¿Derecho a la eutanasia?

El caso de Noelia obliga a abordar la eutanasia sin ambigüedades, también desde la psicología. En este sentido, hay una idea central que no debería diluirse: negar su decisión supone, en la práctica, cuestionar su autonomía como sujeto competente.

Desde la evidencia psicológica, no toda voluntad de morir es equivalente. Existe una diferencia clara entre decisiones impulsivas o tomadas desde la más absoluta desesperanza y aquellas que se sostienen en el tiempo, han sido evaluadas y se formulan de manera consistente. En este caso hablamos de una persona que ha atravesado un proceso largo, supervisado y garantista. Insistir en invalidar su decisión no es prudencia clínica: es paternalismo.

También conviene señalar que obligar a vivir en condiciones percibidas como intolerables no es una posición neutral. Desde la psicología, esto puede agravar el sufrimiento, intensificar la sensación de pérdida de control y generar un daño añadido. Defender la vida “a toda costa” sin atender a la vivencia subjetiva de la persona puede convertirse, paradójicamente, en una forma de violencia institucional.

La legislación española es clara al respecto: reconoce el derecho a la eutanasia cuando existe un sufrimiento intolerable, sea físico o psíquico, y cuando la decisión es libre e informada. No es una laguna legal ni un caso límite fuera de norma; es precisamente el tipo de situación que la ley contempla.

Por todo ello, el caso de Noelia no debería plantearse como una excepción problemática, sino como un ejemplo de coherencia entre el marco legal y una comprensión rigurosa del sufrimiento humano. La cuestión de fondo no es si la sociedad está cómoda con su decisión, sino si está dispuesta a respetarla.

Hoy, mientras España sigue su curso inercial de viernes, a una mujer de 25 años le han quitado la vida con el permiso, el sello y la bendición del Estado. Se llamaba Noelia Castillo Ramos. Tenía la edad en la que uno debería estar descubriendo que el mundo es ancho, aunque sea ajeno; la edad de los primeros trabajos precarios, de los amores que parecen definitivos y se quedan en anécdota, de las cañas compartidas bajo el primer sol de marzo. Pero Noelia ya no irá a una terraza ni se peleará con el despertador. Noelia ha pasado a engrosar la estadística de lo que algunos llaman “progreso” y otros, con el corazón encogido, no podemos llamar más que derrota.

Escribo esto desde la amargura de quien siente que nos están vendiendo un desierto y nos dicen que es libertad. El caso de Noelia es el espejo roto de una España que ha decidido que, ante el dolor que desgarra por dentro y el límite físico que parece encadenar por fuera, la solución más “compasiva” es el exterminio del sufriente. Nos dicen que ha ejercido un derecho, pero hay que tener el valor de llamarlo por su nombre: es un asesinato legitimado por la burocracia, envuelto en el celofán de la autonomía personal para que no nos salpique la conciencia.

Resulta demoledor observar cómo el sistema ha desplazado a la familia, esa última trinchera de lo humano, para imponer su fría lógica procedimental. En lugar de potenciar la red de afectos que sostiene la vida en la oscuridad, la administración ha usurpado esa competencia sagrada, convirtiéndose en gestora de un final prematuro. En este proceso se ha aceptado que el sufrimiento de Noelia era “insoportable” atendiendo únicamente a su percepción subjetiva, como si la labor del médico se limitara a certificar deseos y no a evaluar si ese dolor podía ser paliado o si esa desesperación era el síntoma de una herida del alma que pedía auxilio.

Me contaba mi abuela que antes la gente se moría en sus camas, rodeada de los suyos, cuando la vela se apagaba sola. Había un respeto por el tiempo de la vida, incluso por el tiempo del dolor. Ahora la vela se sopla por protocolo en una habitación aséptica. Nuestra época, soberbia y huérfana de vínculos, ha decidido que el individuo es una isla. Es la perversión del individualismo: te dejamos solo en tu abismo y, cuando pides el final, te damos la razón en lugar de darte la mano.

Haberle dicho a Noelia que su petición era un derecho fue confirmarle que su vida valía menos porque sufría. Es una claudicación moral absoluta que nos retrata como un país que ha perdido el sentido de la trascendencia. Al consumar este acto lanzamos un mensaje devastador: es el Estado diciendo que hay vidas que no merecen el esfuerzo de ser sostenidas. Es una traición al juramento hipocrático y una bofetada a quienes luchan cada día por seguir. Hemos pasado de cuidarnos en los patios a despachar la vulnerabilidad en el Boletín Oficial del Estado.

Noelia debería haber tenido a su disposición un batallón de médicos, psicólogos, amigos y vecinos empeñados en demostrarle que su presencia es necesaria, que su vida tenía un valor infinito, porque la vida merece la pena siempre.

Hoy hemos perdido todos. Ha perdido Noelia, cuya juventud se ha apagado por decreto; ha perdido la medicina y hemos perdido nosotros, una sociedad que prefiere eliminar al sufriente antes que cargar con el sufrimiento. Que la tierra le sea leve y que se nos perdone la falta de valor para haberla retenido.