Casi 23 meses después de anunciar el embargo de armas a Israel, el Gobierno ha dado el primer paso para su aplicación efectiva. El Ejecutivo anunció en octubre de 2023 la suspensión del comercio armamentístico con Israel. Sin embargo, formalmente el Ministerio de Defensa mantenía en vigor los dos megacontratos de armamento con empresas israelíes, tal y como publicó Artículo14. En concreto, se trata del programa para el suministro del lanzacohetes de alta movilidad (SILAM) y de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2. Ambos proyectos, adjudicados a finales de 2023, estaban valorados en casi mil millones de euros.
Hoy, 9 de septiembre, el Ministerio de Defensa ha procedido a la anulación formal de ambos contratos. El Departamento que lidera Margarita Robles ha publicado sendas resoluciones firmadas digitalmente poco antes de las 16:00 horas con las que confirma la revocación de la adjudicación de ambos proyectos.
ANUL_CAN_ADJ2025-001017178 (1) ANUL_CAN_ADJ2025-001017147 DOC20250909161355SPIKE LR2
Contratos con tecnología israelí
Estas dos adjudicaciones estaban pendientes de formalización, lo que facilita su rescisión. Pese a este paso, el Gobierno sigue contando con tecnología israelí en otros proyectos. En total, se contabilizan en el momento actual 44 contratos, de los que un 80% han sido formalizados y no ha habido marcha atrás.
Un ejemplo significativo por su importe es el acuerdo marco POD Designador para sistema de combate aéreo, adjudicado por más de 207 millones a Rafael Advanced Defense Systems, que se formalizó el 23 de abril de 2024. Según el último informe del Centre Delàs, desde el anuncio del embargo a Israel, se han adjudicado contratos por más de 1.044,5 millones de euros sin impuestos.
La visión del Ministerio de Defensa
Este medio contactó con el Ministerio de Defensa el 8 de septiembre para preguntar sobre el estado de la adjudicación del proyecto del lanzacohetes SILAM, desarrollado entre Escribano y Rheinmetall, en colaboración con la israelí Elbit Systems. Cabe recordar que en el apartado de contrataciones públicas aparecía vigente. Según respondieron desde el Departamento, estos contratos no tenían “proveedores de Israel”.
En el mes de julio, tras publicar el portal de Comercio Exterior que España había invertido 5,9 millones de euros en contratos con el estado hebreo, que el Ministerio especificó se trataba de reparaciones, informa Aurora García Mateache. Los datos del Ministerio de Economía constatan el Gobierno ha incrementado en 2025 el gasto en munición israelí -más de 16,2 millones- vinculada a “programas estratégicos de Defensa”.
¿Qué empresas están afectadas?
La revocación de los contratos para el desarrollo de los lanzacohetes SILAM y los misiles Spike-LR2 afecta directamente a las dos mayores empresas de defensa israelíes: Rafael Advanced Defense Systems y Elbit Systems. En el primer caso, se trata de una empresa pública del Estado israelí, mientras que Elbit Systems es propiedad del multimillonario y filántropo israelí Michael Federmann.
La participación de las compañías israelíes en los proyectos de Defensa se estructura, en el proyecto del SILAM, a través de una alianza de Elbit Systems con Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), en la que también participa la alemana Expal Rheinmetall.
Su participación ha permanecido oculta, ya que en su día la adjudicación se realizó a una UTE entre Escribano y Rheinmetall. En este sentido, fuentes del sector de defensa explican la relevancia de la tecnología israelí, que supone cerca del 80% de estos lanzacohetes.
Misiles contra carro Spike
A su vez, la adjudicación de los misiles contra carro se realizó directamente a Pap Tecnos, filial española del fabricante israelí Rafael. La pasada primavera, durante la presentación de sus nuevos sistemas aéreos, su CEO, Yoav Turgeman, admitió no haber recibido ninguna notificación de cancelación.
Tal y como avanzó Artículo14, en sus últimas cuentas esta compañía mantiene como vigente el contrato adjudicado por Defensa en noviembre de 2023 para el suministro del armamento. En sus perspectivas de futuro, la compañía señalaba que está “involucrada en los principales programas relevantes de suministro de sistemas para el Ministerio de Defensa, como son el misil contra carro Spike LR2 y nuevos programas de comunicaciones y seguridad para las Fuerzas Armadas”.
Procedimiento de anulación
La firma de las resoluciones que dejan sin efecto las adjudicaciones del SILAM y del Spike-LR2 corresponde a la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), dependiente a su vez de la Secretaría de Estado de Defensa que encabeza Amparo Valcarce. Es el subdirector general de Adquisiciones de Armamento y Material, José María Belluga Capilla, quien firma a las 15:58 horas (SILAM) y a las 15:56 horas (SPIKE) la suspensión de los contratos.
El siguiente paso, conforme a lo establecido en la legislación de contratación pública, es su elevación a la Plataforma de Contratación del Sector Público. De esta forma, a las 16:12 horas se publicó en la documentación relativa al expediente del SILAM la anulación de la adjudicación; y a las 16:14 horas, la correspondiente al Spike.
Riesgo de indemnizaciones
La no formalización de los contratos adjudicados también genera responsabilidades para el Estado. El artículo 153.5 Ley de Contratos del Sector Público, de la ley establece que “si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar”. Esta compensación no es ni automática ni de cuantía predeterminada: debe ser solicitada y justificada por el contratista y, posteriormente, evaluada por la Administración. En caso de discrepancia, el conflicto puede derivar en la vía contencioso-administrativa.
Según aclaran fuentes jurídicas, “corresponde al contratista acreditar esos daños y perjuicios: lo que se haya gastado para concurrir en el procedimiento de contratación, los gastos que haya hecho antes de que le comuniquen la resolución -por ejemplo, si ha encargado material para poder suministrar lo que le ha pedido el Estado-, etc.”. Añaden que será la Administración la que valore esa cuantía y, si el contratista no está conforme, podrá acudir a los tribunales.
Acuerdo en el Consejo de Ministros
Con esta decisión de derogar los contratos para el desarrollo de dos de los programas más importantes de defensa de los últimos años, el Gobierno se adelanta a la próxima aprobación urgente del Real Decreto-ley que consolidará jurídicamente el embargo de armas a Israel. En este sentido, el Consejo de Ministros acordó hoy las nueve medidas contra el genocidio en Gaza y en apoyo a la población palestina anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Además del marco jurídico para el embargo de armamento, se ampliará la denegación de autorizaciones en tránsito por puertos españoles a barcos que transporten combustibles usados por las fuerzas armadas israelíes. Esta medida se completará con el cierre del espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves que transporten material militar destinado a Israel. Según informaron fuentes gubernamentales, todas las medidas acordadas están ya en vigor. Hay dos excepciones el tránsito por puertos españoles, que requiere de una orden ministerial que se publicará esta semana, y la importación de productos, que empezará a aplicarse en los próximos días.