No es sencillo romper el silencio. No lo es cuando se denuncia a un desconocido, mucho menos cuando se acusa a un compañero de partido, alguien con poder, bien situado y relacionado. Antonio Navarro es el secretario general del PSOE en Torremolinos y concejal. Figuraba como número dos, justo detrás de la aspirante a alcaldesa, en las listas al Ayuntamiento de la localidad malagueña.
Denunció el 8 de junio
Con todo, la víctima se decidió a poner en conocimiento la violencia machista que asegura haber sufrido por los canales internos del partido. Lo hizo el 8 de junio. Se armó de valor y le acusó formalmente. No quería revuelo y esperaba que todos se solucionase sin necesidad de hacerse público y se depurasen responsabilidades de forma interna.

No sirvió de mucho. Cinco meses después, y ante un silencio atronador por parte del PSOE, la víctima decidió, esta misma semana, acudir a Fiscalía a denunciar, al no haber encontrado respuesta ni acompañamiento en sus propias filas.
Montero lo sabía
María Jesús Montero conoció antes que Ferraz la denuncia de la mujer que acusa a Navarro. La víctima acudió al órgano interno el 8 de junio. La denuncia pasó de la dirección provincial a la regional, donde Montero es la máxima responsable, antes de acabar en el órgano nacional, en Ferraz. A pesar de ello, nadie actuó.
A partir de que la denuncia llegó a la Fiscalía, la secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, se ha visto obligada a ofrecer explicaciones públicas sobre la gestión interna del caso. Montero aseguró que el partido “sí ha hecho los pasos correspondientes” en cuanto a la recopilación de testimonios y contactos, pero admitió que los procedimientos han sido “excesivamente largos” y que la víctima “no se ha sentido acompañada” en el proceso. Reconoció que la inacción prolongada no es aceptable y que el caso revela carencias en la aplicación de los protocolos internos.
Hechos “humillantes” que requieren una respuesta más ágil
La vicepresidenta cree que hechos como los descritos en la denuncia son “humillantes” y requieren una respuesta más ágil. Insistió en que el partido debe mejorar sus mecanismos y actuar con mayor rapidez, especialmente en situaciones que implican comportamientos que pueden resultar vejatorios o intimidatorios. “Tenemos que mejorar esos procedimientos para que sean más ágiles y permitan que la víctima se sienta acompañada”, afirmó, dejando claro que el PSOE revisará sus prácticas internas.
La dirigente socialista también explicó que conocía la existencia de la denuncia desde junio, aunque no su contenido concreto, dado que los protocolos garantizan la confidencialidad del expediente. Sin embargo, admitió que, pese a haber tenido conocimiento del caso, no se adoptaron medidas cautelares durante meses. Solo cuando se supo que la Fiscalía había abierto diligencias, la dirección actuó ordenando la suspensión inmediata de militancia de Navarro y solicitando la entrega de todas sus actas institucionales. “Ni un día más en el partido”, afirmó Montero, señalando que la decisión debía ser drástica en cuanto se judicializó el caso.

“Tenemos que ser empáticos”
A lo largo de su comparecencia, Montero insistió en que la prioridad del partido debe ser siempre la protección y el acompañamiento de las víctimas. Explicó que denunciar comportamientos de este tipo es especialmente doloroso, porque implica entregar conversaciones privadas, recordar frases humillantes y exponerse en un ámbito que no siempre garantiza apoyo. “Tenemos que ser empáticos y ponernos en su lugar”, dijo, recalcando que el PSOE tiene la obligación de garantizar que ninguna militante se sienta indefensa ante una situación así.
Finalmente, Montero señaló que este caso debe servir para acelerar los procedimientos internos y mejorar la respuesta orgánica ante denuncias de violencia o acoso. Aseguró que el partido tomará medidas para reforzar los protocolos y que trabajará para que las denunciantes se sientan acompañadas desde el primer día. El caso, ahora en manos de la Fiscalía, sigue su curso mientras el PSOE afronta el reto de demostrar que sus compromisos internos están a la altura de su discurso público.
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