David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, espera en su residencia portuguesa de Elvas la decisión final de la Audiencia Provincial de Extremadura sobre su procesamiento que, según fuentes consultadas por Artículo14, “llegará en otoño”. Tanto la Fiscalía como el abogado de David Sánchez recurrieron el auto de apertura de procedimiento abreviado de la jueza instructora Beatriz Biedma, que dio por terminadas sus pesquisas al considerar que había recabado indicios suficientes para pensar que obtuvo un puesto en la Diputación de Badajoz por la intermediación que obtuvo de diferentes cargos socialistas gracias, precisamente, a ser el hermano de Pedro Sánchez.
“Se permitió que accediesen a los puestos de trabajo personas cuya elección no era el resultado de un proceso selectivo justo y transparente, llevado a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales. De esta forma, se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, con independencia de su parentesco o amistad con otra persona”, reza al auto.
Además, Biedma considera que tienen que ser procesados todos los cargos que contribuyeron a otorgar la plaza a David Sánchez entre los que están el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y otros ocho cargos de la Diputación.
Sin embargo, para el ministerio público, Biedma se basó en “conjeturas” y sostienen que no se puede concluir que el puesto se creó ex profeso para David Sánchez. Creen que la convocatoria de la plaza cumplió con los trámites ordinarios porque no ha quedado acreditado que ninguno de los procesados conociera al hermano del presidente del Gobierno con anterioridad a su contratación en 2016. “Y, mucho menos, que fueran conscientes de su voluntad de incorporarse profesionalmente a la Diputación Provincial de Badajoz o, por supuesto, de que este u otras personas de su entorno hubieran contactado con cualquiera de las autoridades o funcionarios encausados”.
Además, desde el ministerio público recuerdan que, en ese momento, Gallardo apoyó la candidatura de Susana Díaz en las primarias del PSOE, siendo contrincante político del hermano al que en teoría ayudó con un enchufe.
El abogado de David Sánchez también respondió a la jueza con más sarcasmo: “¿Qué tendría que haber hecho David Sánchez Pérez-Castejón para acceder a la función pública en el Reino de España, sin que fuera controvertida su toma de posesión y poder ganarse la vida?”, se preguntaba en el escrito. Y se contestaba: “Muy sencillo, sentarse delante del mapa de este país y fijar, tras un proceso de descarte, qué municipio no ha visitado su hermano en condición de secretario general del PSOE”.
El letrado basa su argumentario en los motivos que la Fiscalía y tilda la decisión de la jueza de “mezcolanza desconcertante”, “motivación irracional” y “sesgo hipotético”.
Por su parte, las acusaciones populares representadas por Manos Limpias, Vox, Hazte Oír, Iustita Europa y PP han redactado ya sus escritos de acusación para que Biedma pueda abrir juicio oral rápidamente si la Audiencia le da la razón y le permite seguir adelante. Algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de la instrucción. Piden tres años para el hermano de Sánchez por tráfico de influencias, una multa diaria de 180 euros durante seis meses por haber aceptado un cargo público que no le correspondía y la inhabilitación.
Las acusaciones arguyen que David Sánchez sabía que el puesto se había creado para él y se presentó a la convocatoria “a conciencia de que las entrevistas al resto de candidatos eran un mero paripé”. Y señalan que para más inri: “No desempeñó su puesto de trabajo, no trabajando habitualmente”.
Sánchez no se muda a Japón
A principios de verano, algunos medios de comunicación apuntaron a una inminente mudanza a Japón del hermano de Pedro Sánchez. Las acusaciones populares se apresuraron en pedir a Biedma más medidas cautelares contra el hermano del presidente del Gobierno por ese riesgo de fuga. Sin embargo, su abogado aclaró que no tenía en sus planes mudarse y que seguía manteniendo su residencia en Elvas por lo que la jueza descartó retirarle el pasaporte.
Otro de los asuntos polémicos de este caso es el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE extremeño. Quiso obtener el acta de diputado en el parlamento extremeño para que así lo tuviera que juzgar el Tribunal Superior de Justicia y no un juzgado ordinario. Eso hubiera implicado que todo el caso y a todos los investigados los asumiera este tribunal arrebatando la instrucción a Biedma. Sin embargo, la estrategia no funcionó. El TSJ tildó este aforamiento de “fraude de ley” y de maniobra “torticera” para evitar ser procesado por la magistrada Biedma.