El movimiento parecía destinado a cerrar una vieja reivindicación de las Fuerzas Armadas, pero ha abierto otra grieta. Defensa ha iniciado los trámites para que la carrera militar sea reconocida como profesión de riesgo, un paso de gran carga simbólica y práctica porque permitiría aplicar coeficientes reductores para anticipar la jubilación sin penalización.
Sin embargo, el anuncio ha llegado acompañado de una fuerte polémica interna: el reconocimiento no alcanzaría a todos los militares, sino solo a quienes están adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, es decir, en términos generales, a los incorporados a partir del 1 de enero de 2011.
Ese matiz cambia por completo la lectura política de la decisión. Lo que en apariencia era un avance histórico se ha convertido, para buena parte del colectivo, en un reconocimiento a medias. Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han pedido cautela y han advertido de que la medida, tal y como se les trasladó, excluiría a aproximadamente la mitad de los militares. Su crítica no va solo contra el alcance limitado del anuncio, sino contra la lógica que lo sostiene: dos militares que hacen el mismo trabajo, asumen los mismos riesgos y pueden compartir misión o despliegue tendrían, en cambio, consecuencias muy distintas en su retiro.
El origen del problema está en 2011
La clave técnica del conflicto está en la dualidad de regímenes que conviven en las Fuerzas Armadas desde 2011. Ese año, los nuevos empleados públicos dejaron de incorporarse al sistema de Clases Pasivas y pasaron al Régimen General de la Seguridad Social. Desde entonces, dentro del estamento militar coexisten dos marcos distintos de protección social y jubilación. Esa fractura, que llevaba años siendo un asunto administrativo de fondo, amenaza ahora con traducirse también en el reconocimiento de la profesión de riesgo.
El problema para Defensa es que el procedimiento que hoy existe para anticipar la jubilación en actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres está diseñado precisamente dentro del sistema de Seguridad Social. El Gobierno aprobó en 2025 un nuevo procedimiento para establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación en este tipo de actividades. Y ese marco normativo resulta más directo para quienes ya están en ese régimen.
Ahí está la explicación práctica de por qué el Ministerio habría empezado por ese grupo. Pero que sea más sencillo administrativamente no significa que resulte fácil de defender políticamente dentro de los cuarteles.
Las asociaciones denuncian un reconocimiento “a medias”
La reacción de las asociaciones más representativas ha sido muy clara. ASFASPRO, AUME y UMT han admitido que la apertura del procedimiento supone un paso, pero subrayan que se queda corto si deja fuera a una parte tan amplia del personal militar. En su comunicado conjunto reclaman un reconocimiento “integral y sin complejos” de la profesión militar como actividad de riesgo, y sostienen que excluir a quienes pertenecen a Clases Pasivas no solo es injusto, sino potencialmente desestabilizador para la cohesión interna de las Fuerzas Armadas.
El argumento central de las asociaciones es difícil de desmontar desde el punto de vista operativo. Un militar desplegado en Líbano, Irak o cualquier otra misión exterior no corre más o menos peligro en función de su régimen de cotización. Tampoco lo hace quien participa en maniobras, operaciones de vigilancia o tareas de alta exigencia física dentro del territorio nacional. La naturaleza del servicio es la misma. Por eso, la idea de que unos puedan beneficiarse de la futura consideración como profesión de riesgo y otros no, pese a compartir funciones, alimenta una sensación de agravio que ya circula con fuerza en el colectivo.
Qué puede pasar a partir de ahora
Por ahora, el reconocimiento no está aprobado de forma definitiva. Lo que existe es el inicio del procedimiento, que todavía debe recorrer un itinerario técnico y político complejo antes de cristalizar en una norma. El proceso exige informes, evaluación de condiciones y un desarrollo reglamentario posterior. En paralelo, las asociaciones piden fórmulas para evitar la exclusión del personal de Clases Pasivas, ya sea mediante una pasarela voluntaria al otro régimen o a través de compensaciones específicas que corrijan la desigualdad de partida.
Ahí se juega de verdad la credibilidad de Defensa en este asunto. Si el Ministerio se limita a impulsar el reconocimiento para una parte del colectivo, podrá presentar el anuncio como un primer avance, pero también se arriesga a agrandar el malestar entre quienes llevan más años de servicio y quedarían fuera. Y no es un detalle menor: en un momento en el que las Fuerzas Armadas arrastran problemas de reclutamiento, envejecimiento de plantillas y condiciones profesionales discutidas desde hace años, una decisión percibida como desigual puede tener más coste político del esperado.