La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado que el juez Juan Carlos Peinado investigue a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora Cristina Álvarez por presunta malversación. En un auto los magistrados desestiman el recurso de ambas investigadas contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de llamarlas a declarar por ese delito.
La Audiencia de Madrid señala que las conductas que trata el juez de instrucción en el auto recurrido “parecen encajar en la figura delictiva de la malversación”.
“En la causa constan indicios del posible exceso en sus funciones de la asistente de la recurrente”, indica, “sin que por el momento se pueda llegar a ninguna conclusión relativa a la continuación por los trámites de la fase intermedia o el sobreseimiento de la causa, en cuanto que la instrucción sigue viva”.
Los magistrados añaden que “probablemente la actividad de Álvarez podría desarrollarse durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, lo que desde luego parece excesivo, más propio de una amiga interesada en los asuntos lucrativos de la ahora recurrente, que en la fría labor de la encargada de la agenda y demás asuntos protocolarios”.
Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de su asesora en Moncloa.
Posible extralimitación
Tras recordar, como en anteriores ocasiones, que nada objetan respecto del nombramiento de una asistente para la esposa del presidente del Gobierno ni dudan del procedimiento de contratación, sí que insisten en “la posible extralimitación en sus funciones, tendente a favorecer el presunto plan delictivo de la principal investigada, Gómez”.
Para ellos “resulta dudoso” y puede ser un indicio de malversación que el nombramiento de Álvarez como asesora “haya recaído en una amiga íntima de Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza”.
“No para que dirigiese sus pasos por un complicado mundo de formalidades, de ceremonias y actos oficiales, sino para asegurarse del fiel cumplimiento del fin supuestamente propuesto, atendiendo a sus intereses particulares, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público, lo que supondría un acto dispositivo que se podría incardinar en el tipo penal de malversación”, ahonda.
Los magistrados precisan que tampoco es objeto de la investigación el cumplimiento que desempeña en su trabajo la asesora. “Sino todo lo contrario, determinar la desviación de sus funciones en el interés particular de ambas investigadas, entendiéndolo no en el desarrollo de una actividad privada, sino en aquella que sirve para montar un entramado de beneficios personales”, puntualizan.
El quinto delito imputado
Fue el pasado 18 de agosto cuando el juez Peinado acordó imputar a la esposa de Pedro Sánchez y a Álvarez por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación de la asesora en Moncloa.
Para justificar la imputación, el juez incluyó un extracto de un auto de la Audiencia Provincial que señalaba que “otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento”.
Ello, para la Audiencia Provincial, “podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”.
“Es, por tanto, procedente citar en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos a Cristina Álvarez y a Begoña Gómez”, concluye ahora Peinado.
La imputación por malversación supuso para la esposa de Sánchez el quinto delito por el que la investiga el juez Peinado, que también le atribuye tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
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