fue adjudicado a una UTE entre Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) y Expal Rheinmentall. Para el proyecto del lanzacohetes de alta movilidad (SILAM), que cuenta con la tecnología israelí de Elbit Systems, la solución podría venir a través de Guardian Homeland Security SA. Esta empresa es la representante en España de Elbit y de IMI Systems, adjudicataria de las balas de la Guardia Civil en abril de 2025.
Un desenganche ‘imposible’
En este sentido, fuentes expertas en el sector de la defensa consultadas advierten que esta alternativa no es más que un ‘mero maquillaje’ de cara a la opinión pública porque en último término los royalties por el uso de la tecnología armamentística irían a las empresas israelíes sobre las que se quiere aplicar el embargo. “Indra puede comprar las empresas o subcontratar a través de terceros, pero en el fondo es una tapadera porque al final la tecnología del Spike es israelí y, de ninguna manera, no van a cederla”.
Aunque los proyectos Spike-LR2 y SILAM son dos de los contratos más mediatizados por su alcance e importe, los expertos del sector consideran que, dado su carácter embrionario, son los que implican menos dificultades para ejecutar el “desenganche” de la tecnología israelí, que viene señalando el Ministerio de Defensa. En este sentido, puntualizan que la alternativa al Spike-LR2, un programa transversal que se utiliza en diferentes unidades -como blindados o los helicópteros Tigre– es más compleja que el SILAM.
Más aristas
“Es absurdo y ridículo defender que toda la tecnología armamentística de Israel tiene que desaparecer porque está imbricada en las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, es utilizada en los aviones F-18 o en los blindados del Ejército de Tierra; si no realizas el mantenimiento o renuevas la licencia, ese material queda inservible. La búsqueda de una alternativa no puede resolverse con la premura que pretende el Gobierno. La industria española hoy por hoy no tiene ni la capacidad industrial ni tecnológica para desarrollarla”, resume una fuente consultada.
A su vez, alertan de que la cancelación de contratos bajo un “criterio político” es injustificable y expone a un alto riesgo de reclamaciones con las empresas afectadas. Esto es algo que los expertos entienden que se estará intentando negociar. Otro elemento a tener en cuenta es el cumplimiento de los compromisos con la OTAN. Los sistemas del Ejército español tienen que ser compatibles con el del resto de aliados y “la realidad es que la tecnología israelí es la más extendida en la UE”.
¿Qué pasa con el Real Decreto-ley?
Esta realidad explica que la aprobación urgente de un Real Decreto-ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, acordada por el Gobierno el 9 de septiembre no esté aún aprobado. Fuentes de Moncloa ven con preocupación la situación porque hay mucha presión de los socios para aprobar con urgencia una norma que es muy difícil de articular.
Las mismas fuentes admiten que les va a costar mucho llegar a la próxima reunión del 23 de septiembre. “Es muy difícil poner en un papel un anuncio de este alcance”, señalan. Para algunos de los expertos consultados, no hay duda de que el Real Decreto-ley será limitado. Buscará maquillar en lo político una solución para salvar los muebles de un anuncio imposible de plasmar. Y esta dificultad Indra podría ser la llave.