Algo estamos haciendo mal a tenor de lo que recoge el último informe del ministerio del Interior sobre los delitos contra la libertad sexual. El documento pone literalmente los pelos de punta. Durante el pasado año todos los días , 53 mujeres denunciaron en España que habían sufrido un delito sexual. Esto es más de dos denuncias cada hora. Seis niñas menores de 13 años son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Las violaciones se cometen contra mujeres de cualquier edad y cada 24 horas son detenidos nueve hombres por violación. Desde hace un par de años los menores suponen casi uno de cada 10 delincuentes sexuales y la mayoría de las víctimas son mujeres, cuatro de cada diez son menores de edad. En cuanto a las víctimas el 73% son de nacionalidad española y el resto extranjeras. Es una proporción parecida a la de los autores materiales porque el 61% de las personas detenidas son españolas y el resto extranjeras.
La mayoría de los delitos conocidos se perpetran en verano, casi la mitad se cometieron en viviendas y por provincias Barcelona y Madrid son de nuevo las comunidades donde se concentran más delitos en números globales. ¿Ponen o no ponen los pelos de punta los datos?
En total se produjeron 22.846, un 66% más que en 2018, cuando comenzó a publicarse este balance anual. Cada año esta estadística refleja patrones y una tendencia al alza en la que nunca se va a poder saber si lo que aumenta es la violencia en si, las denuncias, ambas cuestiones o en qué proporción lo hace casa una. La Agencia Europea de Derechos fundamentales de la Unión Europea señaló el año pasado que solo el 13,9% de las víctimas denuncian. Y eso que el número de denunciantes ha subido por todas las campañas de sensibilización que se están haciendo y porque los medios de comunicación contamos los asesinatos a pesar que muchos creen que los asesinos copian los asesinatos que ven en la televisión. Yo particularmente creo que hay que sensibilizar a la población a pesar del riesgo efecto dominó principalmente porque seguimos padeciendo un nivel intolerable de violencia machista que obliga a que las autoridades se vuelvan a plantear todas las políticas destinadas a erradicarla.
Lo que refleja esta tendencia al alza es que la violencia machista sigue enquistada en la sociedad y las medidas para eliminarlas no resultan de todo eficaces. Ese carácter estructural exige probablemente políticas más audaces y orientadas a la prevención. El dato de que casi 9.400 víctimas eran menores de edad de ambos sexos (el 41% del total) es particularmente preocupante igual que el dato de que de los casi 14.000 detenidos e investigados, 1.200, en su inmensa mayoría varones, eran también menores. Nadie puede dudar de que es necesaria una educación sexual y afectiva que incida primero en el conocimiento del propio cuerpo y segundo en el respeto del otro. La violencia sexual supone una vulneración de los derechos humanos. Conseguir que desaparezca del todo exige cambios sociales y culturales profundos que llevarán tiempo y que comienzan con que nos replanteemos la identidad masculina probablemente en los centros de estudio y desde una edad muy temprana.
La pregunta es muy pertinente ¿Qué estamos haciendo mal? ¿qué está fallando? Hay muchos factores y uno de ellos está muy relacionado con que tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual las víctimas de violencia sexual siguen encontrándose con obstáculos a la hora de recibir una atención integral y especializada. Mucho de esto tiene que ver porque los centros de crisis de 24 horas no terminan de arrancar y es un recurso que debe jugar un papel fundamental en su acompañamiento. No se han dado a conocer de manera generalizada y por tanto muchas mujeres se encuentran perdidas cuando sufren este tipo de violencia. Tampoco se garantiza la atención presencial los siete días de la semana ni tampoco la atención telefónica online por personal especializado. Y tampoco hay suficientes recursos para cubrir a las posibles víctimas teniendo en cuenta además que las barreras son mayores para mujeres migrantes , trabajadoras sexuales, de etnia gitana o con discapacidad.
Otro de los puntos que necesita explicaciones y revisión urgente es el de las pulseras telemáticas para controlar a los maltratadores después de conocerse que miles de mujeres han estado desprotegidas durante meses por fallos técnicos en este tipo de dispositivos que evitan asesinatos. Hoy sabemos que el ministerio de Igualdad pidió 45 millones a Europa en concepto de fondos europeos para fabricar pulseras “ad hoc” y que luego se confirmó con unos “low cost” importadas del país asiático y modificadas. Es decir Igualdad prefirió recortar en esta partida e invertir el dinero en otras cosas comprando unos dispositivos “básicos, estándar” ya producidos en China que luego han resultado un desastre y que han dado cantidad de problemas a la Fiscalía que ha puesto el grito en el cielo por sus múltiples fallos.
La otra derivada de esta lacra pasa por los protocolos antiacoso que tienen los partidos políticos de puertas para adentro. El caso de Paco Salazar y la respuesta fallida por parte del PSOE vuelve a poner en duda la diligencia de los partidos frente a situaciones internas de machismo o abuso. Hace seis meses al menos dos mujeres denunciaron por las vías internas del partido a Salazar por presunto acoso sexual y laboral. Durante cinco meses el PSOE no ha tramitado estas denuncias por falta de diligencia ni tampoco se les ha ofrecido ayuda. Este caso no es el único ejemplo que ha puesto en tela de juicio la efectividad de los protocolos y la diligencia de los partidos frente al machismo. A finales de febrero supimos por parte de Podemos de que habían recibido el testimonio de dos mujeres que denunciaban comportamientos machistas del expolítico.
La Universidad Complutense, donde es profesor, mantiene abierta una investigación tras otra denuncia de una alumna. En el Partido Popular ha sobrevolado el caso de dos mujeres que afirman haber vivido situaciones de abuso por parte del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. A esta hora Landaluce ya no es militante del PP pero sigue siendo alcalde. Lo último tiene que ver con Sumar y con Vox. La fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra Iñigo Errejón después de la actriz Elisa Mouliaá le denunciase ante la Policía Nacional por lo que ella relató como tres situaciones de acoso sexual. En este caso también tanto Sumar como Mas Madrid han reconocido que sus protocolos de prevención y protección de víctimas de acoso han fallado. Respecto a Vox, el jefe de Redes de la formación de Abascal ha sido denunciado por acosar sexualmente a un militante cuando tenía 16 años.
El gobierno tiene que coger al toro por los cuernos y ser implacable con estos agresores y todos los partidos políticos tienen que actuar de forma categórica reformando sus protocolos y no sirviendo de paraguas contra estos abusadores. Peor que el agresor es el que le sigue proporcionando toda una estructura de poder que les hace sobrevivir en el fango. Por si alguien se ha olvidado del dato: 47 mujeres han sido asesinadas en España en lo que vamos de año.