Los casi cinco millones de autónomos y pymes recibieron ayer una grata sorpresa del Ministerio de Hacienda en el intento del Gobierno por reconducir la relación con Junts. María Jesús Montero ha accedido a la petición del empresariado catalán abanderada por los de Carles Puigdemont y ha decidido retrasar un año la entrada en vigor de Verifactu. Ello supone que la obligación de que sus sistemas informáticos cumplan con los requisitos de Verifactu se aplaza a 2027. Hay que recordar que este es el requisito previo para la aplicación de la facturación electrónica.
Pedro Sánchez fue el encargado de dar la buena noticia en vísperas de su entrada en vigor, en sendas entrevistas con RAC1 y TVE. El anuncio se materializó ayer en el Consejo de Ministros con la aprobación de un Real Decreto-ley, que incluye además medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y de las comunidades autónomas. Los colectivos afectados, tanto pymes como autónomos, valoraron esta moratoria. Como expresó gráficamente el presidente de ATA, Lorenzo Amor: “Es un alivio para los autónomos que cada día tienen más trabas”. Por su parte, Foment del Treball valoró que es “un avance significativo en la defensa de los intereses” empresariales. En la misma línea, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, valoró que “reconoce la realidad de miles de pymes y microempresas”.
“Mayor margen para adaptarse”
Según explicó ayer el Ministerio de Hacienda, se modifica el Real Decreto 1007/2023 de 5 de diciembre, el denominado ‘Reglamento Verifactu’. El cambio consiste en aplazar en un año, hasta 2027, el inicio de la aplicación de una serie de requisitos a cumplir por los sistemas informáticos de facturación de pymes y autónomos. Inicialmente se preveía la entrada en vigor del Verifactu para el 1 de enero de 2026 en el caso de obligados tributarios contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, mientras que para las demás empresas y autónomos el plazo era el 1 de julio de 2026.
De esta forma, para las empresas cuyo plazo de implantación y adaptación de sus sistemas informáticos comenzaba el 1 de enero de 2026, se traslada al 1 de enero de 2027. Mientras que para las empresas y autónomos que tenían que aplicar Verifactu el 1 de julio de 2026, ese plazo se extiende al 1 de julio de 2027. La justificación del Departamento de Montero es que se da mayor margen y plazo para adaptarse al nuevo sistema.
“Con el Real Decreto-ley se ha decidido efectuar una nueva ampliación del plazo de exigibilidad, algo motivado tanto por la necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”, indicó en un comunicado el Ministerio. Este nuevo sistema nace como herramienta para luchar contra el fraude tributario y la economía sumergida.
Pendientes de Economía
Con esta medida, los autónomos ganan tiempo a la espera de que el Ejecutivo avance con el desarrollo reglamentario de la facturación electrónica. Una tarea que corresponde a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, en el marco de la Ley “Crea y Crece”. De momento, la obligatoriedad de facturar electrónicamente es aún una incógnita. El proyecto establece que a los doce meses de su entrada en vigor estarán obligados a emitir facturas electrónicas los empresarios que facturen más de ocho millones de euros al año. Para el resto, la exigencia se pospone un año más.
El Ministerio de Economía concluyó en abril la segunda audiencia sobre el Proyecto de Real Decreto que establece el régimen jurídico aplicable a la factura electrónica entre empresarios y profesionales. Así, en el momento en el que se aprobara este desarrollo reglamentario, los autónomos contarían con un año de plazo para su aplicación. Otro elemento a tener en cuenta es que la exigencia de factura electrónica solo afecta a operaciones entre empresas o profesionales (B2B) y no se aplicará a clientes particulares.
Nuevas cuotas de cotización
En el caso de los autónomos una vez aplazada la aplicación de Verifactu, la incógnita pendiente es la actualización de las cuotas de cotización. Una vez que la Seguridad Social propuso congelar las cuotas de los autónomos con menores ingresos -aquellos que perciben hasta 1.167 euros-, falta cerrar el acuerdo con las asociaciones sectoriales que no tienen una posición común. En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, aseguró que “están trabajando de forma discreta”. Si bien no detalló cuándo podría cerrarse un acuerdo: “cuando estamos condiciones de anunciar acuerdos, lo haremos”, concluyó.