La salida a la luz de los contratos firmados entre el Gobierno de Pedro Sánchez con empresas israelíes es un arma política demasiado poderosa como para pasarla por alto. Fuentes del Grupo Parlamentario de Podemos informan a este medio que el partido dirigido por Ione Belarra exigirá a Sánchez este miércoles que cancele el contrato de los lanzacohetes SILAM -Sistema Lanzador de Alta Movilidad-, alcanzado entre el ministerio de Defensa, la empresa Escribano, y la compañía israelí Elbit.
Será sólo una de las exigencias, ya que los socios de Gobierno de Sánchez también pondrán sobre la mesa los 46 contratos a empresas israelíes firmados por el Gobierno entre 2023 y 2025 -según Centre Delàs-, y exigirán responsabilidades a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al titular del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Precisamente, los contratos firmados por Grande Marlaska con la israelí IMI Systems para adjudicarle dos lotes de balas por casi un total de 6 millones de euros fueron la punta del iceberg de una lista importante de rúbricas millonarias. La cuestión no tendría más alcance de no ser porque tras la masacre perpetrada por Hamás en Israel el 7 de octubre, el Gobierno afirmó que suspendería todos los contratos firmados con compañías del país hebreo.
Ante el revuelo, Sánchez ha ordenado que se suspenda el contrato de las balas, pero es sólo migajas si se compara con los 700 millones que supone el contrato SILAM. Que, como ya informó este medio, se ha firmado a tres entre Defensa, Elbit, y Escribano, empresa que tiene el 14,6% de Indra, en la que la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, brazo inversor del Gobierno, que depende del ministerio de Hacienda- dispone del 28% del accionariado de la tecnológica.
Según informan desde Podemos, las cartas que jugarán en la Cámara Baja será sacar a la palestra la réplica de Sánchez en el parlamento tras el 7-0 al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, según la cual se comprometió a no comprar ni vender a Israel, y su base argumental será exigir que las relaciones empresariales y diplomáticas con los israelíes se vean afectadas. Aunque en este último sentido cabría valorar si no se encuentran ya lo suficientemente deterioradas, tras la política exterior liderada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, manifiestamente en contra de Israel y a favor de Palestina.
Mientras Podemos ha encontrado esta grieta para hacer oposición al PSOE y a Sumar y adueñarse de la bandera pacifista en las calles y en el Congreso, la coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, se encuentra en una situación más difícil al ser vicepresidenta segunda y formar parte del Ejecutivo de Sánchez. Este medio ya informó de que Díaz elevará el tono para no defraudar a sus votantes, que no se contentarán con frases como que “todos los contratos que se formalicen relativos a la compra de armamento con un Estado genocida tienen que ser revocados”, si los morados se hacen con el discurso que defiende la izquierda en el conflicto de Oriente Próximo.
Así las cosas, Díaz espera que el presidente del Gobierno adelante posiciones en la cancelación de los proyectos armamentísticos para no mover ficha primero. En caso de no hacerlo, se encontrará en una encrucijada, ya que la izquierda afeará a Sánchez haber incumplido su palabra y la obligará a retratarse. Máxime cuando ella misma se grabó en un discurso, precisamente hace un año, en el que abogó por “revisar la compraventa de armas y defender los derechos humanos”. Un discurso en el que incluso llegó a utilizar el eslogan de que Palestina “será libre desde el río hasta el mar”.
La cancelación de los contratos
Este medio ya informó de que de los 46 contratos que se exigen suspender, 36 ya han sido formalizados, lo que significa que han superado el proceso de firma y generan obligaciones jurídicas plenas. Los otros diez restantes están adjudicados, pero no formalizados, por lo que aún no producen efectos vinculantes, aunque sí podrían dar lugar a reclamaciones. Uno de ellos es, por ejemplo, el programa de misiles SPIKE, por 237 millones de euros, adjudicada el 23 de noviembre de 2023 a PAP Tecnos, filial de la empresa militar israelí Rafael. Desde Defensa se dio a entender que no se romperá el contrato, porque califican al proveedor tecnológico israelí de “no sustituible”, al igual que en otros casos.
España, sin industria propia solvente
Independientemente de cómo se resuelva la coyuntura en el marco de la Ley de Contratos, desde Israel ya se ha manifestado públicamente su descontento con la situación, y ha acusado al Ejecutivo español de “sacrificar consideraciones de seguridad por fines políticos”. Y añaden que España “se sitúa del lado equivocado de la historia contra el Estado judío que se defiende de ataques terroristas en múltiples frentes”.
A diferencia de países europeos como Francia, con una industria en Defensa sólida, después de décadas sin invertir prácticamente en Defensa hace falta tiempo para generar una industria solvente e independiente, lo que provoca que dependamos del país hebreo y de los americanos. “Los israelíes son suministradores de Defensa de los más potentes, porque destinan mucho dinero a la tecnología y están en zona de conflicto permanente”, explican expertos militares.
En este contexto, el Gobierno ha prometido ante sus socios europeos llegar al 2% del gasto en Defensa de cara a la cumbre de la OTAN que se celebrará en la Haya el próximo mes de junio. Rescindir estos contratos contentaría a sus socios de Gobierno, pero no fuera de nuestras fronteras.