Es un dato que debería haber encendido todas las alarmas dentro del PSOE: hay al menos otra militante que habría sufrido acoso grave por parte de Antonio Navarro y que el partido conoce desde hace más de cinco meses. Su nombre, su teléfono y una descripción de los episodios que habría vivido están en el expediente oficial. Todo ello llegó al Órgano contra el Acoso del PSOE a mediados del verano. Y, aun así, nadie la ha llamado.
Ni una entrevista. Ni una valoración de riesgo. Ni un ofrecimiento de apoyo psicológico o jurídico.
Nada.
El silencio es aún más llamativo si se tiene en cuenta el tipo de conductas que el partido ya conocía cuando recibió esa información. En el expediente constan mensajes con frases como “que te quiero meter ficha”, “lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá” o comentarios sobre su cuerpo del tipo “¿ese escote lo has tenido siempre?”. La denuncia describía también un tocamiento no consentido, cuando el dirigente llegó a tocarle los glúteos sin permiso, así como episodios que la víctima interpretó como persecución o vigilancia y que deterioraron gravemente su sensación de seguridad.
Con este contexto, la llegada al Órgano contra el Acoso de los datos de otra mujer —identificada, localizable y con relatos de una intensidad similar— debería haber activado todos los mecanismos de protección previstos en el protocolo. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada. La segunda militante, que dio su consentimiento expreso para ser contactada, no ha recibido ni una llamada.
Un protocolo que no se activa
El protocolo del PSOE obliga al órgano antiacoso a actuar con “celeridad”, proteger a las denunciantes e iniciar diligencias cada vez que existan indicios razonables de acoso. Con una mujer identificada, dispuesta a declarar y con antecedentes que apuntaban a un comportamiento reiterado, la falta total de movimiento cuestiona la eficacia real del mecanismo interno.
El órgano, concebido como un espacio independiente y especializado, vuelve así a quedar en entredicho tras varios casos recientes en los que los expedientes se ralentizaron o desaparecieron durante semanas.
Este nuevo dato —una posible víctima de acoso de la que se tiene información precisa y a la que nadie ha contactado— añade una dimensión inédita: el reconocimiento de que existen mujeres en situación potencial de vulnerabilidad que no están siendo atendidas, pese a que el partido dispone de sus datos.
Una ausencia que agrava la desprotección
La falta de contacto implica que nadie ha valorado el riesgo de la mujer, ni su necesidad de apoyo psicológico, jurídico o institucional. Tampoco se ha determinado si los hechos que vivió podrían ser relevantes en el procedimiento disciplinario o en una eventual vía penal.
En un partido que sostiene públicamente que “cree y acompaña a las víctimas”, la desconexión entre el discurso y la práctica se hace evidente. La estructura diseñada para garantizar diligencia e independencia opera, en la práctica, con un nivel de opacidad que impide comprobar si las obligaciones del protocolo se están cumpliendo.
Que el partido conozca la existencia de una segunda posible víctima de acoso sin activar ningún mecanismo de protección o escucha supone un golpe a la credibilidad de un sistema interno que hace aguas. Obliga al PSOE a enfrentar un dilema: revisar a fondo el funcionamiento de su órgano antiacoso o asumir que la herramienta creada para proteger a las militantes no está funcionando.
En un momento en el que más mujeres dentro del partido se están atreviendo a denunciar, la inacción ante un caso identificado y documentado transmite un mensaje peligroso: que incluso dando el consentimiento, aportando sus datos y estando dispuesta a colaborar, una posible víctima puede quedar fuera de cualquier radar institucional.
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