A la entrada de Orallo, en Laciana, aún huele a ceniza, cuenta José Manuel, ganadero de la zona. El paisaje ennegrecido recuerda la violencia con la que el fuego arrasó montes, casas y corrales. “Tenía mis vacas. Ahora no queda nada”, lamenta.
Su historia es la de miles de españoles que este verano vieron cómo las llamas lo devoraban más de 380.000 hectáreas y, entre las cenizas, descubrieron que su póliza -si es que la tenían- no bastaba para recuperar lo perdido.
Hoy José Manuel, y tantos otros, se aferran a una palabra pronunciada por Pedro Sánchez que, aunque burocrática, marcará el futuro de comunidades enteras: zona catastrófica. Tras esa etiqueta administrativa se esconden indemnizaciones, ayudas, créditos y exenciones fiscales. A priori, la posibilidad de empezar de nuevo.
Qué significa “zona catastrófica”
El término oficial es menos sonoro: zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. En la práctica, supone que el Estado reconoce la magnitud del desastre y activa un paquete de ayudas que incluye:
- Ayudas a particulares: para reparar viviendas habituales, reponer enseres esenciales o compensar por fallecimiento e incapacidad.
- Compensaciones a empresas: subvenciones para negocios industriales, mercantiles y de servicios.
- Medidas fiscales: exenciones en el IBI y reducciones en el IAE.
- Apoyo a ayuntamientos: fondos para reconstruir carreteras, alumbrado, redes de saneamiento e instalaciones públicas.
- Medidas laborales: moratorias en las cuotas de la Seguridad Social para autónomos y empresas afectadas.
- Sector primario: ayudas específicas para paliar pérdidas en cultivos, ganadería y explotaciones forestales.
- Líneas de crédito ICO: préstamos en condiciones ventajosas para los damnificados.
“Debería ser un salvavidas cuando todo lo demás falla, pero no lo es”, afirma María Ballano, vecina de Lorca, que catorce años después del terremoto que la dejó sin nada aún no ha recibido ni un euro.
La encrucijada del seguro: cuando el fuego supera a las pólizas
La primera barrera contra los incendios son las aseguradoras. “Si el fuego es fortuito y la vivienda o negocio está asegurado, el proceso es relativamente rápido: se comunica el siniestro -en un plazo máximo de siete días- y la compensación llega entre tres y cuatro meses”, explica a Artículo 14 Marta Fernández, gestora de GES Seguros.
Pero en muchos pueblos la realidad es otra: jubilados con casas heredadas sin seguro, pequeños agricultores que apenas llegan a fin de mes, familias que confiaron en que nunca pasaría. Todos ellos quedan fuera del paraguas de las compañías.
En ese vacío entra en juego el Consorcio de Compensación de Seguros, un organismo estatal que cubre riesgos extraordinarios. Sin embargo, la respuesta no siempre es rápida. “Quienes no tenían seguro, pueden tardar quince años o más en cobrar. En Lorca, todavía hay gente que no ha recibido nada desde 2011”, recuerda Fernández.
Quienes sí tenían póliza lo tendrán algo más fácil. “Las aseguradoras adelantamos el dinero del Consorcio y se cobra en pocos meses”, añade.
Entre la burocracia y la urgencia de los afectados
Mientras en los despachos se discuten informes de daños, decretos y partidas presupuestarias, en los pueblos la preocupación es inmediata: cómo alimentar al ganado mañana o dónde dormir si la casa ya no existe.
“Que se declare zona catastrófica no es un capricho, es la única forma de que todos tengamos las mismas oportunidades de levantarnos. Pero, ¿cuándo podremos hacerlo?”, se pregunta José Manuel, el ganadero de Laciana.
Ese desajuste -entre la lentitud administrativa y la urgencia vital de los damnificados- impide que quienes no tenían seguro puedan respirar aliviados. “Mientras algunos conseguirán rehacerse, otros se hundirán en la ruina”, sentencia José Manuel.
La declaración de zona catastrófica debería ser una cuestión de justicia social. Reconocer que el fuego no distingue entre asegurados y no asegurados, entre quienes tenían pólizas completas y quienes confiaban en la suerte. Debería ser la posibilidad real de reconstruir.
Las cenizas como punto de partida
Cuando cae la tarde en los pueblos arrasados, el silencio pesa. Las conversaciones giran en torno a lo perdido, pero también a lo que vendrá. Los vecinos saben que la recuperación será larga y difícil, y esperan que aseguradoras y consorcio respondan con rapidez, para coger el oxígeno financiero y social que necesitan para volver a empezar. Porque lo que está en juego es la posibilidad de que comunidades enteras puedan volver a escribir su historia sobre la tierra calcinada. Y el tiempo aprieta.
a única manera de que todos tengamos las mismas oportunidades de levantarnos”, sentencia José Manuel, el ganadero de Laciana.